Una protesta contra los despidos en la agencia Telam. Foto: Gentileza.
En una cruel colonización mental se nos pretende hacer creer que en Argentina, el problema económico del Estado está -entre otras situaciones que se sostienen como esenciales- en la cantidad de empleados públicos que existen. En función del razonamiento tramposo antes referido, el gobierno afirma que la solución de los males del déficit fiscal que se vive, pasa por achicar la planta de quienes trabajan en las reparticiones públicas y/o por reducir sueldos estatales o jubilaciones. Y a ello, se lo presenta como simples “efectos colaterales” a producir, en un supuesto bien mayor, que no queda claro que beneficie al pueblo.
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Aún más, hoy se justifican dichos “ajustes” también como requerimientos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Fondo éste, que nunca cuestiona los créditos e intereses exorbitantes que se exigen que se paguen a “fondos buitres” o los que se abonan como “riesgo país”, cuyo cálculo lo efectúa el Banco JP Morgan Chase. Banco éste que es también parte de los que reclamaron deuda externa odiosa e ilegítima a la Argentina. ¿Por qué el Fondo no manda a revisar si se justifican pagos de deuda externa que no corresponden abonar o intercede para que no se cobren intereses usuarios al país? De esa manera se podría reducir, en justicia, los gastos indebidos que traen el verdadero desequilibrio fiscal.
Pero ¿puede el Estado, con el pretexto de condicionamientos del FMI incumplir lo que dispone el artículo 23, de la “Declaración Universal de Derechos Humanos”, que tiene jerarquía constitucional en Argentina, (art. 75, inc. 22 de la Const. Nac.)? Por supuesto que no puede, ya que la norma referida dice expresamente, que “Toda persona tiene derecho… a la protección contra el desempleo”. Y agrega, en el artículo 30, que “Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración”.
Por lo que el Estado, ni el FMI podrían implementar o exigir políticas de desempleo, como se están llevando adelante en lo público y menos que se diga que desemplear sea sinónimo de “austeridad estatal”. Repárese que la evolución de los despidos en el sector público, en los primeros siete meses de 2018, asciende a 12.532 personas, como lo indica el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
Por lo que el Estado, ni el FMI podrían implementar o exigir políticas de desempleo, como se están llevando adelante en lo público y menos que se diga que desemplear sea sinónimo de “austeridad estatal”.
En un mundo en el que la información es fundamental para las personas y las sociedades, la gravedad de lo antes descripto se potencia porque el gobierno despidió a 354 empleados de la agencia estatal Telam. Ese número representa casi el 50% de la planta de empleados, que fueron cesanteados sin un plan preventivo de crisis, ni previo aviso, y sin que se expresaran motivos de relevancia que justificaran la medida. A la par de ello, han obviado cumplir medidas judiciales que favorecen a los trabajadores. La agencia que se desguaza por el Estado Nacional cumple una función esencial en defensa de la soberanía informativa, en un mundo globalizado. Ella es la generadora de contenidos y noticias que todos los días utilizan los medios de comunicación del país, como diarios, revistas, radios, canales de televisión y sitios digitales. Con la medida echaron a 48 corresponsales y de las corresponsalías en el país, a 6 las cerraron totalmente, no quedando nadie, como en Posadas, Resistencia, Formosa, Catamarca, Viedma y Rawson. A su vez, vaciaron las corresponsalías de Córdoba, Rosario y otras, matando de esa forma también el federalismo informativo.
La agencia que se desguaza por el Estado Nacional cumple una función esencial en defensa de la soberanía informativa, en un mundo globalizado.
El verdadero capital de una agencia de noticias, como bien cultural informativo, son sus trabajadores y con ellos se han ensañado en el accionar arbitrario del Estado. Respecto de la ilegítima decisión, baste señalar como un ejemplo, entre muchos otros, el caso de la periodista redactora especial Leticia Pogoriles de la sección de noticias internacionales de la agencia. Ella por sus méritos fue seleccionada por el programa de “Centro de Prensa China-América Latina” con una beca de cinco meses para ir a China, en 2017. Allí aprendió el idioma Mandarín, realizó valiosas notas desde ese lejano y estratégico país oriental y quedó preparada en la temática, pero sin razón alguna, como a otras y otros se la despidió. Y el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos Hernán Lombardi, con particular cinismo dijo, como un mérito del gobierno para vaciar la agencia Telam, el haber depositado la indemnización que corresponde por ley.
Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la República Argentina.
El verdadero capital de una agencia de noticias, como bien cultural informativo, son sus trabajadores y con ellos se han ensañado en el accionar arbitrario del Estado.
Por su parte y en el mismo sentido, a Radio Nacional la están secando. En las bandas de Frecuencia Modulada (FM) del medio estatal sólo se trasmite desde Buenos Aires. En general, al medio se lo está vaciando de contenidos locales y transformando a las radios que subsisten, en meras repetidoras, en un unitarismo de visión y perspectivas de discurso único inaceptable. A su vez, en los lugares en los que no estaban diferenciadas las trasmisiones AM y FM, directamente se cerró esta última, con despido del personal. También se ha cerrado a algunas emisoras nacionales en días feriados, evitando que se cumpla con la función propia de las radios señeras en nuestra frontera. Hubo 65 despidos en dos años, además, no se renovarán los contratos y el gremio comenta que se está pronto al cierre de 19 radios nacionales. Esta última situación, motivó la movilización de los trabajadores de la radio LT 12 de Paso de los Libres, entre otros reclamos llevados a cabo en este sentido en el país.
No podemos ser indiferentes antes esta problemática y tenemos que defender a los medios públicos y a sus trabajadores.
*Miguel Julio Rodríguez Villafañe es abogado constitucionalista y periodista columnista de opinión.
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