El titular del BCRA Federico Sturzenegger y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.
(Por Carlos Vicente*). Lo que está pasando en el país tiene un increíble parecido con situaciones que han ocurrido en el país en el pasado reciente, particularmente en el año 2001. Tanta es la semejanza, que algunos de sus principales protagonistas se repiten, como es el caso de Federico Sturzenegger.
Si googleamos “Crisis del 2001 Sturzenegger” encontramos 49.400 resultados y se repiten en serie las palabras, “blindaje”, “megacanje”, “deuda externa”, “corralito”, “Fondo Monetario Internacional” y por supuesto, las causas judiciales. El mismo Sturzenegger, que hoy es Presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), era el responsable de la administración de la deuda externa en el año 2001, como secretario del presidente Fernando De la Rua y de su conocido ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo.
Veamos algunas razones del “parecido de familia”:
1- Un gobierno empujando medidas de corte neoliberal, como la desregulación del manejo del dólar y la tasa bancaria, y que producto de la apertura económica, achica el mercado, el empleo y las pymes.
2- Los “supuestos amigos” de la banca internacional, que cuando ven que el estado de las finanzas publicas puede empezar a andar mal, aconsejan llevarse “las inversiones” y comienzan a retirarse, provocando una fuga de capitales, que desequilibra rápidamente un esquema de por si precario y ultra-dependiente de esos capitales golondrinas-volátiles-especuladores-fugaces.
3- El gobierno, entonces, dice que va a hacer un acuerdo con el FMI y que el organismo va a poner una enorme cantidad de dólares para blindar la economía ante estas situaciones de volatilidad. La plata que pone luego el Fondo nunca es tan importante, si uno la compara con el Producto Bruto (PBI) del país o con las mismas reservas que el país pudo reunir en su Banco Central y mucho menos con las cifras fugadas en esta crisis o en la anterior. O en la anterior.
4- Una vez que entra el FMI en acción, inicia el monitoreo de la economía del país, y luego aconseja medidas de ajuste, que siempre son relativas a disminución del gasto público y a las llamadas reformas estructurales que generalmente se refieren a la reforma laboral, reforma previsional y a la reestructuración del ANSES y del PAMI, o quedarse con ellos como negocio privado.
La titular del FMI, Cristine Lagarde junto al presidente Mauricio Macri. Foto: Prensa Gobierno Nacional.
5- La aplicación de las medidas de ajuste del FMI llevan al país a una situación recesiva, con caída de la producción y cierre de empresas, principalmente pequeñas y medianas, y desempleo creciente y como consecuencia de todo esto, mas déficit fiscal y entonces mas ajustes, que se vuelven un ciclo permanente.
Lo que acabamos de relatar (entre el punto 1 al 3) tiene un enorme parecido con lo que viene pasando en estos dos años en nuestro país y con los anuncios de los últimos días de los funcionarios del Ministerio de Economía y especialmente con los que hizo ayer el presidente Mauricio Macri, cuando anunció que “recurrirá” al auxilio del FMI. Y no es de agorero decir que, de concretarse el anuncio de Macri, se pasara más temprano que tarde a lo relatado en los puntos 4 y 5.
Lo que los tecnócratas de la economía no quieren analizar ni mencionar, nosotros siguiendo la numeración si podríamos agregarlo como un adelanto del futuro:
6- Las consecuencias sociales y económicas de los ajustes han significado un enorme aumento de la pobreza, y la indigencia, crecimiento del desempleo y baja permanente de los salarios y desarticulación de la trama de la pequeña y mediana empresa, entre las más importantes.
7- Producto de esta situación, aumento del conflicto social, abarcando a los diferentes sectores afectados por estas medidas, angustia social y perdida de la confianza en las instituciones sociales y políticas.
Hoy podríamos decir que estamos a la mitad de camino de una crisis, pero el conductor del camión va demasiado rápido.
La enorme experiencia recogida en tantas crisis, nos debería hacer pensar que la sociedad política y la sociedad civil están en condiciones de actuar con firmeza y claridad para evitar otra catástrofe de proporciones imprevisibles.
En una sociedad democrática como la nuestra esto significa encontrar los caminos para poner límites a quienes gobiernan sin importarles el destino de las mayorías nacionales. En el marco del Congreso de la Nación, de las fuerzas políticas, de las organizaciones sociales, de la participación ciudadana y las luchas populares o como la creatividad nacional vislumbre articular estos aspectos entre sí. Convencidos, por sobre todas las cosas, que el recorrido de la crisis no es inevitable y que puede ser democráticamente modificado.
*Carlos Vicente es abogado.
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