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La APDH reclamó el fin de la violencia institucional por parte de la Policía de Córdoba

El edificio de la Jefatura de Policía de Córdoba.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) denunció que la Policía de Córdoba sigue “llevando adelante prácticas propias de la pasada dictadura cívico militar, pese a que este año, celebramos el 40° aniversario de la recuperación democrática” y reclamó el fin de la violencia institucional por parte del Estado provincial.

Picadas

En un comunicado titulado “Nunca más violencia institucional en Córdoba”, con las firmas de los copresidentes de la organización de Derechos Humanos, Mabel Sessa, Luis Baronetto, Alfredo Schclarek Curutchet y Carlos Vicente, afirma que “el reciente caso de privación ilegítima de la libertad y amenazas de muerte sufridas por un joven de barrio IPV Argüello por parte de efectivos de la Policía de Córdoba (hecho del que participaron también otras dos personas que no pertenecen a la fuerza de seguridad), indica que la fuerza que comanda la comisario general Liliana Zárate Belletti sigue llevando adelante prácticas propias de la pasada dictadura cívico militar”.

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Apunta el documento que “el accionar policial ilegal, propio de épocas donde no estaban garantizados los Derechos Humanos ni civiles; es una política avalada o cuánto menos, tolerada por el Gobierno de Córdoba, que criminaliza a la juventud y a la población que vive en barriadas populares y de la periferia de la Capital”.

Recuerda que “una vez más, como en el homicidio calificado de José Antonio Ávila, los policías que allanaron ilegalmente las viviendas en busca de un vehículo robado, y que privaron clandestinamente de su libertad a un adolescente, al que amenazaron con matarlo mientras le apuntaban con sus armas reglamentarias; no dieron aviso a sus superiores”.

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Plantea que “la madre de la víctima denunció oportunamente este hecho de violencia institucional y el adolescente apareció con vida”.

Indica que “en estos casos es común que opere el espíritu de cuerpo, donde los uniformados que participaron directamente del hecho, como así también sus encubridores, borran, inventan y alteran pruebas contra su víctima, una práctica habitual en la fuerza que comanda la comisario General Zárate Belletti, pero que viene desde mediados de la década del ’70, en épocas en que Córdoba estaba en manos del genocida Antonio Navarro”.

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Finalmente reclaman que “22.000 efectivos (de la Policía provincial) sean formados en materia de Derechos Humanos y civiles; donde se respeten normas constitucionales básicas como la inviolabilidad del domicilio y que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”.

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