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Córdoba: La UCR pidió la remoción de las autoridades del SPC y la construcción de una nueva cárcel

El jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba, Juan María Bouvier. (Foto: Archivo).
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Los legisladores de la UCR presentaron este miércoles dos proyectos de ley relacionados con la seguridad y el sistema penal. Por un lado, pidieron la declaración de “emergencia penitenciaria”, remoción de las autoridades del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), y la construcción de una nueva cárcel; y por otro, la creación del Registro Público de imputados y condenados, para un efectivo control ciudadano y periodístico del cumplimiento de las condenas.

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Las iniciativas responden al escándalo generado por la venta de distintos “favores” a reclusos por parte de penitenciarios, incluidos jefes, en distintos penales de la provincia; y la recaptura de Martín “el porteño” Luzzi, luego de haber recibido la “libertad condicional” a partir de una controvertida resolución judicial.

Su impulsor, el legislador Dante Rossi (UCR), dijo que “buscamos generar mayor control ciudadano sobre la decisión de jueces y fiscales penales, sobre todo en el otorgamiento de la libertad condicional; y también que se declare la emergencia penitenciaria, se remueva a los funcionarios del SPC y se incluya en el presupuesto 2024, la construcción de una nueva cárcel”.

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Rossi explicó que “el proyecto de creación del registro nace como consecuencia de la elevada tasa de criminalidad que hace sucumbir la paz y la seguridad de esta Provincia, la excesiva acumulación de causas en la misma persona, la falta de resolución judicial, el aumento en la violencia de los hechos delictivos, y el otorgamiento de la libertad condicional en casos en que no corresponden, porque ponen en serio riesgo la seguridad de los cordobeses, como ocurrió en el caso de Luzi”.

Agregó que “queremos un control ciudadano respecto a la tarea que hacen jueces y fiscales, a los efectos de mejorar el sistema penal”.

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En esa línea, dijo que “cada día observamos como la inseguridad, robos, hurtos y demás hechos delictivos incluidos en el Código Penal va creciendo. A ello le agregamos que la gran mayoría son cometidos por personas que cuentan con múltiples expedientes penales abiertos, siendo solo condenados cuando el cumulo de causas ya es muy elevado”.

Señaló también que “no han sido suficientes hasta ahora las medidas y herramientas ni a nivel ejecutivo, ni a nivel judicial: Continuamos observando planillas prontuariales sumamente cargadas de hechos, siendo juzgados únicamente cuando el último delito tiene una entidad o violencia muy elevada”.

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EMERGENCIA PENITENCIARIA

Los legisladores de la UCR proponen, además, la declaración de la emergencia en materia penitenciaria por cuatro años, y la remoción de los funcionarios a cargo.

“A más de la convivencia promiscua que convierte a las cárceles en verdaderas escuelas del delito, donde a la superpoblación, se le suma la violencia, el consumo de drogas y alcohol, las grescas, los suicidios, los asesinatos, las revueltas y las salidas clandestinas de los internos, se le agrega un condimento institucional que constituye un verdadero escándalo y que se integra con la causa que ha motorizado el Fiscal Enrique Gavier, que ha comenzado por la detención de un integrante superior del Servicio Penitenciario, con más un funcionario del área de Justicia y un abogado del foro de Córdoba, acusados de fabricar informes que favorecen la liberación anticipada de condenados”, argumenta la iniciativa.

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Recuerdan que este hecho se suma a causas en las que se encuentran involucrado personal del Servicio Penitenciario, “como la denominada “Call Center Tumbero”, que incluye el ingreso de celulares y computadoras a Bouwer”.

Rossi reclama, además, “la realización de exhaustivas investigaciones que lleven a la revisión de la liberación anticipada de condenados”.

Finalmente expresa que “resulta a todas luces evidente que todo el sistema carcelario provincial, no solo está colapsado, sino que la cúpula del SPC se encuentra sospechada de gravísimas irregularidades, por lo que se incumple claramente con las exigencias y garantías prescriptas por la Constitución, para lo cual es indispensable declarar la emergencia penitenciaria y así poder arbitrar todos los medios necesarios para que ello se revierta”.

El legislador provincial, Dante Rossi (UCR).

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