Cuando los jóvenes de mi generación comenzamos a militar, allá lejos y hace tiempo, tuve la suerte de hacerlo en un partido con una clara identificación de centro izquierda. Con la natural y necesaria utopía que motiva a la militancia me forme en un pensamiento político vinculado con los valores democráticos, entendiendo como básicas, entre otras cuestiones, la austeridad en la gestión, honestidad, compromiso social y teniendo muy en claro que “la educación debía ser la centralidad del poder”. En aquellos años la consigna “innegociable” era “hacer escuelas y no cárceles”. Soñábamos con un país que hoy no existe. No era quimera, no era liviana e inalcanzable utopía. Otros países lo lograron.
Desde 2014 en Países Bajos se han cerrado un total de 23 cárceles. Tienen la tercera tasa más baja de encarcelamiento de Europa: 54,4 presos por cada 100.000 habitantes. Hace años el criminólogo David Downes comprobó que un sistema penitenciario relativamente humano como el neerlandés da mejores resultados que otros aplicados en el viejo continente. Es verdad que a ese criterio carcelario hay que sumarle el bajísimo nivel de desigualdad social de aquellos países.
Pero quiero detenerme en nuestro sistema y más específicamente en nuestra provincia. El Art 18 de la Constitución Nacional, en uno de sus párrafos dice: “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ella”. De su letra y de su espíritu se desprenden dos cuestiones básicas: en primer lugar, entender que la pena aplicada, el castigo, la sanción es la “privación de la libertad”. La segunda cuestión es lograr la “socialización” del prisionero, objetivo de indispensable cumplimiento para que su reinserción social sea exitosa. Evitar la reincidencia es una cuestión de justicia para el liberado y de seguridad pública para la comunidad.
Una política responsable de resocialización se debe enmarcar dentro del presupuesto necesario para brindar condiciones edilicias adecuadas, preparación, profesionalización y jerarquización social de los agentes del servicio penitenciario, el funcionamiento adecuado de las escuelas en los penales, eficiente personal afectado a los servicios interdisciplinarios, y evitar la sobrepoblación, entre muchas otras cosas y por supuesto el indispensable “trato “humanitario” al que refiere Downes. Aspectos vitales para lograr el fiel cumplimiento del precepto constitucional.
El sistema penitenciario en Córdoba y en el País está absolutamente colapsado: superpoblación, estado edilicio deplorable y vida infrahumana intramuros. Un ejemplo: el penal de Río Cuarto construido en 1909 con escasas reformas y pésimo mantenimiento y una población hacinada en extremo. En Marzo de 2018 se publicó un duro informe referido al sistema penitenciario bonaerense compilado por el Juzgado Correccional Nª 2 de La Plata a cargo del Juez Eduardo Eskenazi quien, frente a la presentación de muchísimos habeas corpus en toda la provincia por sobrepoblación y hacinamiento, tanto organismos estatales y no gubernamentales como la Defensoría de Casación, el CELS y la Comisión Provincial por la Memoria no dudaron en afirmar que la provincia de Buenos Aires está ante una crisis humanitaria carcelaria sin precedentes. Y Córdoba no le va en zaga ¿Porque sorprenden los actos de corrupción que saltaron a la luz en Bower y Villa María? Me asusta el nivel de hipocresía. Sabemos que ocurre todo el tiempo y en todas partes. El sistema está contaminado en absoluto.
EL MARGINAL, miniserie argentina de ficción que pretende poner en debate una realidad inocultable no se aleja demasiado del infierno que se vive en las cárceles argentinas. A cinco años del informe mencionado la actividad delictiva crece de manera exponencial y el hacinamiento carcelario es cada vez mayor. En Córdoba en los últimos 23 años se construyó solo un nuevo centro penitenciario. De un total de 9, solo uno funciona como colonia abierta en Monte Cristo (algunos detenidos privilegiados pasan ahí casi todo el tiempo hasta lograr la libertad condicional por buena conducta u “otras razones”. (¿me explico verdad?). Ninguna cárcel federal (los prisioneros por delitos complejos están recluidos en distintas reparticiones dentro de las cárceles provinciales). En las últimas elecciones gubernamentales en Córdoba el tema de la inseguridad ocupo la mayor parte del debate público. Solo un partido, muy tímidamente, prometió solicitar al gobierno nacional la construcción de una cárcel federal en nuestro territorio. Insuficiente por donde se lo analice. Es impostergable duplicar por lo menos la cantidad de los complejos carcelarios en Córdoba para cumplir con el art 18 de la CN. Pero además no solo por una cuestión humanitaria, sino también para garantizar la seguridad del colectivo social al que se incorporaran quienes recuperen su libertad. Si funciona adecuadamente la resocialización estarán en condiciones de integrase con éxito en la comunidad. Un altísimo porcentaje de delitos que se cronican a diario, son cometidos por reincidentes. El sistema está colapsado.
Si hubiéramos tenido educación pública de calidad e inclusiva, y no hubiéramos incrementado de manera alarmante y penosa los niveles de desigualdad, cerraríamos cárceles en lugar de pedir nuevas construcciones, y aunque desde lo discursivo pretenden hacerlos creer que estamos en el mejor de los mundos, sabemos que es relato, pura sanata. Ha pasado el tiempo y el país que soñamos no existe. Hoy con total convicción sostengo que la consigna debe ser: Hacer escuelas y cárceles.
* Griselda Baldata es diputada nacional (MC) y ex presidenta de la Comisión de Seguridad HCDN.
NOTA: Recomiendo la lectura de un interesante trabajo de investigación: Las Cárceles de Córdoba (capitulo II) de Lyllan Luque y Jorge Perano. (Cátedra de Criminología de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC).
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