Los vecinos de Traslasierra, nucleados en la “Asamblea sí a la Ruta, no por el Monte”, presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia, “una acción de inconstitucionalidad de la ley provincial N° 10660, sancionada por la Legislatura el 2 de octubre de 2019 y su decreto del 15 de octubre N° 1207” y una medida cautelar para que esta no se implemente hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Cabe recordar que el proyecto del trazado de la nueva ruta atraviesa una zona cubierta en un 90% por bosque nativo.
La ley N° 10660 dispone “la expropiación de más de 400 hectáreas de bosque nativo para la realización de la nueva traza de la ruta E- 34, que busca unir las localidades de Mina Clavero y Villa Dolores, a pesar de la existencia centenaria de la ruta provincial S 307 (Camino de Altautina), que siempre se consideró alternativa factible para conectar ambas ciudades, permitiendo así la accesibilidad de pueblos hasta ahora prácticamente aislados con impacto ambiental considerablemente menor, dado que ya existe y se usa”.
Dicen los vecinos que “el pedido se basa en el convencimiento de que esta ley y su anexo están marcadamente viciados, es decir, no respetan las leyes nacionales y provinciales, e incluso ordenanzas municipales, anteriores a las mismas. ¿Por qué? En principio, la nueva traza supone el desmonte de hectáreas de bosque nativo de categoría I (rojo) y II (amarillo) según la Ley Nacional de Bosques Nativos N° 26331. Al mismo tiempo, que atenta contra patrimonio cultural y arqueológico protegido por la Ley de Yacimientos Arqueológicos N° 25743 y la Ley N° 26305”.
Explican además, que “la Ley General de Ambiente prevé estándares, replicados en la Ley Provincial N° 10208, de precaución y prevención, de sustentabilidad y equidad intergeneracional y de progresividad y no regresión en materia de derechos que no estarían siendo respetados de producirse el desmonte. La ley local afirma que para que el desmonte sea posible debe haber un proceso de evaluación de impacto ambiental y audiencias públicas previos de manera obligatoria a su ejecución. Se ha omitido cumplir con estas dos instancias”.
Por último, plantean que “con la aprobación de la Ley 10.660, “…se ha decidido trazar una ruta sobre bosque nativo que no puede ser desmontado, y peor aún sin siquiera cumplir con los institutos de la defensa ambiental que aquí venimos señalando”.
La presentación cuenta con el patrocinio de la abogada Lorena Fernández Millicay, que también participó de la presentación judicial de los vecinos de Villa Parque Santa Ana contra el enterramiento de residuos sólidos urbanos en el predio de CORMECOR.
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