El Bloque de Legisladores Juntos UCR presentó un proyecto de resolución para crear una comisión de investigación parlamentaria que investigue la actuación de la jueza Marta Vidal en el escándalo del escrutinio inconcluso de las elecciones del pasado domingo 25 de junio.
Los legisladores de la UCR proponen que la Comisión de investigación parlamentaria, integrada por un legislador de cada uno de los bloques parlamentarios que conforman la Unicameral, dilucide “las gravísimas irregularidades surgidas de la contratación de la empresa a cargo (OCASA), y del control, fiscalización y carga de datos referidos a los comicios (provinciales)”.
La iniciativa también plantea que se debe resolver si la investigación “amerita la presentación de un jury de enjuiciamiento contra la Jueza Electoral Marta Elena Vidal y demás integrantes de la Junta Electoral”. La comisión debería expedirse en un lapso de 30 días.
El legislador Dante Rossi (UCR) expresó que “la tarea de la Junta Electoral que debía controlar el desenvolvimiento del comicio, y en particular de la Jueza Electoral Marta Elena Vidal, ha sido paupérrima. Desde la contratación de una empresa que había generado gravísimas dudas en su accionar en otras provincias, además de cercana al gobierno cordobés, hasta la adopción del sistema Turing, que derivó en las gravísimas irregularidades producidas en la fiscalización y carga de datos”.
Agregó que “resta saber si todas esas cuestiones tuvieron como objeto garantizar el triunfo de Martín Llaryora. El escrutinio definitivo dilucidará si hubo intención de torcer la voluntad popular en beneficio del gobierno. La calidad institucional de la Provincia es pésima, y ha sido corroborado este domingo”.
Rossi resaltó que “hasta la Presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, ha caratulado el acontecimiento como “papelón de la Justicia Electoral. Los Legisladores de la Provincia no podemos mirar este escenario sin actuar”.
También apunta el legislador que “una vez más la Jueza Electoral en el ojo de la tormenta, actuando en beneficio del gobierno. No había scanner ni personal suficiente para la carga de datos, no había conectividad, hay datos que no coinciden con las actas. Todo esto sumado a que desde la Justicia Electoral se desvirtuaba el voto obligatorio cuando se propagandizaba que no se iban a colocar multas a los que no lo hicieran o la posibilidad de votar de los fiscales en la mesa donde desarrollaban su tarea sin ningún tipo de control”.
Finalmente afirma que “tergiversar y cambiar la voluntad popular es un atentado contra el sistema democrático”.
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