Fuentes oficiales confirmaron a ENREDACCIÓN que se investigan las responsabilidades por los pagos efectuados en forma irregular y se estudia la posibilidad de recuperar los fondos a través de la Procuración del Tesoro.

El director de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, Miguel Barella. (Foto: Facebook)

La Fiscalía de Estado de la provincia, que conduce Jorge Córdoba, tiene en sus manos la investigación de las responsabilidades por los pagos realizados en forma irregular en el Ministerio de Educación de la Provincia.

Mientras tanto, se analiza también la posibilidad de gestionar el recupero de los fondos pagados y que corresponden al Estado a través de la Procuración del Tesoro.

Así lo confirmaron a ENREDACCIÓN fuente oficiales. El trámite comenzó en agosto de 2016 a través de la Dirección de Asuntos Legales de Educación, a cargo de Alfredo Oscar Colazo, y a instancias de la Secretaría de gestión Administrativa del Ministerio de Educación, que dirige Rodolfo Nicolás Carvajal.

La investigación administrativa se realiza en el marco del Estatuto del Empleado Público, esto es, la Ley N°7.233, explicó la fuente consultada.

Además, la misma fuente, dijo que “el objetivo es identificar a los responsables de las conductas que, por acción u omisión, con dolo o con culpa, facilitaron este perjuicio al Estado Provincial”.

Hasta el momento, el sumario no habría determinado cuáles son las responsabilidades que pudieran corresponderles a los autores, esto es, si se agotan en el plano administrativo, o si el accionar también se extiende a los ordenes civil y/o penal. Esto implica, que no se descarta que puedan efectuarse denuncias penales.

Además, la fuente consultada, señaló que “se están auditando las actuaciones para determinar con precisión el monto a que asciende el daño”.

EL CASO

ENREDACCIÓN publicó la semana pasada que en el área de Recursos Humanos del Ministerio de Educación se “cajoneaban expedientes” por reclamos de haberes liquidados en exceso a personas que iniciaban trámites jubilatorios. Al borde de la prescripción, estos trámites eran “resucitados”, aparentemente con la intención de evitar responsabilidad, pero debido al exiguo tiempo disponible para demandar, la deuda no se reclamaba, perjudicando al erario público.

El área en cuestión tiene como director a Miguel Barella y como jefe de Personal a Luis Funes. Aún no se conoce si hay más personas en observación por este caso.

La operatoria observada tiene que ver con los docentes que inician trámites jubilatorios o por bajas, pero que continúan trabajando y percibiendo haberes durante el período que se prolonga el expediente del retiro laboral. Este tipo de trámites suele llevar meses y hasta años, aunque con el aliciente para el empleado de que al concretarse la jubilación, se le abonan de manera retroactiva todos los haberes correspondientes desde la fecha en la que inició el trámite.

Ello terminaba generando una situación de “doble pago”, ya que por los mismos períodos devengados se les paga jubilación (retroactiva) y salarios. Frente tal circunstancia, el área de Recursos Humanos de la cartera educativa está obligada a hacer el reclamo formal ante el nuevo jubilado, para que devuelva lo pagado en exceso.

Lo que corresponde en situaciones como esta, es un cálculo de lo pagado en exceso y una intimación formal por Carta Documento para que el beneficiario se presente “en el área de Personal a los fines de regularizar los montos cobrados exceso”, fórmula que se repetía en cada uno de estos instrumentos enviados a los ex-dependientes.

Al parece, las Cartas Documento se enviaban, pero luego, “misteriosamente” se “las cajoneaba”

En derecho administrativo, las obligaciones tienen un plazo de prescripción de cinco años, con lo cual toda deuda que no se reclame judicialmente antes de esa fecha queda sin efecto. Y eso es lo que aparentemente sucedía.

VER MILLONARIO PERJUICIO POR ADMINISTRACIÓN INFIEL EN EDUCACIÓN.

Con la Colaboración de Fabián García.

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