La vida del presidente Javier Milei parece estar en una burbuja. Sus viajes al exterior, a sitios elegidos de modo especial, donde todos se esfuerzan por parecer sorprendidos frente a la novedad que promete negocios para todos en la lejana Argentina, significan eso. Nueva York o Texas, con el magnate Elon Musk son ejemplos de este discurrir. Sin embargo, la cruda realidad argentina convierte a la existencia en algo bastante menos glamoroso. Algo de eso es lo que está padeciendo estos días con la protesta de los universitarios y científicos que reclaman masivamente contra el ahogo presupuestario y el veto a la Ley de Financiamiento Universitario que fue sancionada por el Congreso nacional. El presidente está contra la pared, pero no significa el fin de la confrontación.
VER Encuesta: Seis de cada diez argentinos rechazan la política del gobierno para las universidades.
¿Cuál es el “caldo de cultivo” de este cruce político y económico? De acuerdo a datos recopilados por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el presupuesto actual de las universidades es el más bajo desde 2006. Dice que “si bien hubo una ampliación presupuestaria para el funcionamiento, no detuvo la baja de salarios docentes, que cayeron 33%. En abril, el gobierno respondió a los reclamos por la crisis universitaria con ampliación de partidas que sólo aminoraron la caída: Al día de hoy el presupuesto con el que están funcionando las universidades es un 32% más bajo que el de 2023”.
Explica el reporte de ACIJ que “el programa “Desarrollo de la Educación Superior” está compuesto en un 88% por salarios, que se convierten en la principal válvula de ajuste. Actualmente, los salarios docentes están un 23% por debajo de noviembre de 2023 en términos reales. Según el INDEC, la evolución de la remuneración docente resulta aún más desfavorable que la de trabajadoras/es públicos (se ubican 8% por encima). La diferencia es aún mayor si se compara con la evolución de salarios del sector privado registrado (21% por debajo)”.
También, ACIJ rescata datos de Adiuc (Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba). Allí, el gremio denuncia que “en julio, un profesor/a asistente con dedicación semiexclusiva y 10 años de antigüedad cobró $540 mil. El 69% tiene dedicación simple, con salarios de entre $145.000-$200.000 mensuales. Solo el 10% son docentes de dedicación exclusiva o full time”. Se trata de un ajuste de grandes proporciones.
Pese a ello, mirar este conflicto sólo como un hecho relativo a más o menos plata es reducir su valor e incidencia. La educación pública y las universidades representan la oportunidad de ascenso social y son transversales a los distintos sectores sociales. Por eso, cuando el colectivo universitario sale de sus reductos altera la política y la economía. Más allá de que se trata de una alianza endeble, cuyo objetivo es que el presupuesto universitario se mantenga, a valores actualizados, lo más parecido posible a 2023, le alcanza para sitiar a la ciudadela libertaria.
La revolución de derecha tiene en el presidente y el capital financiero global y de plataformas, junto al sector agropecuario y algunos grupos económicos locales, la base de sustentación. El presidente es el que moviliza a los “olvidados” del ciclo populista, pero su brutal política económica, que ha provocado una fuerte recesión y aumento de la pobreza, ha comenzado a “pasarle factura” al gobierno -no tanto a él, al menos por el momento-. En este contexto, diciembre, como todos los diciembres argentinos, puede ser un final de año difícil. Eso explica el acelerado giro autoritario del presidente contra el periodismo y sus avances constantes contra las instituciones -Congreso, leyes, Estado, derechos humanos, etc.-. Si el escenario actual no puede ser modificado por un rápido rebote económico, el tiempo para la “revolución” neoliberal en marcha puede ingresar en tiempo de descuento.
El tema educativo es un tópico vinculado directamente con el futuro, para los países y para las personas. Es un derecho, pero también un vehículo para alcanzar un sueño. Hablar de educación, de ciencia, de tecnología, es hablar de política, de economía, de modelo de país. Es un asunto con muchas ramas, que no es fácil de meter bajo la alfombra o reducir a un problema administrativo. En el actual conflicto todo este contrapunto está latente, pero no integra el discurso, ni el debate puertas adentro de la universidad y ni puertas afuera, con la sociedad. Esa debilidad es la que habilita alguna viabilidad al contragolpe que puede intentar el oficialismo, que sí discute de política y economía, y tiene claro que “desregular” es desarmar el entramado estatal que otorga y garantiza derechos a las personas y libera las manos al capital. También, que las universidades públicas y la ciencia local no requieren de la misma dimensión y volumen dentro de la lógica de apertura económica e “islas” de producción extractivista -comoditties agrarios, hidrocarburos y minerales-.
Dentro de ese mapa, el gobierno apura el achique del sistema educativo público en todos sus niveles. Esconde su objetivo detrás de “supuestas” ineficacias administrativas y presupuestarias; de la necesidad ineludible de sostener el equilibrio fiscal; o de su discurso “anti-casta”. Pero la verdad está en otro lado. Como supieron decir, pero de distinto modo, los fallecidos ex presidentes Juan Domingo Perón y Néstor Kirchner, “la única verdad es la realidad” (Perón) y “hay que mirar lo que se hace, no lo que se dice” (Kirchner), el gobierno envía menos recursos a las universidades que en 2023 y apunta a mantener esa foto en 2025. Sin plata no hay educación, ni ninguna política pública, ni vida individual en términos de la sociedad de consumo. Con esa receta, el “orgullo nacional” que significan las universidades puede convertirse en un hermoso recuerdo. Y lo cierto, es que el ajuste del gasto público que padecen jubilados, obras públicas, el Estado y sus trabajadores, y las universidades, entre otros sectores, es para cumplir con los compromisos de deuda externa con el FMI y los bonistas.
Para el bloque de centro-izquierda, la cuestión universitaria es una oportunidad de comenzar a elaborar nuevas referencias. Es un problema de amplio alcance social y ahora permite una conversación profunda con una sociedad atemorizada por la crisis. Una parte de la sociedad argentina que apoyó el giro de ultraderecha ha comenzado a preguntarse sobre lo que está ocurriendo y -al menos- tiene preocupación por su destino. El drama de las universidades es mucho más amplio e impacta en el destino argentino.
Milei vetó la Ley de Financiamiento Educativo en la madrugada del jueves 3 de octubre. La disputa se trasladará al Congreso, un territorio donde el Ejecutivo tiene posibilidades de conseguir un tercio de los votos de diputados para evitar la ratificación de la norma, pero hasta ahora no tiene asegurado ese resultado. Lo consiguió hace pocas semanas con el veto a la ley que modificaba la fórmula de movilidad jubilatoria y se cree que tendrá más dificultades con el tema universitario. El número mágico es 87, aunque depende del total de los legisladores que se sienten en una eventual sesión. Milei apuntará contra una alianza opositora para condicionarlo y subirá ese hecho a la balanza contra el tema universitario. Desde esa disputa discursiva y de las negociaciones con los gobernadores dialoguistas intentará convertir el asedio en una victoria.
Artículo modificado a las 0:10 del 3/10/2024.
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