La Justicia Federal de Río Cuarto rechazó una acción de amparo que presentó la Sociedad Rural de Río Cuarto, erclamando que se declarase anticonstitucional e ilegítimo el cobro de retenciones para exportaciones de productos agropecuarios.
Carlos Arturo Ochoa, titular del Juzgado Federal de Río Cuarto, fue quien dispuso rechazar la solicitud de la entidad agraria, al considerar que no estaban presentes los requisitos para tramitar el caso como proceso colectivo, ya que la Sociedad Rural de Río Cuarto no cuenta con legitimación para sustentar el reclamo judicial.
La entidad ruralista local solicitaba la declaración de inconstitucionalidad e ilegitimidad del cobro de derechos de exportación a los productos agropecuarios a partir del 1 de enero del 2022.
Cuestionaba la entidad rural que, desde el 1 de enero pasado, las retenciones ya no son aplicables por no haberse extendido la ley vinculada con la emergencia económica de 2019 que el Gobierno buscaba extender con el Presupuesto 2022, una norma que no se aprobó.
En tanto, la Sociedad Rural Argentina (SRA) señaló que el reclamo iniciado a través de la Sociedad Rural de Jesús María sigue vigente: “Nos vemos en la obligación de aclarar que el amparo judicial que presentó la Sociedad Rural Argentina junto con la SR de Jesús María, no tuvo ninguna noticia en las últimas horas y sigue vigente el proceso judicial por la ilegalidad e inconstitucionalidad de las retenciones”.
PROYECTO DE HACEMOS POR CÓRDOBA
En el plano legislativo, el bloque de diputados de Córdoba Federal presentó un proyecto de ley para reducir gradualmente las retenciones agropecuarios, en la que proponen ir bajando entre tres y cuatro puntos porcentuales por año.
La iniciativa, redactada por el diputado Carlos Gutiérrez y que tiene el respaldo de sus compañeros de bloque Natalia De la Sota e Ignacio García Aresca, tiene “como propósito contribuir al desarrollo del federalismo productivo, disminuir la presión tributaria, brindar certidumbre a las actividades de exportación y establecer incentivos efectivos para la formalización de la economía”.
El proyecto fija una reducción de 3 puntos porcentuales por año en las alícuotas de derechos de exportación de las mercaderías comprendidas en todas las posiciones arancelarias del Mercosur, excepto para los productos del complejo sojero donde la disminución sería de cuatro puntos. En el caso de la soja, las retenciones en la actualidad son del 33%.
—
