El Gobierno de la Provincia de Córdoba intimó al Gobierno nacional a que en un plazo de cinco días trasfiera los fondos que le adeuda a la Provincia “a raíz de su obligación de solventar los déficits de los regímenes previsionales no transferidos, obligación asumida en el año 1993, cuando se firmó el vigente pacto fiscal”.
A través de una nota elevada por el gobernador Juan Schiaretti al presidente de la Nación Alberto Fernández, se emplazó al Ejecutivo nacional para que en un plazo de “no más de cinco días” la Nación transfiera los fondos que le adeuda a la Provincia desde el 2020 hasta el 2022.
Según detalla la información de prensa, a valores actualizados el monto adeudado suma 100.335 millones de pesos, a lo que se adicionan las cuotas correspondientes a enero y febrero de 2023 por un valor de otros 8562 millones de pesos.
En la nota el mandatario provincial lamenta los “injustificados y reiterados incumplimientos” y advierte que si persiste la falta de respuestas Córdoba se verá obligada a iniciar acciones legales.
Asimismo, destaca la inobservancia por parte del Estado nacional de las obligaciones asumidas a través de las leyes 27.260 y 27.701.
Señala más adelante que Córdoba “nunca recibió respuesta a los varios reclamos formales realizados en tal sentido, tanto por quien suscribe mediante presentación efectuado con cargo de recepción de fecha 11/04/2022; de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Córdoba presentado ante la Anses con cargo de recepción 25/02/2022 y por la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros con cargo de recepción 13/12/2021 y 28/01/2022”.
El documento que suscribe el gobernador consigna también que “adicionalmente, en lo que va del corriente año 2023, se ha configurado una nueva situación de grave incumplimiento de la norma presupuestaria por parte del Poder Ejecutivo Nacional (y la Anses) al no haber transferido ningún recurso -ni siquiera en forma parcial e insuficiente como ocurrió en años anteriores- en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit previsional provincial”.
Finalmente intima al cumplimiento de las obligaciones que la Nación tiene con la Provincia en el plazo de cinco días, “bajo apercibimiento de iniciar de inmediato las acciones legales que corresponden para hacer efectivo el derecho de la Provincia de Córdoba”.
