Es un nuevo e impensado escenario. Los intendentes de la UCR y el PRO reclaman al gobierno provincial que cumpla con la coparticipación provincial y redistribuya la mayor cantidad de recursos que recibe de Nación. Reclaman una diferencia a su favor de 1.500 millones de pesos en 2018. En la foto estuvieron todos, sin distinción, lo que indica un aval de Nación. El gobernador Juan Schiaretti respondió con la convocatoria a Mesa Provincia-Municipios para el 5 de abril, para debatir sobre este punto, dijo que no entrará en el juego de las provocaciones, y amenazó con ir a la Justicia para que determine quién tiene razón. Si lo hace, el tema quedará congelado por largo tiempo. Está claro que por uno u otro camino, será tema central de debate, pero no sólo por la cuantía de los recursos, sino por la significación política: Cambiemos quiere convertir a Schiaretti en la Cristina Fernández de Kirchner de Mauricio Macri. Mientras que el peronismo en el gobierno, los quiere poner en la vereda de los que van contra el cambio que significa la restauración neoliberal, que básicamente propone reducir la presión impositiva en todos los niveles y como ansiosos por llegar al poder a cualquier precio. En el pacto fiscal que la provincia firmó con el presidente Macri el año pasado, el ajuste del cinturón alcanza a todos.
“No voy a entrar en riña y tampoco responderé a provocaciones” apuntó Schiaretti ayer frente a los disparos de Mestre. “Nosotros vamos a aplicar la ley y frente al planteo que hicieron los intendentes de Cambiemos, el Gobierno provincial va a acudir a la Justicia para que determine quién tiene la razón”.
El gobernador insistió que “estamos convencidos que toda la razón nos asiste al Gobierno provincial porque hay un Pacto Fiscal que es ley nacional y también es ley en la Provincia de Córdoba”.
En el consenso fiscal se fijo un destino y un administrador para los fondos que antes eran del Conurbano, (al darse de baja este fondo, Ganancias se coparticipa en su totalidad). En este caso, el acuerdo es que estos fondos sigan siendo administrados por los gobernadores y no se incluyan en la masa coparticipable con municipios. Lo que se busca es mantener a las propias provincias con un nivel de ingresos para administrar por coparticipación federal similar al existente previo a la firma del acuerdo. En cambio, los intendentes buscan que esos recursos sean coparticipados.
Como paso intermedio, en un intento de negociación, el próximo 5 de abril se reunirá la mesa Provincia-Municipios, según informaron desde el ministerio de Gobierno Provincial. El encuentro se desarrollará en el Centro Cívico del Bicentenario.
Previamente, el intendente de Córdoba Ramón Mestre señaló en diálogo con Cadena 3 que si no les pagaban lo que les “corresponde (de coparticipación) habrá acciones en la CSJ”. Fue luego de una reunión de intendentes de Cambiemos. “No nos pagaron los fondos que debíamos recibir. En el primer bimestre correspondía una coparticipación del 20% y encontramos que nos escamotearon $ 129.870.000 en enero y $ 133.463.000 en febrero. Una merma de 260 millones. En el año, calculamos que nos corresponden 1.500 millones de pesos”, explicó.
“Estamos reclamando que en 15 días nos paguen y ya hicimos reserva de caso federal. Si no nos pagan, vamos a iniciar acciones ante la Corte Suprema de Justicia a través de recurso exteraordinario”, advirtió el jefe de gobierno de la principal ciudad cordobesa.
“Aquí se trata de dialogar, queremos que haya consenso, acuerdo. Lo planteamos desde octubre. Si se toman decisiones y nos invitan a contarnos qué decidieron y no nos dan posibilidad de dialogar; llevan adelante posiciones como si fueran patrones de estancia donde nos invitan a dialogar… Estamos pidiendo diálogo, que nos paguen lo que nos corresponde”, reclamó.
Dijo también que “no queremos que haya un emperador, nosotros queremos sinceramente diálogo. (…) Fundamentalmente pedimos diálogo, venimos de años de kirchnerismo en la Argentina donde no había diálogo, donde los cordobeses fuimos literalmente discriminados, hemos acompañado el proceso que Unión Por Córdoba llevó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fuimos todos a reclamar frente a esa situación”,
En tanto, el titular del interbloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados, Mario Negri, expresó que ” apoyo al reclamo de los Intendentes de Cambiemos ante el gobernador Schiaretti por la retención que hace de los fondos coparticipables. Desfinanciar a los municipios es el mismo método que el kirchnerismo utilizó para subordinar a la oposición”.
Por su parte, Manuel Calvo, secretario de Comunicaciones y conectividad de la provincia de Córdoba, señaló que “los intendentes de Cambiemos intentan tapar el clientelismo que tiene el Gobierno nacional en Córdoba, fundamentalmente en distribuir recursos a municipios sin pasar por el Gobierno provincial”.
Calvo expresó que “con el programa Hábitat, buscan repartir fondos a decenas de municipios de Cambiemos y a uno solo de Unión por Córdoba”.
“Son más de 1.800 millones de pesos que pasaron de manera directa del Gobierno nacional a municipios de Cambiemos. En cambio nosotros cumplimos la ley y coparticipamos todos los recursos, sin importar a qué partido responden”, agregó.
En la misma línea, una decena de jefes municipales de Unión por Córdoba denunciaron que el gobierno nacional los discrimina en el reparto de fondos federales. “De 1.800 millones de pesos, sólo 30 millones llegaron a gobiernos peronistas”, indicó el intendente de Alta Gracia, Facundo Torres. Adelantaron que pedirán una audiencia con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.
“El reparto es absolutamente inequitativo. De 1.800 millones de pesos entregados en infraestructura y hábitat en la provincia de Córdoba, sólo 30 millones fueron a un municipio de Unión por Córdoba (a Río Cuarto). El resto todo fue a municipios de Cambiemos”, se quejó Torres. “De los 20 municipios beneficiados de colocación de luminarias leds, los 20 son de Cambiemos. Son números irrefutables que contrastan con lo que hace el gobierno provincial en Córdoba, que reparte absolutamente todos los fondos con un criterio técnico y basado en la cantidad de habitantes que cada municipio tiene, con índice de coparticipación y que a nosotros nos pone en una desventaja”.
Torres fundamentó con esos dos ejemplos el pedido de audiencia a Frigerio. “Le vamos a pedir una audiencia al ministro. No queremos que le baje a los municipios los beneficios otorgados, pero sí para que el reparto sea más equitativo y los intendentes de UPC podamos tener el mismo trato de la Casa Rosada”, afirmó.
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