El niño Máximo Albarracín. Uno de los electrodependientes de Córdoba. Foto: Facebook.
“Pedimos que la provincia de Córdoba, sin más trámites adhiera a la Ley Nacional o sanciones una ley provincial que otorgue iguales o superiores derechos, de manera que sea superadora y garantice, entre otros puntos, la gratuidad de la tarifa eléctrica, conforme lo establece la ley nacional 27351”. El reclamo fue dado a conocer por La delegación cordobesa de la Asociación Argentina de Electrodependientes a través de un comunicado de prensa y en medio de una fuerte controversia con los legisladores de Unión por Córdoba (UPC) y el gobierno provincial, que impulsan una norma controversial.
La discusión está focalizada en el artículo 5 del proyecto de ley provincial de electrodependientes, que afirma lo siguiente: “El titular del servicio o uno de sus convivientes que se encuentre registrado como paciente electrodependiente por cuestiones de salud tendrá un beneficio mínimo de la “Tarifa Social Provincial”, pudiendo llegar al 100% del total de los componentes de la tarifa del Servicio de Energía Eléctrica, garantizándose en su domicilio el servicio eléctrico en forma permanente. El medidor de consumo de energía en dicho domicilio deberá estar debidamente identificado”.
Esta concepción propone un mínimo, que es la tarifa social y un máximo, que es la bonificación del 100% del consumo eléctrico. Esta idea, conlleva el concepto de que hay distintos tipos de electrodependencia, una definición que vulnera la ley 27351 y que no tiene sustento científico.
No aceptamos se apliquen porcentajes de descuento de ningún tipo, por no ser el espiritu de la ley nacional”.
La Tarifa social resérvenla para los casos de necesidad de personas que atraviesen problemas económicos, los electrodependientes ya tenemos tarifa social y no es lo que reclamamos ni lo que planteamos recibir ni lo que por derecho deben reconocer”.
La ley nacional abarca a todos los electrodependientes, sin distinciones. Para ello, establece cuatro principios básicos: gratuidad del servicio; creación del registro de electrodependientes; apertura de una línea telefónica y exclusiva de atención las 24 horas para denunciar cortes de energía o bajas de tensión y recibir información concreta sobre la restitución del servicio; y provisión y mantenimiento de un generador de energía eléctrica para garantizar la provisión permanente del servicio.
La Asociación, en su comunicado de prensa, afirma que “la controversia actual es reconocimiento de derechos versus otorgamiento de beneficios caritativo / asistenciales”.
Agregan que “rechazamos todo intento de limitar, conculcar o vulnerar derechos reconocidos y tutelados por la Convención Internacional de Derechos Humanos, Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, la propia Constitución Nacional de la República Argentina y específicamente la Ley Nacional 27.351 de electrodependientes”.
En esa línea, denuncian que “los electrodependientes de Córdoba se sienten discriminados por los legisladores de Unión por Córdoba y reclaman se respeten sus derechos, y que estos sean dignificados, valorizados, reconocidos y garantizados”.
También explican que “pretendemos que se reconozcan los derechos otorgados por la mencionada Ley Nacional y tutelados por establecidos por Convenciones Internacionales de Derechos Humanos”.
Finalmente plantean que “rechazamos que traten a nuestros electrodependientes como objeto de políticas asistenciales, con el fin de ejercer con ellos prácticas de clientelismo político que son rechazadas por la sociedad actual y que pretendan que con todas sus dificultades encima deban mendigar la aplicación de un porcentaje mayor o menor que quedaría al arbitrio de la pura subjetividad de la persona que toque en suerte evaluar cada caso”.
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