La familia del fotoperiodista Pablo Grillo, herido de gravedad durante la represión policial a una marcha de jubilados el pasado 12 de marzo frente al Congreso, denunció serias irregularidades en la evidencia presentada por las fuerzas de seguridad en el marco de la investigación judicial. Representada por la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la querella señaló que los videos y audios entregados por la Gendarmería Nacional y la Policía Federal presentan “inconsistencias, vacíos temporales y fragmentación”, lo que compromete la integridad del material probatorio.
Según el comunicado emitido por la querella, los videos aportados omiten tramos clave del operativo, mientras que el único archivo de audio proporcionado por la Policía Federal tiene una duración menor al rango horario indicado en su título, sin explicación sobre el recorte ni transcripción con referencias horarias precisas. “Estas irregularidades comprometen la confiabilidad del material de prueba”, afirmaron, exigiendo que se solicite a ambas fuerzas aclaraciones y documentación complementaria.
Entre las omisiones destacadas, la querella señaló la ausencia del registro de una cámara GoPro incorporada al casco de un gendarme que estaba junto al cabo Guerrero, identificado como el autor del disparo que hirió a Grillo. Según las imágenes disponibles, tras el disparo en línea recta hacia el rostro del fotoperiodista, un compañero toca el hombro del cabo en señal de aprobación, pero el material de esa cámara no fue entregado.
Las filmaciones disponibles muestran una escalada en el uso de la fuerza durante el operativo: lenguaje hostil por parte de los efectivos (“no le perdonen”, “hijos de puta”), lanzamiento masivo de gases lacrimógenos —que incluso afecta al gendarme que filma, quien tose y se queja por dificultades para respirar— y disparos horizontales de balas de goma sin identificación de agresores. Tras el disparo que dejó a Grillo internado en estado crítico, se escucha al gendarme que registra la escena decir: “Estamos excelente, más que bien”.
La querella solicitó que el cabo Guerrero sea citado a declarar como imputado por tentativa de homicidio agravado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, pidió que se investigue la posible responsabilidad penal de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; del director nacional de Gendarmería, Claudio Brilloni; y de otras autoridades responsables del diseño, mando y supervisión del operativo.
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