La legisladora provincial, Luciana Echevarría (MST – FIT Unidad) presentó un pedido de informes al Gobierno de la Provincia luego que la Jefa de Policía, Liliana Zárate Belleti reconociera en una causa judicial que se realiza “espionaje sobre las organizaciones sociales y a sus dirigentes”. Cabe recordar que, por ley, las fuerzas de seguridad no pueden realizar inteligencia interior sobre las actividades políticas o sociales.
Echevarría ya había denunciado penalmente este hecho y ahora agregó un pedido de informes en la Legislatura provincial.
Dijo la legisladora izquierdista que “estamos frente a un ataque muy brutal a las libertades democráticas más básicas. Es realmente indignante que, a casi 40 años de haber recuperado la democracia, la Jefa de Policía, el Fiscal General, el secretario de Seguridad Provincial y otros agentes judiciales, es decir representantes importantes de instituciones de esta democracia, se den cita para debatir ‘cómo cortar la cabeza de las organizaciones’, de acuerdo a sus propias palabras”.
Recordó que “a 47 años de la última dictadura no podemos permitir que avancen con discursos y acciones que cercenan los derechos elementales de los cordobeses. Es evidente que el gobierno quiere más ajuste y para eso necesita fortalecer la represión, incluso utilizando mecanismos ilegales como el espionaje que la propia Jefa reconoció que realizan sobre organizaciones y sus dirigentes”.
En los fundamentos de la iniciativa, Echevarría señala que “en la última semana del mes de febrero del corriente año 2023, a través de distintos medios periodísticos, se dieron a conocer diversas declaraciones de funcionarios públicos de la provincia de Córdoba con atribuciones en materia de seguridad, en las cuales se afirma que la Policía de la Provincia de Córdoba realiza tareas de inteligencia sobre organizaciones sociales”.
Resalta que “dichas declaraciones habrían sido realizadas durante el transcurso de dos audiencias convocadas por el Juzgado de Control N°10 de la Ciudad de Córdoba, a cargo del Juez Juan Manuel Fernández López, en el marco de un Habeas Corpus presentado por el Centro Vecinal del Barrio Centro de la Ciudad de Córdoba Capital, mediante el cual se pretende cercenar el ejercicio del derecho de protesta”.
Puntualiza la legisladora que “en una de dichas audiencias, la jefa de Policía Liliana Zárate Belletti habría reconocido que en las marchas hay policías de civil cuya tarea es ir identificando personas, que las áreas de inteligencia de la policía de Córdoba (Área de Información Criminal y Antiterrorismo) realizan de manera activa inteligencia sobre organizaciones sociales y sus referentes, a los cuales ya tienen en muchos casos identificados y en otros están en proceso de identificación, a través de diversos medios tecnológicos. Incluso, en la mencionada audiencia, puso a disposición del juzgado todo el material recabado por las áreas de inteligencia de la policía provincial, que incluye datos personales, y fotografías”.
