El reclamo de justicia en el barrio Villa 9 de Julio, donde vivía David. (Web).
El 20 de diciembre de 2001 la represión policial en Córdoba se cobró la vida de un niño de 13 años, la de David Moreno. Más de 15 años después, tres policías comenzaran a ser juzgados el lunes en la Cámara 1° del Crimen, acusados de haber participado de la muerte del adolescente. Ninguno de los tres formaba parte de la cúpula policial responsable de haber ordenado la represión en las jornadas del 19 y 20 de diciembre. En esos días hubo más de 35 víctimas en todo el país, durante las protestas que concluyeron con la renuncia del presidente Fernando de la Rúa.
Esa tarde, David salía corriendo cuando la policía empezó a disparar contra los vecinos que se agolpaban frente a un supermercado Minisol, de barrio Villa 9 de Julio, uno de los tantos escenarios donde la gente se movilizó para reclamar alimentos. La autopsia determinó que fue herido con cinco proyectiles, algunos de goma y otros de plomo. De la nuca le extrajeron una posta de plomo que pertenecería a un cartucho disparado por una escopeta calibre 12/70 usadas por la Guardia de Infantería.
El acusado de haber efectuado uno de los disparos que dio en el cuerpo de Moreno es el oficial Hugo Cánovas Badra, que por entonces tenía 26 años y permaneció tres detenidos hasta que ya no se pudo extender más su prisión preventiva. Está acusado de homicidio simple, lesiones graves y disparo de arma de fuego. Además están acusadas las policías Daniela Alejandra Adán y Laura Estela Freire, por falso testimonio, referido a la entrega de municiones con postas de plomo.
Quedaron afuera del proceso Luis Omar Farías (comisario Inspector) a cargo del operativo, el Jefe de la Patrulla Preventiva Norte, Juan Antonio Pesci, y el Sub Comisario Pucheta. En 2010, tras pagar una multa de 750 pesos, Farías, el jefe del operativo quedó sobreseído en una causa por “violación de los medios de prueba”, es decir por dañar la escena del crimen.
Badra siempre sostuvo que es inocente y, mientras estuvo detenido, se definió como “un preso político”. Sostiene que los jefes de por entonces lo eligieron, “por ser joven y no tener hijos”. Desde un principio, la familia de David afirmó que sólo se centró la investigación en los rangos más bajo de una larga cadena de responsabilidades.
La causa llegó a acumular 19 cuerpos de prueba, aunque nunca se ordenó realizar una pericia balística, por ejemplo. El Fiscal Raúl Garzón elevó a juicio el expediente en 2009, sin ningún responsable jerárquico.
Ese fue el reclamo principal de María Elba Martínez, la abogada de la familia ya fallecida. En el juicio oral, los padres de David serán representados por abogada Adriana Gentile, integrante de la fundación “María Elba Martínez”, con colaboración de la Campaña Nacional Contra la violencia Institucional.
“Lo que se sabe es que la orden de disparar con balas de plomo vino de arriba. Jorge Mario Rodríguez dijo que todos lo sabían. Que hubiera un solo muerto, es un milagro”, dijo Gentile en una conferencia de prensa, realizada esta semana. También enumeró una serie de dilaciones judiciales que hicieron que pasaran más de 15 años sin juicio. En todo este tiempo, no fueron ordenadas pericias balísticas.
Rosa Martínez, madre de David, expresó: “Creo que va a ser muy difícil condenar a los responsables, al menos que se reconozca que hubo responsabilidad gravísima del Estado”.
En diciembre de 2004, la Cámara Sexta del Crimen de Córdoba resolvió dejar en libertad por falta de pruebas al policía Hugo Ignacio Cánovas Badra. Sin embargo, la no desvinculó al acusado del caso, sino que ordenó que se profundice la pesquisa “indagando en la estructura de la misma policía y en la esfera de la cual depende dicha institución”. Más de una década de aquella resolución judicial, nunca se avanzó en la estructura policial.
En distintos distritos judiciales del país, las causas por las muertes ocurridas el 19 y 20 de diciembre se hicieron esperar. En mayo del año pasado se dio a conocer la última sentencia, por cinco muertes y más de un centenar de personas heridas en Plaza de Mayo. Pero en ese caso, las responsabilidades políticas si fueron condenadas. Enrique Mathov (ex secretario de Seguridad), y tres jefes de la Policía Federal fueron condenados a 4 años y 9 meses de cárcel.
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