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El altagraciense Mario Bonfigli era una figura en pleno ascenso en 2005. Tenía proyección dentro de la Unión Cívica Radical, repleta de dinosaurios, y podía romper los límites de su ciudad. Hasta que el 19 de agosto de ese año, Eugenio Coggiola, asesor letrado de la Municipalidad, y Julio Oviedo fueron detenidos por la Policía en el estudio del abogado Alejandro Zeverin. Habían recibido 17 mil dólares a cambio de un escrito firmado por el entonces intendente de Alta Gracia mediante el cual la Municipalidad allanaba el camino a una radicación agropecuaria.
Ese fue el primer “hachazo en las piernas” que recibió Bonfigli para sus aspiraciones políticas. Pero pese al escándalo, su carrera continuó, aunque tuvo que limitarla a su ciudad, donde tenía gran apoyo vecinal. La noche de 2007 en que fue reelecto con el 52 por ciento de los votos, dijo desde un palco: “Este es el veredicto del pueblo. Ahora quiero el veredicto de la Justicia”.
El segundo -y quizás definitivo- “hachazo” se lo dio la Cámara 5 del Crimen de Córdoba el pasado 24 de julio, cuando con Jurado Popular lo condenó a dos años y medio de prisión condicional y tres años de inhabilitación, para ejercer cargos públicos por exacciones ilegales. Coggiola recibió una pena de dos años de prisión condicional. Se los acusó de pedir una coima de 50 mil pesos (o 17 mil dólares) para finalizar un juicio civil que la Municipalidad tenía contra la empresa de feedlot Jumagra S.A.
Ahora, la Cámara dio a conocer los fundamentos. En el fallo, el tribunal y el Jurado Popular consideró que el intendente radical pidió una coima a la empresa “a cambio de claudicar en el ejercicio del poder público que podía impedir (vía la aplicación de la Ordenanza n.º 7177) el funcionamiento de un establecimiento (para engorde de ganado) al que numerosos vecinos se oponían”.
El voto del juez Luis Enrique Ramón Paoloni, que fue apoyado por su colega Mónica Adriana Traballini de Azcona, y por la mayoría de los jurados populares, consideró que los condenados “habrían acordado, abusando de la condición de funcionarios públicos, solicitar indebidamente al abogado Alejandro Zeverin Escribano, en su carácter de apoderado de la empresa Jumagra S. A., la suma de 50.000 pesos, a efectos de poner fin al juicio radicado ante el Juzgado en lo Civil y Comercial de 40.º Nominación de la ciudad de Córdoba”. En dicha causa, la empresa, destinada al engorde de ganado vacuno en corral, había promovido una acción de amparo y había obtenido una medida cautelar de no innovar con el fin de que el Estado se abstuviera de inmiscuirse en su emprendimiento productivo por considerar que estaba situado fuera del ejido municipal. En la sentencia, dos de los jurados populares consideraron que no estaba “suficientemente acreditado que Bonfigli haya tenido la intervención que se le atribuye”.
La reunión en la que se pagó la coima fue filmada a través de una cámara oculta y la investigación seguida por la Fiscalía Anticorrupción. Desde entonces la causa dormía y solo parecía despertar en épocas electorales. Bonfigli nunca dejó de reclamar su inocencia y pedía ser llevado a juicio. Si bien en la escena de su ciudad nunca dejó de ser influyente, su figura política perdió brillo. En 2015 intentó pelear la interna de su partido, pero no le fue bien.
ESTABA AL TANTO
En su declaración, Coggiola sostuvo: “No actué solo ni por motus propio, siempre lo hice bajo las órdenes de mi superior jerárquico, fui al Estudio de Zeverin porque así me lo ordenó el intendente”. La declaración le pertenece a Coggiola, y es uno de los elementos que el fallo destaca para considerar cierta la participación del ex intendente de Alta Gracia.
Para la mayoría de los jueces y jurados populares “resulta evidente que una concesión venía atada a la otra. Jumagra no obtenía nada valioso si se limitaba a donar indocumentadamente ese dinero, del mismo modo, Alta Gracia no obtenía nada conveniente al renunciar ejercer su potestad pública en el conflicto, del modo en que lo hizo en el acuerdo que Bonfigli firmó; pero si aquella entrega de dinero era el precio pagado para esta claudicación todo cobra sentido”, dice el fallo.
“La evidente falta de necesidad de suscribir ese convenio, su clara inconveniencia para la Municipalidad de Alta Gracia, es lo que de modo más vehemente delata el conocimiento -por Bonfigli- de que Jumagra entregaría algo a cambio suyo: los cincuenta mil pesos. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en el Estudio Jurídico de Zeverin: Coggiola le entregó el escrito del acuerdo a cambio del dinero”, cierra.
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