El peronismo cordobés logró aprobar al cierre de este artículo el Presupuesto 2024 y la creación de la Agencia Córdoba Agro, que será la décima del organigrama del Ejecutivo. Todavía se encontraba en tratamiento la modificación de la ley que rige al Tribunal de Cuentas, que relaja los controles sobre los gastos del Gobierno y una modificación del Código Electoral Provincial, presentado por el legislador de origen radical pero aliado del oficialismo, Orlando Arduh. Esa iniciativa, permite que el Poder Ejecutivo pueda definir la fecha de los comicios hasta nueve meses antes, en vez de los actuales seis.
La sesión se desarrolla en un clima caldeado, a causa del temario y el tratamiento express que le impuso el oficialismo. El tema más polémico es el de la modificación del Tribunal de Cuentas, que en la próxima gestión tendrá mayoría opositora, y que sufrirá un recorte de sus atribuciones de control del gasto del Ejecutivo Provincial. Se especula que la sesión finalizará en plena madrugada.
La creación de la Agencia Córdoba Agro, además del rechazo de los bloques opositores, recibió un pedido de postergación de su tratamiento de parte de las sociedades rurales de Río Cuarto y Jesús María.
LAS CRÍTICAS OPOSITORAS
“Cordobesismo explicito. No solo quieren llevarse puesto al Tribunal de Cuentas, aumentar un 500% gastos reservados y los impuestos de manera automática por inflación, sino que ahora y a las apuradas meten la reforma al Código Electoral”, expresó el legislador de la UCR, Marcelo Cossar.
Mientras que el también radical, Dante Rossi, dijo que “la creación de la Agencia Córdoba Agro es un paso adelante para el sector, pero sin control transparente. Las decisiones que impactan en la economía y la vida de los cordobeses deben estar sujetas a la verificación del Tribunal de Cuentas”.
Por último, el bloque Independiente, que integra la legisladora Cecilia Irazuzta (CC-ARI), también rechazó la creación de la Agencia Agro Córdoba.
“Los gobiernos de Hacemos Unidos por Córdoba propusieron en 2004 las agencias como una supuesta solución para la inversión público-privada, pero hoy podemos notar que la inversión es principalmente estatal. El acceso a la información pública ya es de por sí limitado y las agencias vienen a convalidar y profundizar esas prácticas irregulares”, sostuvo.
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