Los archivos del Vaticano sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar podrían contener información que permitiría esclarecer la causa que se sigue por “la Masacre de San Patricio”, cometida hace 46 años por grupos de tareas del último Gobierno de facto, según estiman desde la comunidad palotina que querella en este expediente.
Poco después de los asesinatos de cinco religiosos de esa orden, el nuncio apostólico Pio Laghi le encargó al sacerdote palotino Efraín Sueldo Luque una investigación sobre el caso.
Las víctimas son los padres Alfredo Leaden, de 57 años; Alfredo “Alfie” Kelly, de 43; y Pedro Duffau, de 67; y los seminaristas, Emilio Barletti, de 23 años y Salvador Barbeito, un gallego de Pontevedra, de 22 años, que había llegado a la argentina a los 3.
El cura Sueldo Luque, que también era abogado, detectó numerosas irregularidades sobre el procedimiento policial llevado a cabo el 4 de julio de 1976, e incorporó en su informe las declaraciones de Guillermo Silva y Luis Pinasco, dos testigos clave de los hechos.
Silva y Pinasco, vecinos de la parroquia, invitaron a entrar en esa fría noche al cabo Pedro Álvarez, custodio de la casa del interventor de Neuquén, el general José Andrés Martínez Waldner.
Álvarez salió al ver un patrullero que pasaba, y desde el vehículo, unos uniformados le advirtieron: “Si escuchás unos cohetazos no salgas. Vamos a reventar a unos zurdos”.
La conversación pudo ser escuchada por Silva, quien presenció en horas de la madrugada que unos hombres con armas largas rondaban la casa parroquial, donde fueron asesinados los religiosos palotinos, lo que también vio Pinasco.
El sacerdote y abogado Sueldo Luque remitió las declaraciones de los dos vecinos a la Curia, otra copia se envió a Roma, y es probable que otra copia haya terminado en la sede de la orden palotina en Irlanda, según creen los querellantes.
El juez Guillermo Rivarola y el fiscal Julio César Strassera tuvieron a cargo la causa judicial y cerraron las actuaciones en 1977, sin dictar procesamientos.
Por iniciativa del sacerdote Cornelio Ryan, la causa se reabrió en 1984, y el fiscal Aníbal Ibarra solicitó que se incorporaran las declaraciones de Silva y Pinasco.
Pero tres años más tarde el juez federal Néstor Blondi cerró el caso a partir de la sanción de las leyes de impunidad del Punto Final y la Obediencia Debida.
Mucho después, un cable del Departamento de Estado de Estados Unidos, desclasificado por el sitio WikiLeaks, dio cuenta de una reunión entre el embajador de ese país en Argentina en 1976, Robert Hill, con Pío Laghi.
En ese cable diplomático se informaba que Hill le contó que le confió al nuncio que un oficial de alto rango de la dictadura le había dicho que el régimen estaba dispuesto a “limpiar a la Iglesia”, y Laghi creyó que el crimen de los palotinos era “el primer paso” de esa supuesta purga.
Días antes de la Masacre, el padre Alfredo Kelly pronunció el denominado “Sermón de la Cucarachas”, y muchos creen que esa palabras pudieron haber sellado su destino cuando llegaron a oídos de los represores.
“Hermanos: he sabido que hay gente de esta parroquia que compra muebles provenientes de casas de gente que ha sido arrestada y de la que no se conoce su destino. En todo el país surgen más y más de estos casos. Madres que no saben dónde están sus hijos, hijos que no saben dónde están sus padres, familias forzadas al exilio, señales de muerte por todos lados”, denunció el sacerdote de frente a los feligreses.
En una iglesia concurrida por militares y personas socialmente influyentes, Kelly brindó de ese modo un valiente testimonio.
Y además remarcó: “Quienes medran con la situación por la que están pasando tantas familias argentinas dejan de ser, para mí, ovejas para transformarse en cucarachas”.
Hubo una carta que circuló entre feligreses en la cual se solicitaba una juntada de firmas para remover a “ese cura comunista” y balas depositadas en la bolsa de las ofrendas a modo de amenaza, según aseguraron a esta agencia integrantes de la comunidad.
En 1985, Héctor Ruiz Núñez escribió en la revista El Periodista de Buenos Aires que “una importante fuente” de la Iglesia le había dicho que “dos personas encumbradas de Belgrano, que pertenecían a la feligresía de San Patricio”, habían “tramitado ante la Santa Sede el levantamiento de sus excomuniones, motivadas por haber propulsado el asesinato de los religiosos”.
Tras la derogaciones de las leyes de “Punto Final”, “Obediencia Debida” y los indultos presidenciales de Carlos Menem, la causa por el asesinato de los palotinos se reabrió, pero aún no se puedo determinar quiénes son los culpables.
En julio de 2006 el juez Sergio Torres procesó por el asesinato de los palotinos y otros crímenes a 18 integrantes del GT 3.3.2: Antonio Pernías, Jorge “El Tigre” Acosta, Alfredo Astiz, Juan Carlos Rolón, Jorge Carlos Radice, Ernesto Frimón Weber, Oscar Antonio Montes, Manuel Jacinto García, Alberto Eduardo González, Jorge Raúl González, Jorge Enrique Perren, Francisco Lucio Rioja, Néstor Omar Savio, Pedro Antonio Santamaría, Víctor Francisco Cardo, Roque Ángel Martello, Luis María Mendía y Ricardo Guillermo Corbetta.
Pero un año más tarde, la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires revocó los procesamientos por falta de pruebas y la investigación se paralizó.
En 2013, Torres ordenó una pericia balística sobre los 28 proyectiles y 35 vainas servidas que se recolectaron en la casa parroquial y que habrían sido disparadas de cinco armas distintas.
Se concluyó que eran armas de 9mm, que en esos años eran utilizadas tanto por los efectivos de la Armada como por los de la Policía Federal.
Ese dato le daba algún asidero a la versión que indicaba que la masacre de la Parroquia de San Patricio era “una venganza” de la Policía por la bomba que la organización Montoneros había puesto días antes en la sede de Coordinación Federal.
Torres, que durante años tuvo a su cargo de la megacausa ESMA, es ahora juez de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, y en la actualidad la instrucción de la “Masacre de San Patricio” está en manos del juez federal Ariel Lijo.
> Con información de TÉLAM.
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