Dos comisarios, un subcomisario, un principal y dos oficiales, todos de la Policía de la Ciudad, fueron procesados con prisión preventiva por el encubrimiento del crimen de Lucas González, el adolescente asesinado de un balazo en la cabeza en el barrio porteño de Barracas, y las vejaciones a las que fueron sometidos sus tres amigos, ilegalmente detenidos.
Así consta en la resolución de 150 páginas, a la que accedió Télam, dictada por el juez Martín del Viso y que alcanzó a los comisarios Juan Romero y Fabián Alberto Du Santos, al subcomisario Roberto Inca, al inspector Héctor Cuevas y a las oficiales Lorena Miño y Micaela Fariña.
Todos ellos fueron procesados con prisión preventiva como coautores los delitos de “falsedad ideológica, falso testimonio y encubrimiento agravado en en concurso ideal”, a su vez en concurso real con “privación ilegal de la libertad agravada y porque en desempeño de un acto de servicio cometieron vejaciones contra las personas que se detuvieron”.
Además a Miño, Fariña, Cuevas e Inca los procesó por falso testimonio, ya que declararon como testigos el el sumario que inició la Policía Federal Argentina una vez que se apartó a los de la Ciudad de la pesquisa.
Finalmente, el juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 7 les dictó a los seis procesados un embargo sobre sus bienes por un millón de pesos.
Al momento de valorar las pruebas, Del Viso destacó las modulaciones policiales transcriptas por la División Intervenciones Judiciales de la PFA, de las que surge que pasaron casi 10 horas -desde las 9.56 a 19.22- entre que los acusados informaron que los jóvenes estaban armados hasta que efectivamente se halló una réplica de arma en el Volskwagen Suran azul en el que se trasladaban cuando fueron interceptados por tres efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Comuna 4.
También se remitió a las declaraciones de testigos del hecho y de las propias víctimas, que “permiten confirmar que los policías que llegaron al lugar siempre estuvieron al tanto del plan criminal” y evidenciaron “preocupación” porque “alguna fotografía se filtrara en los medios de comunicación”.
“Es necesario remarcar que los hechos acaecidos luego de los disparos que terminaron con la vida de Lucas y que buscaron hacer lo mismo con sus tres amigos nunca fueron presentados a la justicia de manera transparente y clara por parte de los efectivos que ahora se juzgan”, escribió Del Viso.
También mencionó el tiempo transcurrido desde que sucedió el hecho hasta que fue comunicado a la Justicia: “Como lo entiende la Fiscalía, hubo una demora sustancial en el llamado al solo efecto de urdir una trama para fraguar la escena y colocar de ese modo en victimarios a quienes habían sido damnificados de una brigada que abrió fuego indiscriminadamente contra cuatro adolescentes de solo 17 años de edad”.
Para el magistrado “la Fiscalía pudo demostrar -con la posibilidad que exige esta instancia- un retardo que parece justificarse en el montaje de una escena y en asegurar que prueba comprometedora pudiera trascender”.
Y respecto del arma “plantada”, escribió: “La colocación de un elemento de estas características dentro de un auto a instancias de efectivos policiales que deberían haber guardado una conducta ética y reglamentaria no hace otra cosa que complicar aún más las cosas”.
Al momento de procesarlos también por el delito de vejaciones, el magistrado tuvo en cuenta la quemadura que tuvo Lucas en una mano infligidas a instancia de los efectivos que se acercaron al automóvil antes de que fuera trasladado por el Same y la violencia con la que fueron tratados su amigos.
Tras conocer el fallo, el abogado de las familias de Lucas y de sus amigos, Gregorio Dalbón, dijo a Télam que se trata de una resolución “histórica, sin antecedentes de este tipo”.
“Vejaciones, racismo estructural, privaciones ilegítimas de la libertad a menores. Los torturaron, quedó demostrado”, aseguró el letrado, quien además agradeció la celeridad al juez y al fiscal de la causa.
“Las familias han recibido la noticia con mucha fe y esperanza de que la muerte de Lucas no sea en vano”, expresó, y reiteró la idea de reunirse con los ministros de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández; el bonaerense, Sergio Berni y Marcelo D´Alessandro, de la Ciudad, para coordinar acciones en post de mejorar los protocolos de las fuerzas policiales.
Los procesamientos con prisión preventiva habían sido solicitados por el fiscal de la causa, Leonel Gómez Barbella, tras la ampliación de las indagatorias de esos seis acusados llevadas a cabo el pasado lunes.
Otro pedido formulado por el fiscal fueron las detenciones de otros ocho policías de la Ciudad por el encubrimiento del hecho, aunque al respecto el juez aún no se expidió.
El crimen de Lucas fue cometido cerca de las 9.30 del 17 de noviembre, cuando el adolescente y sus amigos salieron de entrenar del club Barracas Central a bordo del Volkswagen Suran del padre de uno de ellos y se detuvieron en un kiosco situado en Iriarte y Luna, para comprar un jugo.
Tras ello fueron interceptados por un auto Nissan Tiida de la Brigada de Investigaciones de la Comuna 4, sin patente ni signos de ser policial, del que bajaron tres efectivos armados y sin identificar.
De acuerdo a las pruebas recabadas, los adolescentes creyeron que eran ladrones que iban a robarles, por lo que huyeron del lugar, momento en que los policías les dispararon desde distintos ángulos.
Al menos cinco tiros dieron en el auto y uno de ellos impactó en la cabeza de Lucas, quien tras ser atendido de urgencia en un hospital porteño fue trasladado y murió horas después en el hospital “El Cruce” de Florencio Varela.
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