La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Córdoba (APDH) junto a la APDH Argentina, pidieron a la Justicia provincial ser incorporados como “amigos del tribunal” en la causa que se sigue en contra de los dirigentes sociales y gremiales Emanuel Berardo, Marisa Cariddi, Soledad Díaz García, Federico Giuliani, Roxana Carezzano, y Agustín Nazar. Los dirigentes sindicales y sociales fueron acusados del delito de “Impedimento u Obstrucción de Transporte o Servicios Públicos”, durante la masiva Marcha contra el Hambre del 5 de abril de 2023.
Señala la APDH, que realiza el pedido “con el objetivo de expresar una opinión fundada como organismo de DDHH para que se revoque la elevación a juicio del Fiscal de Instrucción E. Aragón, avalada por el fallo de la Jueza de Control N°4 A.C. Hampartzounian, al entender que se conculcan garantías constitucionales del debido proceso en desmedro de las libertades de expresión, de reunión, y del derecho a peticionar y manifestarse”.
La presentación fue realizada este lunes y lleva las firmas de los representantes de la APDH nacional y el patrocinio de los abogados de la APDH Córdoba, Mabel Sessa, Gerardo Battiston, Carlos Vicente, y Rafael Ortiz.
Argumenta que “en la presentación se discrepa con la resolución del 08/03/2024 dictada por ese Tribunal, al considerarse que se criminaliza la protesta social, utilizando la acusación como prueba un trabajo de inteligencia ilegal de las posturas y resoluciones políticas específicas, que transforma a ese Ministerio Público en una virtual Fiscalía Especial Política, que se entromete en las decisiones políticas de organizaciones de la sociedad civil, aspectos vedados tanto por la Ley de Seguridad Interior como por el marco constitucional y el bloque convencional”.
También denuncia que “se utiliza la teoría del dominio del hecho aplicada a la Junta Militar para achacarles responsabilidades a los compañeros y las compañeras acusados”.
Resalta que “este pedido de “Amicus Curiae” va de la mano con la denuncia penal presentada por la APDH en contra del ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, el jefe de Policía de Córdoba Crio. Gral. Leonardo Gutiérrez y de la Sto.1° Claudia S. Melián Aranibar, que se tramita ante la Fiscalía en lo Penal Económico N°2 (Expte.12618081 y 12610864), con motivo del accionar de inteligencia ilegítimo desarrollado por la Policía de Córdoba, en diciembre del 2023, en violación de las leyes de Defensa Nacional, de Seguridad Interior y de Inteligencia Nacional. Causa esta última en la que recientemente la APDH, ha pedido que el Fiscal cumpla con su obligación de formular el requerimiento correspondiente”.
Por último, la presentación vincula la decisión judicial contra los dirigentes sindicales y sociales, “con lo que dispusiera el 31-03-23 el Juez de Control N° 10, Juan M. Fernández López, a raíz de un hábeas corpus que presentara un Centro Vecinal y comerciantes de la ciudad de Córdoba (Expte. 11363867), el cual, excluyendo toda participación de los sectores populares, de consuno con el Ministerio de Seguridad y la Policía de Córdoba, para restringir el derecho de protesta, se institucionaliza la inteligencia ilegal e incluso el propio juez, manifiesta que realiza inspecciones en las marchas sociales, sentando un precedente fruto de un proceso viciado, que contradice los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los Pactos internacionales”.
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