Creen que en Recursos Humanos cajoneaban expedientes por reclamos de haberes liquidados en exceso a personas que iniciaban trámites jubilatorios. Al borde de la prescripción, “resucitaban” las carpetas para que salieran de su órbita. Los deudas no pudieron ser recuperadas.

Miguel Barella, director de Recursos Humanos del Ministerio de Educación. En su repartición se “dormían” expedientes por deudas que luego prescribían.

Más de un centenar de reclamos administrativos por deudas fueron literalmente “dejados morir” por funcionarios del área de Recursos Humanos del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba.

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En una operatoria que pareciera haber sido sistemática, responsables de esa repartición omitieron deliberadamente continuar por vías administrativas los reclamos sobre deudas mayoritariamente de docentes, a quienes se les había liquidado haberes en exceso por lo que luego procedían reclamos formales que nunca fueron impulsados.

LA SITUACIÓN Y LA OPERATORIA

Solicitando absoluta reserva, fuentes de la cartera conducida por Walter Grahovac detallaron con precisión cómo era la operatoria que perjudicó en al menos 7 millones de pesos al fisco provincial, situación que a estas horas, puertas adentro, tendría bajo observación al director de Recursos Humanos, Miguel Barella, y al jefe del Área de Personal, Luis Funes. Aunque podría haber más personas involucradas.

La operatoria tiene que ver con los docentes que inician trámites jubilatorios o por bajas, pero que continúan trabajando y percibiendo haberes durante el período que se prolonga el expediente del retiro. Este tipo de trámites suele llevar meses y hasta años, aunque con el aliciente para el empleado de que al concretarse la jubilación, se le abonan de manera retroactiva todos los haberes correspondientes desde la fecha en la que inició el trámite.

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Ello termina generando una situación de “doble pago”, ya que por los mismos períodos devengados se le paga jubilación (retroactiva) y salarios. Frente tal circunstancia, el área de Recursos Humanos de la cartera educativa está obligada a hacer el reclamo formal ante el nuevo jubilado, para que literalmente devuelva lo pagado en exceso. “No hay otra alternativa que hacerlo de este modo, porque al tratarse de personas jubiladas, ya no se les puede descontar por planilla, como se lo haría con personal en actividad”, describió una calificada fuente a ENREDACCIÓN.

Lo que corresponde en estos casos es un cálculo de lo pagado en exceso y una intimación formal por Carta Documento para que el beneficiario se presente “en el área de Personal a los fines de regularizar los montos cobrados exceso”, fórmula que se repetía en cada uno de estos instrumentos enviados a los ex-dependientes.

“Efectivamente, las Cartas Documento se enviaban a esta gente, pero luego ‘misteriosamente’ se las cajoneaba durante años”, señaló la misma fuente.

En derecho administrativo, las obligaciones tienen un plazo de prescripción de cinco años, con lo cual toda deuda que no se reclame judicialmente antes de esa fecha queda sin efecto. Y eso es precisamente lo que sucedía.

En derecho administrativo, las obligaciones tienen un plazo de prescripción de cinco años, con lo cual toda deuda que no se reclame judicialmente antes de esa fecha queda sin efecto. Y eso es precisamente lo que sucedía.

“Cuando las deudas estaban cercanas a prescribir -explica la misma fuente-, se las enviaba al área de Sueldos para que ratifiquen o rectifiquen la cifra”, trámite meramente formal, pero sin una real razón de ser llevado a cabo, ya que se solicitaba un recálculo sin que hubiera mediado ninguna contestación por parte del deudor como para que efectivamente corresponda una revisión de lo calculado.

El expediente retornaba a Personal, pasaba al área de Legales del mismo ministerio y luego se lo elevaba a la Procuración General del Tesoro de la Provincia para que se intentara el cobro. Sin embargo ya era muy tarde. “Por economía procesal, y porque se trataba de deudas de entre 35 mil y 100 mil pesos muy cercanas a prescribir, lógicamente la Procuración las mandaba al archivo”, sostiene el autor de la denuncia.

NEGLIGENCIA O ¿ALGO MÁS?

En este edificio sobre la calle Santa Rosa, funciona el área de Recursos Humanos.

Hacia mediados de 2016 ya se verificaban unas 70 Cartas Documento correspondientes al período 2013 que fueron literalmente “dejadas morir”, y se estimaba una cifra similar para los años anteriores. A un reclamo promedio de 68 mil pesos por expediente, un cálculo prudente indica un perjuicio por más de 7 millones de pesos contra las arcas provinciales, las mismas de donde salen los sueldos que el Ejecutivo se resiste a recomponer en las actuales paritarias docentes.

Lo que a primera vista aparece como una simple “negligencia” en la gestión de recupero de estas acreencias, podría ser algo más, teniendo en cuenta que la situación fue varias veces advertida al responsable del área, Miguel Barella. Y según la documentación a la que tuvo acceso ENREDACCIÓN, se habría dado de manera sistemática, lo que hace pensar en algo más que mera desidia.

“No se puede descartar alguna situación irregular en esta manera sistemática de dejar caer las deudas”, señaló con prudencia la misma fuente. En concreto, se refiere a la posibilidad de que se hicieran algún tipo de “arreglo” irregular con los deudores por un monto menor a la deuda, a cambio de dejar que la obligación “cayera” luego por prescripción.

CASOS CONCRETOS

El caso de Alicia R.F.

 

ENREDACCIÓN dispone de parte de la documentación que confirma, al menos, la existencia de irregularidades en la gestión de recupero de estas deudas.

Uno es el caso de Alicia R. F. En 2011 tenía  una deuda de $53.775, que actualizada a valor dólar, hoy sería de $202 mil. Cuando estaba aún a tiempo de ser reclamada, la carpeta cayó en el área de RRHH, donde inexplicablemente permaneció sin alteraciones ni novedades durante 628 días. Al borde de la prescripción de los 5 años, pasó por el sector Sueldos otros 141 días -una demora administrativa “aceptable”- y luego por el área de Personal, con otros 135 días hasta recaer finalmente en Legales (DCAL) a fines de 2016, cuando ya había poco por hacer para recuperar la acreencia.

En el caso de Ramón D. la irregularidad aparenta ser bastante mayor. Según el sistema, se le dio de baja como empleado en septiembre de 2010, registrándose una deuda de $ 36.151 ($142.500 a valores actuales). Entre el 12 de agosto de 2011 y el 20 de marzo de 2014, su expediente se estancó durante 952 días en Recursos Humanos. La deuda prescribió en 2015 y resulta incobrable.

Hay más casos. Como el de Esther P., cuya deuda asciende a $22.344 a valores históricos ($84.471 a cifras de hoy). Se repite el esquema. Su carpeta permaneció inexplicablemente 916 días en Personal, lo que volvió la deuda incobrable.

La ruta del expediente de Ramón D.

Siguen los casos: Mirta L.; deuda desde 2011 de $ 4.325, estancada 1.313 días. Medrano F.; deuda de $6.139 desde 2011, con 1.238 días de cajoneo. Beatriz M.C.; deuda de $9.775 que data de 2013, 1.156 días frenada también en Personal. Amalia G., con una deuda de $34.338 y 1.110 días de espera en la misma repartición. María S., que debe $15.758 desde 2011, y su expediente se paralizó durante 1.220 días.

La lista podría seguir. En total fueron constatados 15 casos en los que se verifica la misma irregularidad, siempre en perjuicio del fisco y en beneficio de los deudores.

Al momento de elaborar este informe, ENREDACCIÓN intentó consultar al contador Rodolfo Nicolás Carvajal, secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Educación. En su lugar atendió la contadora Susana Santa Engracia, quien ante la requisitoria periodística prometió información al respecto. Sin embargo, al cierre de este informe no había sido suministrada.

Otro documento con una deuda de más de 53.000 pesos.

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