No es común ver en la Justicia Federal de Córdoba una causa por tráfico de drogas que avance sobre toda la estructura completa de una banda, desde el “capo” hasta el último eslabón, el que la vende en los barrios. Sobre todo desde que el “Narcoescándalo” marcó el divorcio entre la policía provincial y los jueces del fuero federal. Todos los días llegan noticias sobre operativos de la aparatosa Fuerza Policial Antinarcóticos (FPA), que investiga para el fuero provincial la venta minoritaria, pero es sabido -y en los pasillos de tribunales se repite- que desde hace años esas investigaciones no son derivadas para avanzar sobre las cabezas del tráfico.
Por eso, el juicio abreviado que se firmará hoy en el Tribunal Oral Federal N°2 es todo una rareza. La figura es Eduardo Andrés Molina, un ignoto en el mundo narco de Córdoba que entre 2014 y 2015, cuando tenía apenas 28 años, invirtió su dinero en una estructura pequeña, pero nada envidiable para alguien que quiere introducirse en un negocio competitivo.
Molina se rodeó de al menos 9 colaboradores a los que les asignó diversos roles y remuneraciones diferentes: desde dos lugartenientes, acopiadores, cocineros, narcomenudistas y hasta su pareja, que “invertía el dinero ilícito en diversos bienes”, según consta en la elevación a juicio. La banda contaba con armas y varios inmuebles: dos en barrio San Roque, una en Ameghino Norte, y otra más en Carlos Paz.
“Molina pagaba un promedio de 5 mil pesos semanales a dos personas para que se encargaran de hacer el trabajo sucio: traer el clorhidrato de cocaína del Norte, cocinarla, almacenarla y luego distribuirla. Él no se ensuciaba las manos”, dijo a ENREDACCIÓN el fiscal Enrique Senestrari, quien instruyó la causa.
El fiscal Enrique Senestrari, que elevó la causa a juicio. (Archivo).
El juicio contra los 10 imputados iba a comenzar el 14 este mes. Senestrari elevó la causa con imputaciones de peso: Molina estaba acusado de “organización para la producción, el almacenamiento y la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, cuya pena arranca en 10 años de cárcel. Las calificaciones para los imputados llegaban hasta tenencia de armas y encubrimiento.
Cuando todo estaba listo para llegar a juicio, los abogados de los acusados aceptaron negociar la pena en un juicio abreviado, lo que significa que los imputados admiten su participación y asumen su culpabilidad. Este tipo de juicio se realiza cuando la pena máxima posible es de seis años. En este caso, el fiscal de cámara aceptaría modificar la imputación para Molina, condenados por “asociación ilícita”, que prevé seis años. Algunos imputados tendrían penas con prisión en suspenso.
El negocio de Molina vio su fin en julio de 2015, cuando un operativo conjunto allanó varios domicilios y encontró dinero, armas y ocho kilos de cocaína lista para fraccionar oculta en diversos lugares de las viviendas, incluso en la heladera.
“Sí, sí, apenas sacó la cinta el guaso se veía húmeda, y bueno agarré y se los devolví a ellos”, se queja un tal“Chileno”; cliente de la banda, según consta en las escuchas. Molina responde: “El otro pelotudo lo debe haber guardado en el freezer, es más cagón ese”, en referencia a Esteban Ortega, uno de sus hombres de confianza.
Según la causa, Molina, “en su calidad de jefe de la organización, se proveía de la pasta base, producción, almacenamiento y luego la entregaba a distintos sujetos” para su distribución.
La banda también vendía marihuana, que compraban en Tucumán. En las escuchas, Mario Carreras y Esteban Ortega aparecen como los “partícipes necesarios”, las personas que a cambio de una paga semanal se encargaban de la logística y producción. En la causa también están acusadas tres mujeres por tenencia y encubrimiento, como el caso de Cintia Gómez, pareja de Molina. “Los nombrados tenían roles, dividiéndose entre sí las tareas ilícitas”, dice la causa, a los fines de hacer posible “el aprovisionamiento, almacenamiento, producción, transporte, fraccionamiento y comercialización”.
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