La justicia liberó el jueves por la noche a los dos choferes de colectivos que fueron detenidos tras ser acusados de agredir el lunes pasado al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, cuando el funcionario fue a dialogar con un grupo de conductores que estaban protestando por el asesinato de un colega durante un robo en Virrey del Pino, partido de La Matanza.
Los colectiveros, imputados de atentado contra la autoridad agravado, delito para el cual se prevé una pena de entre seis meses a dos años de prisión (por lo tanto excarcelable), fueron llevados a prestar declaración en las últimas horas de este jueves ante la justicia porteña.
Los acusados, identificados como Jorge Oscar Galiano y Jorge Ezequiel Zerda, estuvieron asistidos por el abogado de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Silvio Piorno, y alrededor de las 22 recuperaron la libertad.
Ante las detenciones, los choferes de ocho líneas de transporte público que circulan por la zona oeste del Gran Buenos Aires habían iniciado un paro de actividades, el cual se estimaba que iba a quedar sin efecto en las primeras horas de este viernes.
Piorno dijo a C5N que “por indicación mía no hizo falta que declaren, ya están en libertad y va a haber oportunidad para que le pidan disculpas al ministro”.
El letrado dijo que los choferes “van a poder volver al trabajo” y precisó que “la causa prosigue pero son delitos excarcelables y es fácil de cerrar con medidas alternativas”, como una probation.
Piorno dijo que los conductores de colectivos “están trabajando bajo mucha presión, salen a trabajar y no saben si van a volver”, pero admitió que sus asistidos están “totalmente arrepentidos” y sostuvo que “nada justifica la violencia”.
“La situación se les fue de las manos”, afirmó al referirse a la agresión a Berni, pero, insistió, “nada justifica la violencia en ningún ámbito; tenían la oportunidad de haber protestado (sin violencia), toda protesta que termina en violencia no es aconsejable”.
Aseguró el abogado de ambos choferes que no tienen “ninguna militancia política” y que uno de ellos “no es la persona que se ve en un acto político”, como se mostró en algunos medios.
“Creo que los sobrepasó la angustia, el saber que salen a trabajar y no saben si vuelven; los conductores y los pasajeros son víctimas constantes de delitos y la sociedad toda está un poco violenta”, concluyó Piorno.
Los choferes Galiano y Zerda fueron apresados en procedimientos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, con apoyo de la Policía Bonaerense, en las últimas horas del miércoles por orden de la jueza Luisa María Escrich, titular del Juzgado porteño en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº20.
Por esos arrestos, sus colegas de las líneas 218, 284, 325, 378, 622 y 628, de la empresa Almafuerte, y la 620 y 328, de la firma Nueva Ideal, no prestaron sus servicios este jueves.
La UTA difundió un comunicado en el que reclamó “la libertad inmediata de los compañeros detenidos, que obviamente se encuentran a derecho”, y exigió “que la justicia y las fuerzas de seguridad pongan su empeño total para encontrar y juzgar a los asesinos del compañero Daniel Barrientos”.
El ataque a Berni se produjo el lunes pasado, en el marco de la protesta que realizaban por el asesinato de Barrientos ocurrido ese día en la localidad de Virrey del Pino, en La Matanza.
Berni fue agredido cuando se acercó para dialogar con los choferes que estaban concentrados en el cruce de las avenidas General Paz y Juan Manuel de Rosas, en el límite de La Matanza y la ciudad de Buenos Aires.
Fuentes policiales informaron que las dos detenciones se realizaron en las localidades bonaerenses de Merlo y Gregorio de Laferrere (La Matanza), mientras que también hubo allanamientos en las empresas Almafuerte y Nueva Ideal, donde se efectuó el secuestro del legajo personal de otra persona señalada como supuesto agresor y documentación de otras 555 personas.
Las detenciones fueron realizadas la Policía de la Ciudad, junto con miembros de la DDI Morón de la Policía Bonaerense.
En la causa, caratulada “NN s/ atentado contra la autoridad agravado por poner las manos en la autoridad” (artículo 238 inciso 4 del Código Penal), interviene el fiscal Carlos Rolero Santurian, de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 31 de CABA.
Tras la detención, Galiano y Zerda fueron trasladados a la sede de la Fiscalía, en Paseo Colón 1333 del distrito porteño.
La causa se inició a partir de una denuncia de la Policía de la Ciudad, que el lunes pasado intervino en la manifestación de los colectiveros con su Cuerpo de Infantería, para llevarse a Berni del lugar, que se encuentra bajo su jurisdicción.
Hasta ese momento, el ministro había sido agredido con golpes de puño en la cabeza y pedradas durante largos minutos sin que ninguna fuerza pública interrumpiera la agresión. Los golpes le produjeron una fractura en el malar.
Luego de que Berni y el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, dejaran el lugar, ocho efectivos de la policía porteña fueron atendidos por lesiones por el SAME, en razón de los golpes y objetos contundentes arrojados sobre ellos, dijo el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Eugenio Burzaco.
Por otro lado, Berni se había comunicado con el fiscal Rolero Santurian para transmitirle su intención de impulsar la causa que investiga la agresión, informaron fuentes del Ministerio Público porteño.
Berni estuvo convocado para informar si resolvía continuar o desistía de la causa penal en su calidad de víctima, y aunque no asistió por cuestiones de agenda sí comunicó su decisión de impulsar la denuncia.
La causa que tramita en el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteño 20 no es la única que se inició.
Otra denuncia por los mismos hechos, presentada por el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, bajo las figuras penales de atentado contra la autoridad, lesiones graves e intimidación pública, quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional 24 de la Capital Federal a cargo de Alfredo Godoy, con actuación de la fiscal Romina Monteleone.
Y la abogada Valeria Carreras denunció el episodio en el fuero federal de Comodoro Py, donde pidió que se investigue la presunta conexión de sectores políticos con las agresiones sufridas por Berni. La denuncia quedó radicada en el juzgado federal 9 que subroga María Eugenia Capuchetti, mientras que el fiscal es Carlos Stornelli.
> Con información de TÉLAM.
