La Justicia de Guatemala le ordenó el viernes al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, “abstenerse de realizar la adquisición de aeronaves Pampa III”.
Lo hizo, al resolver sobre un amparo provisional otorgado a Acción Ciudadana, la ONG filial de Transparencia Internacional. La medida la dispuso la Corte de Constitucionalidad (CC) de ese país.
En un comunicado de prensa dado a conocer por la CC, los jueces señalan que se deben agotar previamente los requisitos regulados en las leyes aplicables.
De acuerdo, a este dictamen, se interpreta que el gobierno de Morales esquivó las leyes para adquirir bienes y servicios por parte del Estado.
Cabe recordar, que la Fábrica de Aviones de Argentina (FADEA) vendió dos aviones de entrenamiento avanzado y ataque liviano IA63-Pampa III y un paquete de capacitación y servicios a Guatemala. El monto de la operación es de 28 millones de dólares. Sin embargo.
La decisión judicial, se suma al informe presentado por la Contraloría General de Cuentas (CGC) que ordenó al Ministerio de la Defensa suspender la compra de los aviones militares por no respetar la Ley de Contrataciones.
Morales había dicho el jueves, que seguirá siendo una prioridad para el Gobierno en el combate al narcotráfico y que buscarán “otra manera de realizar la compra”.
“Guatemala es el único país en el mundo que intercepta aviones (del narcotráfico) en camiones (…) eso no se puede hacer para toda la vida”, dijo Morales al justificar la millonaria compra el gobierno argentino de Mauricio Macri.
En respuesta a la resolución de la CC, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia indicó que esta “indica que de llegarse a dar una adquisición se debe seguir con la regulación y leyes aplicables, por lo que, de continuar con ese trámite, debe de regirse por las leyes que así lo contemplan”.
El avión argentino IA63-Pampa III.
El amparo fue resuelto por 4 votos a favor y 1 en contra. De este modo, la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional a Acción Ciudadana por lo que ordena al presidente Morales a abstenerse a adquirir o comprar los aviones militares sin agotar lo que establecen las normas vigentes internas.
El amparo tuvo los votos favorables de los magistrados Bonerge Mejía, Gloria Porras, José de Mata Vela y Neftaly Aldana, mientras que el voto disidente fue de Dina Josefina Ochoa Escribá, magistrada que ha votado siempre en favor de los intereses del Ejecutivo, quien fue quien la nombró.
Los jueces concluyen que “si bien se tuvo el aval de diversas instituciones estatales para la celebración del Convenio Específico de Cooperación Técnico-Militar con el Ministerio de la Defensa de Argentina, a través de la Fabrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín, S.A.” -FAdeA- para el suministro de equipo y material militar; el Ministerio de la Defensa adquirió compromisos sin contar con las asignaciones presupuestarias para su cumplimiento”.
Para la Justicia, el redireccionamiento presupuestario que se realizó para adquirir los aviones, afectaba “considerablemente los programas sustantivos del Ministerio, así como los productos y subproductos que se tienen planificados, lo que pondría en riesgo la continuidad de los servicios que por misión constitucional se prestan a la población”.
Finalmente, afirma que “el presidente de la República y las otras autoridades denunciadas en esta acción deben abstenerse de realizar la adquisición de aeronaves de tipo militar precisada en los actos reclamados, sin agotar previamente los requisitos regulados en las leyes aplicables, en atención estricta a lo que recomendó el subcontralor de Calidad de Gasto Público”.
QUÉ PASÓ
El convenio de provisión de los aviones, servicios de capacitación y mantenimiento, fue firmado el 3 de julio, por los ministros de Defensa de ambos países (Luis Ralda de Guatemala y Oscar Aguad de Argentina). Frente a la decisión unilateral de Guatemala, Argentina reclama el cumplimiento del contrato. Tanto los aviones, como los servicios habían sido valuados en 28 millones de dólares.
La operación está caída porque el gobierno de Guatemala no utilizó la Ley de Contrataciones del Estado para comprar los dos aviones IA63-Pampa III producidos en Argentina. Por ese motivo, la Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitó al Ejecutivo de ese país que desista de concretar la operación y el gobierno aceptó el planteo.
El Contralor General de Cuentas del Estado de Guatemala, Edwin Salazar, ratificó ayer que la compra del avión IA63-Pampa III por parte del gobierno de ese país “no era procedente”. Lo hizo al desmentir que la renuncia de uno de sus segundos, César Elías, hubiera sido a causa de haber firmado el rechazo a la operación por 28 millones de dólares, concretada con la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA).
Salazar afirmó en conferencia de prensa que “yo le pedí la opinión al Departamento Jurídico, dónde están los especialistas, y ellos trasladaron su opinión indicando que no era procedente, entonces giré la instrucción que recomendábamos que esto no procedía, pero le pedí el favor a César Elías que lo diera a conocer”. El motivo de esa solicitud es que Salazar estaba visitando la delegación de San Marcos, por lo cual le pidió favor a Elías para que fuera el portavoz e indicara que no procedía.
La ley de Contrataciones de Guatemala obliga a que se realice una licitación pública para adquirir bienes para el Estado. Según el organismo de control de los actos jurídicos de esa Nación centroamericana, no hay otro camino. En ese sentido, se sabe concretamente que no hubo licitación pública.
Ocurre que la adquisición de los Pampa III se habría realizado utilizando como base, un viejo acuerdo de Cooperación Científica y Técnica, firmado entre Argentina y Guatemala en 1980, y renovado un mes antes de que el presidente Jimmy Morales viajara a Argentina. La modificación se denomina Complementario de Cooperación. Dicha ampliación fue firmada por los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores de ambos países. Ese acto fue confirmado por el jefe de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Jorge Luis Donado.
Sin embargo, en Guatemala se discute justamente si el convenio de cooperación complementario entre los dos países permite o no una operación de este tipo y su legalidad. En principio, se considera que el acuerdo debió pasar por el Congreso, como sucedió con el acuerdo base que data de 1980. También hay coincidencia en que el convenio no es adecuado para adquisición de equipamiento militar. Lo concreto, al menos por ahora, es el que la Procuración Generla de la Nación (PGN) concluyó en que el único modo de efectuar la adquisición era por vía de la Ley de Contrataciones del Estado. El caso es además investigado por la Fiscalía contra la Corrupción.
El lunes, el titular de FADEA, Antonio Beltramone, le planteó a Ralda, a través de una carta, “la disposición de Argentina de considerar alternativas posibles para la adecuación del contrato firmado en la medida que existan garantías de para el cumplimiento de los compromisos asumidos”.
De lo contrario, menciona la misiva, podrían proceder por la vía del reclamo legal por incumplimiento de los acuerdos. En ese sentido, dice textualmente que “reservará el derecho para ejercer las acciones para el resarcimiento que correspondan”.
