Lidia Guerrero y su abogado, Juan Carlos Vega, reclamaron el lunes pasado al canciller Jorge Faurie que exija a EE.UU la liberación de Víctor Saldaño, el argentino condenado a muerte, que se encuentra detenido desde hace 24 años en una prisión de Texas, en base a un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Guerrero es la madre de Saldaño. Junto con Vega, firman una nota enviada por e-mail al jefe de la diplomacia argentina, el pasado lunes. Allí le reiteran la solicitud de audiencia y demanda la acción del gobierno argentino en base al Informe de Fondo 76/16 que condena a Estados Unidos por múltiples violaciones a los Derechos Humanos, y declara nulas las dos condenas porque considera que los fallos contra Saldaño estuvieron viciados de racismo. Esto es, que a Saldaño lo condenaron, en lo sustancial, por ser latino.
La cuestión es crucial, porque la Justicia estadounidense desestimó todas las instancias judiciales internas y ratificó la ejecución del argentino en el mes de noviembre próximo. La única posibilidad de salvar la vida de Saldaño pasa porque Estados Unidos acepte la condena de la CIDH.
Saldaño tiene 46 años, 24 de los cuales ha estado encarcelado, la mayor parte en el llamado «Corredor de la Muerte», a la espera de su ejecución, por lo que su estado psicológico es grave. El argentino fue acusado del asesinato del comerciante estadounidense Paul Ray King en 1995, dos veces condenado a muerte, y dos veces anuladas esas sentencias por la CIDH, por las concepciones racistas de la Justicia estadounidense.
“Queremos contar con el apoyo de la Cancillería Argentina frente a la inminencia de la Ilegal ejecución de Victor Saldaño en los EE.UU.”, señalan en el primer parrafo de la carta enviada a Faurie.
El Papa Francisco con Juan Carlos Vega y Lidia Guerrero, la madre de Saldaño.
“Del mismo modo que lo hizo el Papa Francisco y el Departamento de Estado del Vaticano, mediante dos audiencias privadas y dos Notas Verbales Firmadas por el Secretario de Estado. Del mismo modo que lo hizo la Comisión Interamericana de Derechos HUmanos (CIDH) mediante Resolución 76/16 y nota dirigida a Mike Pompeo (secretario de Estado de EE.UU) el 11 de diciembre del 2018. Con ese compromiso queremos que actué la Cancillería Argentina”, reclaman Vega y Guerrero.
“Exija a los EE.UU. cumplir con la Resolución 76/16 de la CIDH que tiene valor jurídico vinculante y libere de inmediato a Victor Saldaño y repare a las victimas por 22 años en tortura en base a sentencias judiciales declaradas nulas por puro racismo”, plantea la carta más adelante.
Luego solicictan que “produzca un Informe sobre la Verdad del Caso Saldaño en base a los antecedentes que obran en su poder en el Consulado de Houston, en el Caso Saldaño, en la Misión Argentina ante la OEA y en la Dirección de Contenciosos Internacionales. En esos Cuatro lugares la Cancillería Argentina tiene toda la Verdad Histórica Jurídica y Política de este caso”.
El cordobés Víctor Saldaño.
Explican que “este Informe que pedimos es una exigencia legal para un país que tiene a los Derechos Humanos con rango Constitucional y único país en América que ha juzgado con la ley al Terrorismo de Estado. Pero además, este Informe de la Verdad del Caso Saldaño es también una obligación legal de la Cancillería para proteger a los ciudadanos argentinos y para que sepan y se resguarden frente al racismo que impera en el Sistema Judicial Americano”.
Agregan que “este Informe de la Verdad del Caso Saldaño es una obligación legal y ética de la Cancillería Argentina porque el caso Saldaño, tal como lo ha manifestado el Papa Francisco, es un caso testigo en el orden internacional donde hemos podido probar la Discriminación por Raza, Nacionalidad y Religiones que constituye el flagelo más grande en el Siglo XXI”.
Y precisan que “estas medidas que estamos pidiendo a la Cancillería desde hace más de un año no son facultativas del señor Canciller, son obligaciones del Estado Argentino por imperio del Articulo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos”.
Plantean que “las victimas tenemos derechos. Esta lucha de 20 años fue en absoluta soledad y haremos lo que sea necesario en términos legales para terminar con esta tragedia racista del Caso Saldaño”; señalan que “el hecho de que los EE.UU sean el país más poderoso del mundo no es una razón para le República Argentina permanezca en silencio frente a la tortura de un argentino basado en un ilegal sentencia declarada como tal”; y finalizan diciendo que “la razón política no puede prevalecer en un país como la Argentina frente a los Derechos Humanos y ante la Ley Internacional”.
