El intendente de Córdoba, Ramón Mestre, el gobernador de la provincia, Juan Schiaretti, y el vicegobernador, Martín Llaryora. Prensa Gobierno de Córdoba.
“Tengo el agrado de dirigirme a Usted (vicegobernador, Martín Llaryora) y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el que se propicia establecer un régimen de garantías para la prestación mínima de servicios en caso de conflictos laborales”, asegura en su introducción el gobernador de la provincia, Juan Schiaretti.
La iniciativa forma parte del acuerdo alcanzado el lunes con el intendente Ramón Mestre (UCR), el Grupo de los 6 (que reúne a las centrales empresarias cordobesas), las fuerzas políticas con representación en la Legislatura provincial, diputados y senadores nacionales por Córdoba, representantes del COMIPAZ, rectores de las universidades, funcionarios de los gabinetes provincial y municipal, e intendentes de la Mesa Provincia – Municipios. Sucede luego del paro de nueve días de los choferes de ómnibus de la ciudad de Córdoba.
“Se pretende abordar un aspecto clave y sensible en la convivencia y las relaciones socioeconómicas locales, regidas por el derecho local, en virtud de su naturaleza eminentemente procedimental y de forma, sin abordar aspectos del derecho de fondo que ha sido delegado a las autoridades federales: la armonización o punto de equilibrio entre una razonable provisión de bienes y servicios públicos de naturaleza provincial -el marco de prestación y el derecho colectivo a su uso y goce-, y el alcance -y pautas de ejecución- del derecho que los trabajadores afectados a la prestación de tales actividades, poseen en materia de ejercicios de medidas de acción directa”, argumenta el escrito del Poder Ejecutivo Provincial en relación al objetivo de limitar las medidas de protesta.
“Uno de los aspectos que se aborda, es determinar procedimientos operativos, de organización y procedimentales para la prestación de actividades consideradas “esenciales” en la doctrina y legislación, y aquellas que se necesitan, para garantizar a la población el ejercicio de sus derechos constitucionales básicos en un estándar mínimo de prestación.
En ese sentido se trata de armonizar y equilibrar a través de materias propias del Derecho Público Provincial, reservadas por ende a las Provincias, el ejercicio pleno de los derechos que la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y los Tratados Internacionales que gozan de supremacía constitucional otorgan a las personas que habitan este suelo, sin que ninguno prevalezca en desmedro de otros, sino que ambos puedan ser gozados en sus justos términos”, señala el planteo oficial.
Luego precisa que “(…) en lo que respecta a la imposición de servicios mínimos, existen servicios que no revisten la categoría esencial en el sentido estricto del término, no obstante son servicios públicos de importancia trascendental en el país y en caso de huelga debe garantizarse la imposición de un servicio mínimo, para satisfacer las necesidades vitales de la sociedad, tal como señala la Organización Internacional del Trabajo (OIT), esta decisión corresponde al Gobierno o al órgano ejecutivo del Gobierno local”.
Índica además que “la OIT recomienda que en la determinación de los servicios mínimos y del número de trabajadores que los garanticen, deberían participar las autoridades públicas, las organizaciones de trabajadores y de empleadores interesadas; ello permite un ponderado intercambio de puntos de vista sobre lo que ha de considerarse servicio mínimo y garantiza que su prestación no tenga por resultado que la huelga sea inoperante en la práctica. Dicha recomendación de la OIT es recogida en la presente iniciativa, estableciendo un marco de acuerdo entre todas las partes involucradas a fin de llegar a una solución consensuada que respete los intereses y garantías constitucionales de ellas; y en caso de no alcanzarse un acuerdo se asegure que dicha cuestión sea resuelta por un órgano independiente”.
Concluye proponiendo “la incorporación en el Código de Convivencia Ciudadana de una figura que tipifique acciones que puedan atentar contra la normal prestación de los servicios públicos”.
Schiaretti: “Si hay paros se deben cumplir guardias mínimas”
El gobernador Juan Schiaretti afirmó que el transporte debe ser considerado al mismo nivel que la salud y si hay paros, se deben cumplir guardias mínimas.
Agregó que “siento un profundo dolor porque los más humildes no tienen transporte por una huelga salvaje. No puede haber huelga de este tipo y los servicios esenciales deben tener guardias mínimas. Por eso firmé el proyecto de ley para que mañana (en la sesión habitual de los miércoles) sea tratado como servicio esencial el transporte”, precisó Schiaretti en una actividad que realizó en Villa Dolores. Por último, expresó que “no voy a permitir que se altere la paz social”
Rechazo de la izquierda
“El gobierno de Schiaretti quiere liquidar el derecho a Huelga a pedido de Mestre”, afirma el legislador del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), Ezequiel Peressini (Foto).
“El oficialismo presentó un proyecto de Ley con el que buscan liquidar la histórica conquista del movimiento obrero, del derecho a huelga, obligando por Ley a que el servicio de transporte, entre otros, deba prestar “Garantías Mínimas” a fin de “asegurar su continuidad y regularidad”.
“Schiaretti no busca sólo declarar al transporte como servicio esencial, si no que el miércoles quieren dar tratamiento express a una Ley que impida a los trabajadores hacer huelga”, afirma.
Luego reclama a las CGT de la provincia que “abandonen la tregua con los gobiernos y empresarios y convoquen al paro y movilización para impedir la aprobación de esta Ley”, a la par que repudia la iniciativa por “anti-obrera y anti-democrática”. Concluye diciendo que “busca impedir las luchas que los trabajadores libran contra el plan de ajuste que Schiaretti y Macri aplican en todo el país contra los salarios de pobreza, la flexibilización y la modificación de los convenios colectivos de trabajo, como hicieron en Renault, donde los nuevos trabajadores cobran 10% menos”.
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