El SUOEM (Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales) amplió la denuncia por violación del artículo 157 bis del Código Penal, que “prohíbe la difusión de los datos personales que afectan la privacidad, la seguridad personal y la seguridad patrimonial” al director de Planificación, Coordinación y Capacitación de la Municipalidad, Matías Bosio, y al secretario de Modernización, Comunicación y Desarrollo Estratégico, Marcelo Cossar.
Estos funcionarios se suman al intendente Ramón Mestre (h) y el secretario general de la comuna Daniel Arzani. La medida de la Municipalidad de Córdoba de difundir información personal, laboral y salarial de sus empleados en el portal de transparencia ha originado un conflicto con los trabajadores municipales, a la par que el SUOEM denunció penalmente en la Justicia a los funcionarios responsables de la decisión.
La presentación fue realizada por los abogados del SUOEM, Feliz López Amaya y Roberto Najera.
“La ampliación de la denuncia -dice el SUOEM en un comunicado de prensa- es por la cadena de las responsabilidades en la publicación de los datos de quienes participaron en las ordenes para publicarlo”.
El tramo del artículo 157 bis del Código Penal que se vincula a este planteo judicial señala lo siguiente:
“Será reprimido con la pena de prisión de un (1) mes a dos (2) años el que:
- Ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información registrada en un archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de la ley.
Cuando el autor sea funcionario público sufrirá, además, pena de inhabilitación especial de un (1) a cuatro (4) años”.
El viernes, López Amaya le había dicho a ENREDACCIÓN que el jefe comunal “es un funcionario infiel porque reveló datos personales de sus empleados, a los que está obligado a proteger”. El mismo criterio se extiende a todos los funcionarios denunciados.
¿Cuáles son los datos que brinda el portal Web de la Municipalidad? La repartición en la que trabaja cada empleado, su DNI, Nombre y Apellido, y salario mensual, además de una serie de datos administrativos y contables internos de la Municipalidad.
López Amaya, que fue fiscal de Estado del gobierno de la Provincia, considera que hay datos que pueden publicarse, pero con el límite en los derechos personales de los empleados, esto es “la información que hace a la privacidad y seguridad personal y patrimonial de la persona”. Un ejemplo de lo que no debería publicarse, según ese planteo, es el DNI.
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