La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Córdoba reclamó al Gobierno provincial un desagravio histórico, suprimiendo de la nómina de jefes de la Policía de Córdoba y que sean retirados los cuadros con sus fotografías de la Galería de Honor de ex Jefes de Policía, el teniente coronel, Antonio Domingo Navarro y el comisario de la Policía Federal, Héctor Luis García Rey.
La nota dirigida al gobernador Juan Schiaretti fue presentada el 9 de octubre y lleva las firmas de los titulares de la APDH Córdoba, Mabel Edith Sessa, Luis Baronetto, Alfredo Schclarek Curutchet y Carlos Vicente. Además, cuenta con el apoyo de las regionales Río Cuarto, Villa María y Río Tercerode la APDH; la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba; la Liga Argentina por los Derechos Humanos; ABUELAS Córdoba; HIJOS Córdoba; la Asociación civil de Ex presos políticos de Córdoba; los Ex presos por la Patria Grande Córdoba; y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba.
El cuadro de Navarro se encuentra en el puesto 82 de la galería ubicada en el edificio de la Jefatura de Policía de Córdoba y García Rey, que también fue integrante de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), en el 84.
Se trata de un planteo que apunta contra el golpe de estado realizado contra el gobernador constitucional, Ricardo Obregón Cano, y el inicio de un plan sistemático de violación de los DD.HH., que incluyó asesinatos, secuestros y desapariciones a partir de entonces, lo que fue una antesala de la irrupción de la dictadura cívico, militar y eclesiástica en marzo de 1976.
Dice la presentación que “entendemos que la galería de honor y nómina oficial de ex jefes de la Policía de Córdoba recuerda y homenajea a oficiales de una institución de la democracia, por ende, no puede, ni debe resaltar la figura de personajes siniestros como Navarro y García Rey, mucho menos rendirles culto”.
Agrega que “en dicho organismo policial obra un antecedente similar a lo aquí solicitado, que fuera concretado en el año 2007, cuando la Policía de Córdoba decidió retirar los retratos de cinco ex jefes de esa fuerza vinculados a la última dictadura militar que estaban en exhibición en la galería de honor referenciada”.
Resalta en ese sentido, que “en estas épocas, donde la democracia se ve amenazada por sectores negacionistas que reivindican al terrorismo de Estado y al Holocausto, y se conmemora los 40 años del regreso a la Democracia; desde la APDH Regional Córdoba y demás organismos de DDHH de la Provincia, entendemos que deben realizarse acciones políticas que involucren a todos los actores de la sociedad civil, para que Nunca Más haya regímenes o políticas antidemocráticas violatorias de los Derechos Humanos”.
LOS HECHOS HISTÓRICOS
Recuerda el escrito que fue entregado al ministro de Gobierno y Seguridad de la Provincia, Julián López, que “el 27 de febrero de 1974, el gobernador constitucional de la Provincia de Córdoba, Ricardo Obregón Cano ordenó el cese en sus funciones del jefe de la Policía, teniente coronel Antonio Domingo Navarro. Ese mismo día, el depuesto jefe policial se amotinó y derrocó a Obregón Cano y al vicegobernador Atilio López. El presidente Juan Perón avaló el golpe policial contra Obregón Cano, designando interventor de la Provincia a Duilio Brunello, que fue vice ministro de Bienestar Social bajo las órdenes del ministro José López Rega, fundador de la Triple A”.
Antonio Domingo Navarro. (Foto: Gentileza).
Señala que “Navarro, además, encarceló ilegítimamente a las máximas autoridades provinciales y a funcionarios del Poder Ejecutivo imponiendo un implícito estado de sitio, además de persecuciones y detenciones a dirigentes políticos, sindicales y estudiantiles, siendo la antesala de del golpe cívico militar y eclesiástico del 24 de marzo de 1976”.
Sigue diciendo que “una vez fallecido el presidente Juan Perón, su viuda, la flamante presidenta María Estela Martínez de Perón, a instancias de López Rega reemplaza a Brunello y designa interventor federal al brigadier Raúl Lacabanne; quién a su vez impuso como nuevo jefe policial a Héctor García Rey, un comisario de la Policía Federal que ya había prestado funciones y había sido denunciado por torturas en Tucumán”. “García Rey, había recibido instrucción por parte del Departamento de Estado de EE.UU. y había participado de la matanza de la Plaza Tlatelolco, en México; y en el marco del Plan Cóndor había sido asesor en las dictaduras de Augusto Pinochet en Chile y de Alfredo Stroessner en Paraguay”, explica la misiva.
Detalla que, junto al nuevo jefe policial cordobés, se hizo fuerte el comisario Alberto Luis Choux, subjefe del Departamento de Inteligencia D-2 de la Policía de Córdoba, e imputado en la causa por los apremios ilegales y el homicidio de Clelia Hidalgo; además de haber sido juzgado y condenado en nuestra provincia por delitos de lesa humanidad en la causa La Perla”.
Agustín Tosco. Foto: Gentileza.
Agustín Tosco, Alberto Piccinini y René Salamanca durante la creación de la Coordinadora de Gremios en Lucha en 1974. (Foto: Gentileza Infojus).
La nota de los organismos de DD.HH. indica que “tras la asunción del interventor Lacabanne, fueron ilegalizadas las conducciones gremiales de SMATA y LUZ Y FUERZA de CÓRDOBA, lideradas por René Salamanca y Agustín Tosco respectivamente. Ya hacia fines de 1973, meses antes del Navarrazo, la Triple A organizada y liderada por José López Rega, entonces ministro de Bienestar Social de los gobiernos de Juan e Isabel Perón, difundió mediante un comunicado, una lista de militantes del campo popular que “serán inmediatamente ejecutadas donde se las encuentre”, entre los que se encontraban los sindicalistas cordobeses Salamanca y Tosco; los dirigentes gremiales Armando Jaime y Raimundo Ongaro; el diputado nacional Rodolfo Ortega Peña; el profesor Rodolfo Puiggrós, ex-rector interventor de la Universidad de Buenos Aires; el abogado Manuel Gaggero, director interino del diario El Mundo; el abogado Silvio Frondizi y Mario Roberto Santucho, líder del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), entre otros”.
ASESINATOS Y ALLANAMIENTOS
En la presentación, recuerdan que “la banda ultraderechista Triple A ya había asesinado el 10 de septiembre de 1974 a Alfredo Alberto (Cuqui) Curutchet en Beccar, Buenos Aires, abogado y defensor de sindicatos, trabajadores, presos políticos y luchadores por los derechos humanos; y al vicegobernador cordobés Atilio López el 16 de septiembre de 1974, seis meses y medio después de haber sido destituido; en un atentado perpetrado en la provincia de Buenos Aires: el líder de la UTA cordobesa fue secuestrado junto a su amigo Juan José Varas, y ambos aparecieron acribillados a orillas de la Ruta 6, en Exaltación de la Cruz”.
Precisan luego, que “con el objetivo de detener y asesinar a Salamanca y Tosco, en un operativo comandado por el jefe de la Policía de Córdoba, comisario Héctor García Rey entre los días 9 y 10 de octubre de 1974, al frente de decenas de oficiales, suboficiales y agentes policiales, algunos de los cuales actuaban en la organización terrorista de ultraderecha Triple A, allanaron los locales gremiales del SMATA; Luz y Fuerza de Córdoba; y los locales partidarios del Partido Comunista (PC) y del Partido Socialista de los Trabajadores (PST); donde hubo decenas de detenidos, quienes fueron torturados en dependencias policiales; y producto de los apremios ilegales, nueve días después del operativo falleció Clelia “Tita” Hidalgo, militante del Partido Comunista”.
También fue detenido y torturado el dirigente del Comité Ejecutivo del PST, César Robles Urquiza, quien luego de recuperar su libertad fue secuestrado y asesinado por la Triple A en la Ciudad de Buenos Aires el 3 de noviembre de ese año.
Un dato llamativo de esos operativos fue que “tras desalojar el lugar, la Policía dejó amenazas firmadas por la Triple A: “Si son comunistas como (Horacio) Guarany más bien váyanse del país porque los vamos a matar uno por uno. Si cae un policía van a caer tres de ustedes bolches hijos de puta. Las Tres A”, amenazaba una de las pintadas”.
Finalmente, expresa que “el 9 de octubre de 1974 fue claramente la fecha de inicio del Terrorismo de Estado en la Provincia de Córdoba, donde la cacería desatada desde la Triple A, bajo la cobertura legal de la Policía de Córdoba, bajo el mando en persona y en el lugar de los hechos del comisario Héctor García Rey, buscó eliminar toda oposición política, sindical y estudiantil a la intervención gubernamental derechista provincial, y a toda acción represiva de la presidenta María Estela Martínez de Perón, su ministro y hombre fuerte del Gobierno, José López Rega”.
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