En una sesión especial impulsada por la oposición, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó con 44 votos a favor y 6 abstenciones (todas de La Libertad Avanza) una ley que garantiza el acceso gratuito al subte para jubilados y pensionados. La norma, aprobada el pasado 17 de julio de 2025, establece que podrán acceder al beneficio aquellos cuyos ingresos mensuales no superen dos y medio haberes mínimos jubilatorios, equivalente a $772.500 sin contar bonos, según los valores fijados por ANSeS.
Para obtener el pase gratuito, los beneficiarios deberán tramitar una tarjeta magnética en las estaciones cabecera del subte o en las sedes comunales, en horarios que definirá la autoridad de aplicación. Esta tarjeta tendrá una validez de cinco años, pero se dará de baja automáticamente si no se utiliza durante dos años consecutivos. En caso de extravío, será obligatorio renovarla.
La diputada de Unión por la Patria (UP), Berenice Iañez, celebró la iniciativa, pero señaló que es solo “una curita” frente a las dificultades que enfrentan los jubilados. Criticó los trámites actuales, como la renovación anual de carnets en horarios y lugares poco accesibles, y destacó la importancia de extender la validez del pase a cinco años. Por su parte, Gabriel Solano, del Partido Obrero (PO), contextualizó la medida en un escenario de ajuste económico: “La motosierra de Javier Milei la sufren los jubilados. El último aumento fue de $5.000, una burla”. También recordó que la gratuidad del transporte para jubilados estaba contemplada desde el traspaso del subte a la Ciudad, pero nunca se implementó.
Pablo Donati, del Frente Liberal Republicano (FLR), apoyó el proyecto, pero advirtió sobre los límites del gasto público: “El Estado debe garantizar derechos, pero el gasto no es infinito”. Claudio Romero, de Vamos por Más (VxM), destacó el consenso alcanzado y subrayó que el costo del transporte público representa una carga significativa para los adultos mayores, quienes destinan más del 20% de sus ingresos a alimentos.
Desde La Libertad Avanza (LLA), María Luisa González Estevarena justificó la abstención de su bloque, argumentando falta de claridad en el impacto presupuestario, el número de beneficiarios y la gestión en caso de fallecimiento del titular. Además, cuestionó la creación de una nueva tarjeta magnética por posibles costos asociados.
Hernán Reyes, de la Coalición Cívica (CC ARI), y Manuela Thourte, de la UCR-Evolución, celebraron la medida como un avance necesario, aunque Thourte remarcó que “los jubilados perdieron un 50% de su poder adquisitivo desde 2019 y el transporte aumentó ocho veces en la Ciudad”. Criticó la postura de LLA, acusándolos de “jactarse de su crueldad” al no apoyar la iniciativa.
—
SUSCRIBITE A DOSSIER360.
HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.
RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.
CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.
