El escándalo de las armas robadas de la Jefatura Policial no pudo ser tapado debido a la continua “aparición” de esas armas en hechos delicitivos.
Sentía el escándalo pisándole los talones, a punto de explotar.
El jefe de policía Julio César Suárez levantó el teléfono y convocó a una reunión de urgencia. Todavía se podría frenar el terremoto, creyó.
Era 11 de octubre de 2015. Cinco meses antes habían desaparecido al menos 67 pistolas Bersa Thunder 9mm de la división de Armamentos, en el subsuelo de la Jefatura de Policía, en el corazón de la principal fuerza de seguridad de la provincia.
Tres de esas armas habían aparecido en procedimientos policiales en hechos delictivos, uno de ellos en Santa Fe. Y la Justicia insistía con oficios consultando por su procedencia y que ya no se podían seguir demorando con evasivas.
La reunión fue en el segundo piso de la jefatura. Oficina de la Dirección de Logística. A ese lugar fueron convocados el comisario Zambrano, titular de esa repartición, además del comisario Sebastián Vaca, jefe de Armamentos, y subcomisario Guillermo Gasser, jefe de Exposición por Extravíos.
Sabiendo el tenor de lo que se habría de tratar, Suárez estratégicamente “se bajó” de la convocatoria y envió en su lugar a Paola Peralta, su secretaria privada, quien le haría de portavoz. Pese a no ser la de mayor jerarquía entre los convocados a esa incómoda mesa redonda, Peralta conduciría la reunión que tendría por fin “informarle” a esos mandos medios cómo era el plan urdido por Suárez para desactivar la bomba de las armas.
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Los pormenores del cónclave forman parte del expediente que todavía tiene en su despacho el fiscal anticorrupción Hugo Amayusco, aunque sin demasiadas novedades después de la detención por algo más de un mes de tres de los cuatro participantes, dos semanas más tarde.
El ex-jefe de Policía, Julio César Suárez, apuntado por diversos testimonios que ratifican su intento por encubrir el robo de las armas.
UN PLAN TEMERARIO
El planteo de Suárez, puesto en boca de su secretaria, resultaba poco menos que temerario. Pero antes de desplegarlo, pidió a los presentes que pusieran sus teléfonos celulares sobre el escritorio. Y luego les ordenó que le abrieran la carcasa y le quitaran la batería. El Jefe había sido muy claro: no quería filtraciones.
¿Por qué temerario? Según coinciden al menos dos de las declaraciones que figuran en el expediente, la idea bajada de la máxima superioridad era generar excedentes de presupuesto mediante facturas infladas en la compra de insumos varios, para lograr fondos que permitieran la compra de otras 67 pistolas Bersa iguales a las desaparecidas y que serían introducidas en su reemplazo.
De eso se encargaría Gerardo Vaca, director de Administración, que tenía que conseguir las facturas, por un lado; y hacer desaparecer las órdenes de compras anteriores, por el otro.
Según la secretaria del Jefe, “ya estaba conversado todo con la gente de Informática”, área que era dirigida por el comisario Darío Gaitán -ahora en Logística-, para que limpiara todos los registros informáticos de los lotes desaparecidos.
Zambrano, de Logística, debía hacer el contacto con Miguel Romero, el intermediario del gobierno con la firma Bersa, para proveer en forma urgente un nuevo lote de pistolas 9mm con las mismas características.
Sebastián Vaca, de Armamentos, recibía la orden de hacer desaparecer todos los asientos escritos en registros físicos y reemplazarlos por fichas nuevas, ni bien llegaran las armas de reemplazo.
Gasser, de Exposición por Extravíos, tendría que gestionar fichas de exposiciones que sirvieran para “justificar” los casos de armas que pudieran ir apareciendo.
El último engranaje de este plan era la coordinación directa con el Ministro de Seguridad, a través del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciaria, que se “encargaría de controlar el lote y comunicar a la prensa que habían controlado y que estaban todas las armas”.
Un involuntario testigo de esta reunión fue el subcomisario Diego Cambronero, secretario de Zambrano, quien en un momento ingresó al despacho mayor y notó el rostro desencajado de varios de los presentes.
Es que nadie los había convocado allí a debatir los pasos a seguir, ni a escuchar sus ideas. Era lisa y llanamente bajada de línea desde la máxima superioridad. O incluso de más arriba. De hecho Zambrano afirmó en medio de la reunión que el mismísimo gobernador José Manuel De la Sota era quien le había dado esas órdenes al Jefe Suárez, y para darle más fuerza a la directiva, aseguró que éste le mostró los mensajes recibidos en su celular.
Pero entonces, y según consta en el expediente, ocurrió algo que rara vez se da en filas policiales. Dos de los subordinados se plantaron. “Esto no tiene ni pies ni cabeza”, desafió uno de los presentes.
Era lisa y llanamente bajada de línea desde la máxima superioridad. O incluso de más arriba. De hecho Zambrano afirmó en medio de la reunión que el mismísimo gobernador José Manuel De la Sota era quien le había dado esas órdenes al Jefe Suárez, y para darle más fuerza a la directiva, aseguró que éste le mostró los mensajes recibidos en su celular.
Y tenía razón. El escándalo estaba a punto de explotar y ellos ya estaban informados de una posible filtración a la prensa. Por eso intentaban acelerar los pasos para acomodar los papeles y estar preparados para “taparle la boca” a cualquier titular periodístico, por más osado que fuera.
Claramente el plan sería un fracaso. Sólo 14 días más tarde el escándalo sería publicado por el diario Clarín, a partir de una filtración posiblemente nacida del ex jefe de la División de Protección de Testigos, Gerardo “el Gallego” Vázquez. Y antes de que finalizara el mes, cuatro de los presentes en torno a esa mesa dormirían su primera noche en Bouwer, donde permanecerían casi dos meses.
Con esta contestación del oficio al ayudante fiscal Jorge Jofré, el escándalo de las armas dejaba de ser un secreto a voces dentro de la Jefatura y saltaba al ámbito judicial. Ya no se lo podría seguir ocultando.
LA JUSTICIA YA SABE
En pleno mes de octubre de 2015, con el gobierno de De la Sota contando los días para irse, y el de su reemplazante y sucesor Juan Schiaretti ya elegido y en cuenta regresiva para volver al despacho mayor del Panal, ya no había costo político por temer, y si lo hubiera, quedarían dos generosos años hasta la próxima elección.
El problema eran las responsabilidades penales por una brasa que ardía en plena Jefatura.
Por eso tanto Vaca como Gasser plantaron posición ante la particular exigencia que venía del jefe Suárez, y dejaron en claro que no podrían contar con las áreas que ellos dirigían para ser parte de ese plan. “Además, la Justicia ya está al tanto de la desaparición”, lanzó uno de los dos.
Zambrano, el de Logística, quedó petrificado.
-¿Qué sabe la justicia?-, inquirió.
-Todo-.
-¿Informaste que las armas se perdieron en el CAP IV?-
“No”, respondió. Lo que había informado era que las 67 Bersa Thunder habían desaparecido de la propia Central.
El silencio volvió a inundar esa oficina del segundo piso. Sacudidos por la información, Zambrano y la secretaria Peralta no atinaban a dar por cierto lo que les estaban informando. Preferían pensar que se trataba de una maniobra discursiva.
Cuando la Justicia te pregunta, lo que quiere son pormenores. Y lo que respondimos fueron sólo vaguedades”, contó uno de los superiores que quedaría involucrado en el escándalo de las armas.
Del otro lado, Vaca y Gasser intentaban resistir los embates de lo que casi con certeza sería el final de sus carreras en la fuerza policial. Sucedía que el primero había respondido con vaguedades a los dos oficios judiciales que habían llegado a Armamentos, consultando por sendas armas aparecidas en hechos delictivos y presumiblemente pertenecientes a la Policía Cordobesa. Pero ya no estaba dispuesto a seguir haciéndolo.
“Cuando la Justicia te pregunta, lo que quiere son pormenores. Y lo que respondimos fueron sólo vaguedades”, contó uno de los presentes en la reunión del segundo piso. Al primer pedido de informe por una Bersa hallada, remitido por la Unidad Judicial Nº10 a mediados de mayo de 2015, la respuesta se limitó a decir “que esa arma era policial, que estaba extraviada y que se había hecho una exposición por extravíos en Armamentos”.
Recién cuando el ayudante fiscal Jorge Jofré volvió a insistir, pidiendo ahora más precisiones, el 8 de octubre de ese mismo año, Vaca y Gasser contestaron los oficios informando a la Justicia que las dos armas por las que habían sido anteriormente consultados eran efectivamente de la Policía. Y para ello citaban una exposición por extravío por las 67 armas y que fue fechada el 18 de junio de ese mismo año, es decir, cuatro meses antes.
En este estado se encontraba el depósito de armas, en el subsuelo de la Jefatura. Un desmanejo y una precariedad absolutos, que facilitaron el robo.
INTENTO DESESPERADO
Al día posterior a esa tensa reunión, Zambrano se presentó en el despacho de Extravíos. Venía exigiendo que le entregaran el original de la exposición que había sido girada a la Justicia. Preguntaba si había alguna forma de eliminar esa información y si quedaba registro en algún lado.
La respuesta de Gasser no era precisamente la que esperaba su superior, pese a lo cual le entregó el original que tenía en archivo.
Acto seguido, no tuvo dificultad en imprimir una nueva copia de la contestación al oficio judicial, que fue nuevamente firmada y sellada por Gasser y Vaca, estampada con los sellos de la dependencia, y estratégicamente archivada en un anaquel que sólo el primero de ellos conocería. Con la colaboración del oficial principal Sprljam, con la puerta cerrada del archivo, volvió a colocar la exposición por extravío, pero esta vez en la caja de cartón con marcador fecha 21/03/2015, con un recaudo clave: si llegaban a borrar toda la información del sistema, con este dato podía ser nuevamente recuperada.
Lo mismo haría Vaca en Armamentos luego de que un desesperado Zambrano pasara por esa dependencia y le obligara al oficial Moroz a que le habilitara una clave informática para poder borrar todos los movimientos de las 67 armas. “Mire, jefe. Usted puede borrar todos los movimientos, pero los registros no, porque están alojados en otra base de datos”, le advirtió.
Han pasado ya más de tres años del escandaloso robo de armas en la Jefatura.
Del episodio no se conoce ni su destino ni sus responsables. Sólo se sabe que la superioridad a pleno intentó tapar un hecho de gravedad tan palmaria, que varias de esas armas han sido tristemente protagonistas de hechos delicitivos, incluso algunos con la gravedad del asalto en Nueva Córdoba, en febrero de este año. También se presume que la iniciativa para encubrir el bochornoso robo llegó al menos de la superioridad máxima de la fuerza policial, pero presumiblemente el origen de la orden estaba en el despacho del propio gobernador De la Sota.
Pese a los testimonios y documentación coincidentes que apuntaban en ese sentido, el fiscal Hugo Amayusco jamás pidió el secuestro de los teléfonos celulares del jefe policial y del gobernador, que era la vía a través de la cual habrían bajado presumiblemente las órdenes de encubrir. El tiempo transcurrido entre aquel episodio y la actualidad, hacen pensar que ya esa prueba clave sería inviable.
Al igual que lo hecho por el fiscal Amayusco, también el Tribunal de Conducta Policial de Córdoba, en aquel momento presidido por Miguel Berrotarán, no decidió avanzar sobre las responsabilidades que se conocían internamente, y recién a tres días de conocido el escándalo sólo atinó a poner en situación pasiva a las 17 personas del personal policial que estaban a cargo del depósito, que eran los responsables de la custodia de las armas.
La saga de las armas promete nuevos capítulos, luego de que se conociera una llamativa diferencia de 1500 unidades entre el inventario y la existencia real. Pero eso será tema para el siguiente informe de ENREDACCIÓN.
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