Jorge Quinteros y Marcela Papini. Él, retirado; ella, paciente oncológica. La Policía les ofrece pagarles la mitad de lo que les debe. Foto Gentileza.
Cincuenta meses. O cuatro años y un poco más es el tiempo mínimo que deben aguardar los policías que actualmente están siendo pasados a retiro, si es que aspiran a cobrar la totalidad de sus licencias adeudadas, lo cual debería formar parte de sus liquidaciones finales al dejar la actividad.
Por esa razón, lo que fue concebido para que conforme un premio o reconocimiento a varias décadas de prestar servicio a la comunidad, se ha convertido en el inicio de un largo peregrinar que deben recorrer los uniformados para poder cobrar esos haberes que les corresponden.
Sin embargo, esto sucede sólo en el caso de que el efectivo pasado a retiro tenga la aspiración de cobrar la totalidad de lo que le corresponde. Ya que si está dispuesto a resignar la mitad de sus derechos, ahí sí, el Departamento de Recursos Humanos le extiende, generoso, seis u ocho cheques mensuales cancelatorios de la deuda, previo haber firmado el trabajador una declaración en la que resigna sus derechos que por ley le corresponden.
CARTA AL JEFE
“Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos de presentar a su consideración una propuesta a los fines de que se me abone lo adeudado en concepto de actualización y/o intereses”. Con ese párrafo comienza la nota que mansamente (o con total resignación) varios efectivos pasados a retiro han debido firmar y entregar en la Jefatura Policial, con el objetivo de poder cobrar al menos parte de lo que les corresponde. “En este sentido -continúan las cartas-, la proposición consiste en efectuar una quita del 50 por ciento al monto total adeudado y actualizado a la fecha, el que se abonaría en un máximo de hasta seis cuotas mensuales, iguales y consecutivas”.
Una de las cartas enviadas al Jefe de Policía a fines de junio de este año.
La nota continúa detallando el monto exacto que el asalariado se aviene a cobrar, algo que es completado a lapicera y sobre dos líneas dejadas en blanco. Y luego detalla que en caso de ser aceptada la propuesta formulada, el que suscribe la nota “nada más tendrá para reclamar en concepto de diferencia, gastos o intereses devengados, dejando sin efecto todas y cada una de las acciones administrativas y/o judiciales que hubiere interpuesto”.
Naturalmente, tales cartas no han sido escritas ni por los trabajadores ni por sus abogados ni por el sindicato que de algún modo los representa y asesora. “Se tienen que presentar en la Jefatura y les dan una nota previamente escrita en la cual completan su nombre con lapicera y el monto que les dicen que les van a pagar”, detalla Enrique Lencinas, secretario de Organización de la Unión de Policías y Penitenciarios Argentina Córdoba (UPPAC).
Para este sindicato en formación, tal maniobra de la Jefatura “configura una estafa, porque se valen de la propia mora de cuatro años en la que ellos están incurriendo para presionar al personal en estado de necesidad económica a que renuncie a sus propios derechos”, manifestó.
En general se trata de montos que van de los 120 mil a los 300 mil pesos, en su mayoría resarcitorios de vacaciones o licencias no gozadas. En muchos casos, esas licencias corresponden a un beneficio que por ley les corresponde a los uniformados cuando cumplen 20 años de actividad (les dan tres meses de licencia paga).
No es caprichosa la Ley Orgánica Policial al contemplar este beneficio para los uniformados que cumplieron dos décadas de servicio. El objetivo, es retribuir de algún modo el ejercicio de una profesión que en muchos casos es desgastante para la salud psicofísica del trabajador. Sin embargo, en la práctica son muy pocos los casos en los que los efectivos se toman estas licencias, no por falta de voluntad sino porque la propia superioridad se los impide.
“Yo me retiré hace tres años y medio y recién ahora me lo van a estar pagando con este arreglo”, le detalló a este medio el policía retirado Jorge Zabala, al ser consultado por una de las notas a la que hemos tenido acceso. En su caso, la reducción no fue similar a las de sus otros camaradas, pero debió aceptar el pago en ocho cuotas mensuales. “Yo acepté porque tengo que solucionar un tema con la casa y me hace falta la plata”, señaló.
Otro caso documentado por este medio es el de José Alberto Torrazo, cuyo arreglo fue por el 50%, resignándose a cobrar $ 61.848, de los 122 mil que le adeudaban. Se suma a ello el caso de Miguel Angel Arakelian, quien renunció a la mitad de la compensación que le correspondía por ley, para cobrar $63.254 pesos en seis cuotas.
Desde el viernes último, ENREDACCIÓN ha intentado comunicarse con el Director de Recursos Humanos de la Policía de Córdoba, comisario general Marcelo Altamirano. Pese a los intentos, las sucesivas llamadas a su oficina, al área de Prensa de la Policía, y al celular corporativo del jerárquico policial y a los mensajes de audio y de texto dejados en el mismo, ninguno de los contactos han sido respondidos.
“NO VOY A RENUNCIAR A MIS DERECHOS”
Quien sí respondió fue Jorge Quinteros, sargento primero, quien luego de dos décadas de servicio, fue pasado a retiro (contra su voluntad) el primero de abril de 2016, por desavenencias con el jefe de la Departamental Sur, Martín Ladrón de Guevara (a su vez desplazado de esa función en enero de este año por una causa de peculado).
Quinteros vive junto a su mujer, también policía, en la ciudad de General Roca, departamento Marcos Juárez, al sureste de la provincia.
En el mismo mes de abril, es decir, hace 15 meses, el policía retirado inició los trámites para el cobro de los tres meses de licencias pendientes que no se había tomado durante su actividad, producto del beneficio otorgado al cumplir los 20 años de servicio. “No es que no me haya tomado esa licencia cuando correspondía, sino que sistemáticamente te son denegadas cuando estás en actividad”, le confirmó a ENREDACCIÓN.
Recién el 21 de octubre de 2106 logró que el Departamento de Finanzas le cuantificara el monto adeudado por esos tres meses de licencias no gozadas: 81.358,35. “El dinero sería muy necesario para mi familia, porque mi mujer está atravesando un cáncer de mama y estamos viajando dos veces por semana a Córdoba para hacer la quimioterapia”, se lamentaba Quinteros.
En la expectativa de hacerse de esos fondos, presentó un pedido de pronto despacho ese mismo mes, solicitando la liquidación del monto.
La respuesta tardaría siete meses en llegar y sería decepcionante. Una nota del Departamento de Administración de Personal sepultaba sus aspiraciones de que ese dinero que le correspondía por ley le asistiera para poder cubrir los costos del trajín oncológico de su familia. Si bien, por un lado le reconocían el derecho al cobro del monto señalado, le advertían que su trámite se encontraba “pendiente de carga en el Sistema People Net, dada la imposibilidad de diligenciar todos los trámites pendientes, en virtud del cupo de 500 mil pesos” impuesto para el pago de este beneficio.
Ese estrecho cupo obliga a que los expedientes se vayan “cargando conforme a su mayor antigüedad, hasta cubrir ese monto”, señala la nota, para finalmente detallar lo más sustancial: “Cabe aclarar que actualmente, los trámites pendientes de procesar por los conceptos de licencias adeudadas, bonificación por retiro y actualizaciones, registran una antigüedad desde marzo de 2013 a la fecha”. La nota lleva la firma del comisario inspector Carlos Caminos, jefe del Departamento de Administración de Personal.
Pasando en limpio: le reconocen la deuda, le avisan que el cupo de pagos es bajísimo, le notifican que va a la larga cola de espera, y para que no se le ocurra impacientarse, lo ponen al tanto que recién están saliendo expedientes de cuatro años atrás.
Ante esta denegatoria, Quinteros formuló un pedido de reconsideración, habida cuenta de la situación de su esposa, Marcela Papini, paciente oncológica con tratamiento diario en la Maternidad Nacional de Córdoba. La respuesta fue la misma: haga la cola y espere hasta 2020, en el mejor de los casos.
“Dudosa legalidad”
En el gremio de policías insisten en que estos ofrecimientos son inaceptables, “más allá de que pueden darse casos puntuales de compañeros que necesitan el dinero y está en ellos aceptar el trato”, según apuntó Lencinas.
“Están presionando a los trabajadores para que firmen arreglos denigrantes, bajo la amenaza de que si no lo hacen deberán seguir esperando durante años”, dijo el sindicalista, quien tachó de “absolutamente arbitrarios” a los arreglos que se firmaron al menos hasta el último día del mes de junio.
Los dirigentes de la UPPAC planean llevar el reclamo “tanto a la Jefatura como al Ministerio de Trabajo de la Provincia”, al entender de que se está dando “un abuso de la posición del empleador, en desmedro de los derechos legítimos del empleado y aprovechándose de sus necesidades”, según dijo Lencinas. “No es que vamos a ir en contra de los arreglos que ya han sido firmados, pero creemos que esta situación debe ser analizada a la luz de la ley, y no del oportunismo de estas autoridades”.
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