Una imagen del campo desmontado de La Encrucijada. Foto Gentileza MCC.
Hace falta recorrer 215 kilómetros para llegar desde la Legislatura de Córdoba al paraje La Encrucijada, en el norte cordobés. Pero no es ésa la distancia mayor que separa un universo de otro. La lejanía mayor parece estar en la incapacidad de dimensionar acabadamente la verdadera sangría no sólo ambiental sino también comunitaria que provocan los desmontes furtivos. Mientras tanto, el debate para sancionar la Ley de Bosques en la Legislatura provincial parece estar empantanado.
La comunidad de La Encrucijada es la puerta de entrada a la Reserva de los Bañados del Río Dulce. Hay que recorrer casi 180 kilómetros por la ruta 9 Norte y luego desviar hacia Sebastián Elcano, para luego transitar los últimos 30 hacia el Este hasta percibir que el perfil del terreno comienza a descender de manera notoria hacia la depresión de Mar Chiquita.
Zona tranquila, de baqueanos guardianes del terrunio y pobladores conocidos por todos, en la última década y media comenzó a sentir el sacudón prohijado por la agroindustria.
Allí, a fines del mes de febrero, los hermanos Pablo y Javier Plomer, violando la vigente ley de bosques, resolvieron desmontar por completo un terreno de 40 hectáreas, llevándose debajo de la topadora añosos algarrobos, quebrachos y mistoles, flora típica de esa zona de nuestra provincia y clave para el modelo de agricultura social del que vivían y viven sus pobladores ancestrales.
Imagen satelital del desmonte. Gentileza MCC.
Con el asesoramiento del Movimiento Campesino de Córdoba, el grupo de vecinos presentó una denuncia ante la Policía Ambiental de Córdoba, en la intención de que se frene el atropello sobre el delicado equilibrio ecológico de una zona que forma parte del sitio Ramsar de la Mar Chiquita, protegido por convenciones internacionales.
Lo que eran parajes casi abandonados, por obra y gracia de la soja transgénica empezaron a cambiar su fisonomía. Y fue así como poco a poco comenzó a sufrirse encierre de campos, desmonte indiscriminado y el cambio de manos de la tierra, pasando de propiedad de muchos, a manos de pocos. “Así es como fue destruyéndose un modo de vida y una forma de economía ancestral, basada en la armonía con la naturaleza”, señalan desde MCC.
BATALLA DESIGUAL
Ésa es la desigual batalla que están dando unas 20 familias pobladoras de ese paraje; lucha en la que se vieron inmersos sin habérselo propuesto. Y parte de esa disputa se viene librando contra los hermanos Pablo y Javier Plomer, quienes según el MCC, “llegaron arrendando campos y comprando algunas posesiones”, lo cual fue afectando la vida comunitaria.
El camino que une el Paraje El Escondido con la escuela, el dispensario y los negocios de La Encrucijada fue desviado, borrado y cercado decenas de veces. “Ese camino tenía más de 150 años de uso comunitario y pese a la resistencia y las denuncias, fue tomado de rehén por estos empresarios de la zona de Toledo”, aseguran.
“Desde que los señores Plomer arrendaron y luego comenzaron a comprar en este lugar han dificultado el desarrollo de nuestra vida, de nuestra producción. Desde hace varios años tenemos graves problemas con el paso por el camino vecinal que se dirige al centro de actividades de nuestro Paraje – han cambiado el camino, lo han cerrado cientos de veces- y en los últimos meses esta situación se ha agravado”, describió Laura Varela, pobladora de la zona y representante de los vecinos ante el MCC.
Se dan casos paradigmáticos como el de la cocinera de la escuela Primera Junta y la enfermera del dispensario, quienes viven en El Escondido. Para ellas, llegar a La Encrucijada a prestar sus servicios “se volvió una proeza”, denuncian. Y lógicamente, la misma proeza deben lograr sus alumnos y pacientes. “La comunidad elevó sus reclamos, cortó alambres y candados, pero jamás hubo respuesta ni amparo”.
LA AVARICIA DEL ROLO
Ha sido necesario tener temple para aguantar la fumigación, la desaparición del ambiente autóctono, la vida saltando alambres e incluso el ser objeto de aprietes y amenazas. Por eso no sorprende que con el tiempo, los Plomer hayan podido comprar posesiones. Así es como fueron haciéndose “amos y señores”.
Otra vista del campo desmontado. Foto: Gentileza MCC.
“Somos familias campesinas que vivimos del monte nativo desde hace cientos de años, aprovechando sus frutos. Aquí nos dedicamos a la cría de cabras y ovejas, utilizamos la leña seca, hacemos arrope de sus frutos, producimos miel”, se describía la misma vecina, Laura Varela, en la primera parte de su denuncia.
En el texto, la misma vecina acusa a Javier Plomer de haber “comenzado a desmontar, con rolo, un campo que se ubica en El Escondido, Paraje La Encrucijada, que siempre fue usado por las familias y donde se encuentra el camino vecinal que hace más de 150 años utilizamos”.
Acusan a los Plomer de haber dificultado con sus actividades el desarrollo de la producción local, adjudicándoles la responsabilidad por los graves problemas que están padeciendo. “La avaricia empresarial no puede estar por encima de la vida de decenas de familias que sólo pretenden vivir y trabajar como se lo ha hecho siempre”, entienden los miembros del MCC en un comunicado en el que se difundió esta situación. El texto denuncia que los vecinos de El Escondido “han comprobado sobradamente la inacción de la Policía Ambiental, que pasea sus camionetas por el territorio y se vuelve ciega a las topadoras y sorda al llanto de quebrachos, algarrobos y mistoles”.
Es por ello que exigen el inmediato freno a los desmontes, además de la restitución y consolidación del camino vecinal sin tranqueras, ni alambrados. Y fundamentalmente, reclaman “el fin del envenenamiento por agrotóxicos de la población local”.
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