El presidente Alberto Fernández puso en marcha ayer un plan para reformar los servicios de inteligencia y una reforma integral de la Justicia Federal. Ambas movidas preanuncian cimbronazos y conflictos por el peso político de ambas instituciones y por la autonomía que poseen.
Fernández dijo que dispondrá la inmediata “intervención” de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y que se procederá a una “reestructuración” integral del sistema de espionaje.
Tanto el sistema de inteligencia como la Justicia y parte de los medios de comunicación, son apuntados como los constructores de “operaciones” y persecuciones político-judiciales contra los dirigentes de fuerzas políticas populares.
La inteligencia, a su vez, no ha podido ser reformada para ponerla al servicio del Estado por los sucesivos gobiernos democráticos desde 1983.
En esa línea, Alberto, anunció la eliminación de los denominados “fondos reservados”, que ahora serán derivados para financiar el presupuesto del Plan Nacional del Hambre.
La poda, según el diario Ámbito Financiero, podría rondar en los $3.642 millones.
El nuevo presidente tratará de poner en marcha un programa para reformar la Justicia Federal, que presentó como “un nunca más” a las operaciones mediáticas y judiciales.
