De nada sirven medidas aisladas como la de Ficha Limpia. Lo que importa son los significados de los 21 años de proceso que necesitó la Justicia Argentina para condenar a Germán Kammerath. Los más de 14 años que lleva el juicio por corrupción en la obra pública donde los empresarios han confesado sobornos por millones de dólares. Lo que importa es la pobreza y no los controles de precios.
Hay dos casos considerados inexplicables en el mundo de la economía y de la sociología: Japón y Argentina.
Japón: Dos bombas nucleares, 4 millones de muertos y desaparecidos, destrucción de su aparato productivo, ocupación extranjera, y reparaciones de guerra. Hoy es una de las seis potencias más grandes del siglo XXI.
Argentina: Ninguna guerra a excepción de Malvinas, inmensas reservas de agua dulce, la Pampa Húmeda única en el mundo en términos de capacidad productiva, sin armas nucleares, una población calificada por 100 años de educación pública, cinco premios Nobel, y el periodo democrático más largo de su historia. Hoy somos el país de mayor decadencia en términos de PBI y de pobreza en el siglo XXI.
¿Dónde fue que nos perdimos?
No se trata tan solo de incompetentes o corruptos gobernantes y menos aún de ideologías. Debemos aceptar que estamos frente a un sistema de construcción de poder político, económico y sindical basado en la corrupción. Y con alto impacto en la economía: Sobreprecios, sobornos, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Ese esquema de poder es la causa principal de la inflación, la pobreza y la corrupción. Y, también, del nulo crecimiento económico.
En la década del ‘80 éramos el país con el mayor PBI per cápita del continente. Hoy el tercero. Teníamos menos del 10% de pobres; hoy 40%. La inflación nunca pudo bajar del 40%. A ello se agrega hoy que el 82% de la sociedad desconfía de la Justicia con absoluta razón ya que un juicio por corrupción dura un promedio de 14 años y solo tiene un índice de condena del 4% y los bienes robados nunca son reintegrados a la sociedad (Informe Colegio de Abogados de Córdoba 2018).
Estos son hechos históricos fundados en datos estadísticos. Se debe aclarar que este sistema de acumulación de poder ha sido utilizado, protegido y garantizado por igual por los gobiernos neoliberales y por los gobiernos pseudo progresistas. Ambos con 14 años de gobierno utilizaron este modelo de poder. Y ello explica su impunidad judicial.
Paolo Mauro, economista del Fondo Monetario Internacional (FMI), construye un modelo matemático para medir el costo de la corrupción en los procesos de crecimiento económico. Por cada 10 puntos de aumento en el índice de corrupción, baja el crecimiento del PBI en un 0.5%.
La OCDE, que es el club de los países ricos, ya en el 2010 crea un Grupo de Trabajo de lucha contra la corrupción. Resulta increíble que en la Argentina ningún análisis económico tenga a la corrupción como variable central del “problema argentino “. El costo directo de la corrupción ha sido calculado en el Informe del Colegio de Abogados de Córdoba en 30.000 millones de dólares en el periodo 2004/2014. Y su costo directo siguiendo el análisis de Paolo Mauro es razonable estimarlo en un PBI entero en el periodo de la Democracia Argentina.
PROPUESTAS
1: Una Reforma Judicial que modifique el Código Penal y el Código Procesal Penal. Agravantes punitivos para los delitos del poder. No aumento masivos de penas. Interesa el Ministro y no el chofer.
2: La sentencia de segunda instancia es sentencia definitiva y de cumplimiento efectivo (Art. 8 p2“h” Convención Americana).
Ninguna política económica va funcionar en Argentina con una sociedad que en un 82% desconfía de la Justicia y de la Ley. Para devolver el valor a la moneda Argentina es indispensable recuperar confianza de la sociedad en la Justicia. No hay fórmulas económicas mágicas ni que sean independientes del recupero de confianza social en la Justicia.
No basta el proyecto de ficha limpia. Un procesamiento judicial firme por actos de corrupción debe implicar la suspensión del funcionario. Se trate de un funcionario público designado o elegido por el pueblo.
3: La toma de Deuda Externa por parte del Estado Argentino no podrá superar el 43% del PBI (Maastricht).
4: Generosos incentivos impositivos para toda actividad económica que genere valor agregado. En especial el tecnológico.
5: Los planes sociales de protección a la pobreza deben continuar.
Estado/empresas/sindicatos deben armar programas de capacitación laboral con salida rápida. Por ejemplo, ayudantes de enfermería, cuidado de personas enfermas y tareas de reciclados ecológicos.
6: Un plan quinquenal de crecimiento económico. Desagregado por sectores de la economía y con metas anuales verificables por organismos independientes de control.
7: Modificación de la curricula secundaria y universitaria. La corrupción y su impacto económico y cultural debe ser temática obligatoria de estudio como violación autónoma de los DDHH (Resolución 1/18 CIDH).
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Hoy Argentina está en una encrucijada. O chocamos de nuevo con el caos y la violencia del 2001 o cambiamos en serio ese sistema de acumulación de poder basado en la corrupción mediante un conjunto de políticas públicas integradas y sistémicas. Y Córdoba tiene un rol central en este desafío.
Somos la provincia con mayor independencia económica y política. Un aparato productivo diversificado. A diferencia del NOA y del NEA no dependemos del empleo público. Tenemos una larga tradición de rebeldía contra los autoritarismos. El gobernador de Córdoba y los 18 diputados nacionales deberían dar un ejemplo histórico y firmar juntos un proyecto de Ley que busque cambiar de fondo y en serio el sistema de poder basado en la corrupción que es la causa central de la inflación, de la pobreza, de la impunidad de la corrupción y del nulo crecimiento económico. Esta es la única manera de romper con la estúpida grieta.
* Juan Carlos Vega es diputado nacional (Mandato cumplido). UC Córdoba – UC Lovaina.
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