En junio de 2015, Giménez fue atacado en su domicilio por alguien que le propinó un culatazo, al grito de “¡Esto te pasa por zurdo y traidor!”
En medio de la multitud que había venido a su hogar para darle el último adiós el 27 de febrero de 1976, un niño de 11 años miraba a través de sus ojos inundados el féretro de su padre.
El fallecido era Alberto César Giménez, un reconocido gremialista de la época que había sido varias veces amenazado por la Triple A y el Comando Libertadores de América, hasta que el aviso se cumplió en la calurosa madrugada del día anterior.
El que lo miraba era Julio Giménez, en aquel entonces lo suficientemente pequeño para no entender lo que había sucedido ni por qué; pero lo suficientemente grande para jurarse que sería él quien se encargaría de averiguarlo.
El niño de aquella jornada tiene hoy 52 años. Hace seis que está retirado de la Policía de Córdoba, y poco más de ocho que logró desentramar lo que fue la pregunta de su vida.
A su padre, al Oso Giménez como se lo conocía en el sindicalismo nacional, no lo mató una interna sindical. Tampoco fue Montoneros, como en aquel entonces informaron los medios de prensa. Al secretario general del gremio de los Pasteleros, al dirigente que fue cercano a Agustín Tosco y a Raimundo Ongaro, lo mató el Comando Libertadores de América.
El asesinato del sindicalista cordobés sacudió la escena en febrero de 1976, prenunciando lo que un mes más tarde llegaría.
A esa verdad llegó después de 24 años de silenciosa investigación. Desde adentro de la Policía, Giménez, el hijo, se armó de paciencia para desempolvar los archivos, rescatar sumarios, investigar conexiones, entrevistar a amigos y compañeros de su padre. Nunca dejó de buscar y poco a poco fue llegando a la conclusión de que su padre era también víctima del terrorismo de Estado. Había sido una de las tantas víctimas del D2.
“CORTALA CON ESO”
Cuando en julio de 2009 Giménez puso a la plana mayor al tanto de su investigación y de su decisión de llevar la información a la fiscalía del Juzgado Federal Nº3, su carrera policial entró en zona de turbulencias. Amenazas, aprietas, traslados repentinos, caída abrupta en las calificaciones. En realidad nada demasiado novedoso dentro de la institución policial, que con frecuencia apela a este tipo de maniobras para “disciplinar” a la tropa.
Giménez denunciaría luego que quien era su superior jerárquico como jefe de las Departamentales Sur, visiblemente molesto al enterarse de su intención de presentar la denuncia ante la fiscalía federal, fue enfático al advertirle: “Cortala con esa investigación del D2, porque vas a terminar igual que tu viejo”.
El autor del exabrupto era un protegido del entonces jefe Alejo Paredes y del gobierno provincial, al punto que en enero de 2013 escaló hasta el cargo máximo de jefe de Policía. No era otro que Ramón Ángel Frías.
Ramón Frías. Su paso por la jefatura culminó con el narcoescándalo en 2013. Giménez lo denuncia como autor de una amenaza en su contra, para que deje de investigar la muerte de su padre.
El uso forzado de más de un año de vacaciones que le adeudaban puso al denunciante fuera del alcance de nuevas persecuciones dentro de la fuerza, y le permitió llegar casi a gatas al retiro, donde al menos quedó a salvo de ese tipo de medidas. No así de los nuevos aprietes que sufrió en su propio domicilio de Alta Córdoba, donde varias veces fue “visitado” por agentes policiales encubiertos o bien uniformados (algunos de ellos a bordo de motocicletas), y donde también en una ocasión fue atacado a golpes por un matón, al grito de “¡Esto te pasa por zurdo y traidor!” (el episodio ocurrió el 6 de junio de 2015, y felizmente sin mayores consecuencias que una herida en el rostro perpetrada con la culata de un arma 9 milímetros).
Nada de eso hizo mella en su determinación de avanzar con la causa de su padre, que estuvo a punto de sumarse a la llamada Megacausa de La Perla, juzgada y condenada entre 2013 y 2016. Pero los tiempos no dieron, y debió esperar.
DOBLE LLAMADO
El día en que Julio Giménez recibió la notificación oficial con la fecha de inicio de las audiencias del juicio de su padre, sintió que su lucha había llegado al último escalón. O al penúltimo tal vez. Pero que las cosas estaban encaminadas para que después de más de cuatro décadas se conociera la verdad sobre aquel asesinato y sus responsables.
Sólo 24 horas le duró ese sosiego. El 10 de agosto, sólo un día después de anoticiarse de la novedad del juicio, le entregaron en mano propia un oficio cursado por el juez federal de Bell Ville Sergio Pinto, en el cual le comunicaba que debía presentarse ante esa jurisdicción por haber sido procesado como supuesto autor del delito de hurto y violación de domicilio, en carácter de instigador.
Facsímil de la notificación del juez Pinto, quien a 9 años del episodio de hurto, decide procesar a Giménez.
La acusación correspondía a una denuncia formulada por un “testigo encubierto” luego de un procedimiento antidrogas en Marcos Juárez, donde Giménez revestía como comisario.
Concretamente, en esa causa hacen responsable a quien fue el oficial a cargo de un procedimiento exitoso de secuestro de drogas y de materiales relacionados con el narcomenudeo, efectuado el 20 de junio de 2008, por supuestamente haber hecho que un dependiente ingresara a una vivienda y sustrajera un colchón viejo y una amoladora.
Lo llamativo es que en la causa no hay damnificado, no hay denunciante, sólo un testigo policial encubierto, y cuatro acusados: Giménez y tres subalternos que se desempeñaron bajo sus órdenes aquella noche. Cuatro personas para robar un colchón.
La exposición del “testigo encubierto” debe haberle resultado demasiado vidriosa al entonces juez Oscar Valentinuzzi, quien luego de analizar la instrucción de la causa, resolvió dictaminar la falta de mérito el 24 de abril de 2012. Eso fue hace ya más de cinco años.
Lo llamativo es que en la causa no hay damnificado, no hay denunciante, sólo un testigo policial encubierto, y cuatro acusados: Giménez y tres subalternos que se desempeñaron bajo sus órdenes aquella noche. Cuatro personas para robar un colchón.
Cuando Giménez comenzó a percibir las señales de persecución dentro de la fuerza policial, coincidentes con el momento en que decidió llevar la causa de su padre a la Justicia Federal, tuvo el reparo de consultar en el mismo juzgado de Bell Ville acerca de su situación. De allí obtuvo documentación aclaratoria sobre su situación procesal: “No se registra causa alguna en la que aparezca como imputado GIMÉNEZ PIZARRO, Julio César”, fue lo que firmó el secretario del juzgado, Guillermo Alonso, el 13 de noviembre de 2009.
POR QUÉ VUELVE A SURGIR
Basta con repasar por encima los detalles de la causa por la que fue notificado Giménez un día después de que le avisen que comenzará el juicio por el crimen de su padre, para entender la singularidad de la cuestión.
- Es una causa por hurto simple más violación de domicilio.
- No lo denuncia el supuesto damnificado sino un “testigo encubierto”.
- No se precisa el domicilio del que supuestamente fue hurtada una amoladora y un colchón viejo.
- No hubo allanamientos para intentar recuperar esos objetos.
- La causa no avanzó nada, al punto que en 2012 fue dictada su falta de mérito.
- El máximo de la pena en caso de que fuera declarado culpable es de dos años y ocho meses de prisión, lo que a 9 años de aquel episodio implica que el plazo de prescripción ya fue tres veces superado.
Es demasiada coincidencia”, respondió Julio Gimémez. “Que me llegue al día siguiente a la notificación de las audiencias por el homicidio de mi viejo es toda una señal”, aventura.
Pero a ello se le agregan algunos otros detalles. Cuando Giménez recibió la falta de mérito por parte del juez Valentinuzzi, esa decisión no fue apelada por la fiscalía de instrucción, con lo cual quedó firme. No obstante ello, al reflotarse ahora la causa, el nuevo juez (designado por Macri en junio de 2016), toma una resolución contraria a la de su propio juzgado, no sin antes conceder a la fiscalía la apelación por aquella decisión de 2012. Es decir, habilita el juez Pinto la vía recursiva pese a que pasaron más de cinco años de emitida la resolución que se recurre. Probablemente sea un nuevo récord para la desvencijada reputación de la Justicia Federal, pero es cierto.
El juez Sergio Pinto (izquierda) resolvió procesar a Giménez por un supuesto delito de hurto ocurrido hace nueve años.
¿Cómo se entiende que un juzgado reflote una causa que ese mismo juzgado había ya desestimado, cuando se venció el triple de plazo necesario para la prescripción, cuando se trata de una acusación sin denunciante, sin damnificado, sin precisiones más que lo que dice un testigo encubierto?
Para Giménez no puede haber otra respuesta que un nuevo apriete. “Es demasiada coincidencia”, le respondió a ENREDACCIÓN. “Que una causa tan absurda me llegue al día siguiente a la notificación de las audiencias por el homicidio de mi viejo es toda una señal”, aventura.
El planteo del comisario retirado e hijo del sindicalista parece tener asidero en el hecho de que durante las audiencias que comenzarán el 13 de noviembre próximo ante el Tribunal Oral Federal 1, bajo la presidencia de Julián Falcucci, es muy probable que quede de manifiesto la inacción de la Justicia Federal en pleno gobierno democrático (febrero de 1976), cuando el entonces juez federal Nº2, Humberto Vázquez, solicitó la apertura de la investigación por la muerte del sindicalista. Nadie lo acompañó en aquel entonces, y a los dos meses, consumado el golpe, el magistrado presentó su renuncia para no avalar desde la Justicia el terrorismo de Estado que ya estaba percibiendo.
Pero además la querella de la doctora Adriana Gentile, en representación de Giménez, no sólo planteará detalles acerca de la participación concreta y directa de la Policía de Córdoba en aquel asesinato a sangre fría y por la espalda, sino que además tiene decidido exponer y demostrar (vía documentación, testimonios, archivos de audio, etc.) la decisión de las sucesivas cúpulas policiales “para encubrir y dilatar la causa, y proteger a los implicados”, según señaló Giménez, quien vivió en carne propia y en su carrera policial esta política de encubrimiento.
Por el momento, lo que se sabe es que el cartero de la Justicia Federal llamó dos veces en el domicilio de Julio César Giménez Pizarro, el hijo del sindicalista, el policía que investigó aquél crimen.
¿Simple coincidencia?
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