El Senado de la Nación aprobó este jueves, y convirtió en Ley, un proyecto venido en revisión desde la Cámara de Diputados que modifica la Ley de Tránsito y ordena la llamada “tolerancia cero” para el consumo de alcohol de los conductores de vehículos de motor de cualquier tamaño y peso. También sancionó la denominada Ley Lucio contra el maltrato infantil, el proyecto que reconoce como natural y originario al lenguaje de señas, y el Certificado Único de Discapacidad, entre otras.
Presidida por la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, a las 12.20 horas, arrancó la sesión con un temario acordado entre oficialismo y oposición, que incluyó la Ley de Alcohol Cero, la Ley Lucio, el Fortalecimiento de la Justicia de Santa Fe y el Certificado Único de Discapacidad.
ALCOHOL CERO
El proyecto que prohíbe la conducción de vehículos a personas que tengan una graduación de alcohol en sangre superior a cero fue aprobada por 48 votos positivos y 9 negativos.
El inicio de los cierres de bloque estuvo a cargo de la senadora por La Rioja, María Clara Vega (Hay Futuro Argentina), quien se dirigió a los familiares de víctimas de alcohol al volante al expresar que “estamos con ellos y seguiremos trabajando por la concientización, adelanto mi voto positivo”.
El senador por Salta, Juan Carlos Romero (Cambio Federal), reflexionó que “nuestra misión es encontrar el camino para que no existan nuevas víctimas y no conformarnos con aprobar una ley que no es garantía de la reducción de las muertes ni de resolver este problema”.
A su turno, el senador por Jujuy, Guillermo Snopek (Unidad Federal) sostuvo que “no quiero que esta ley, por la premura, los apuros y la falta de debate o de planteos claros deje en desamparo a las víctimas”, y luego solicitó una modificación al miembro informante respecto de la cobertura por parte de las aseguradoras.
“Llegamos a aprobar esta ley porque el Estado ha desertado de sus responsabilidades y no da respuestas. Adelanto mi voto positivo de este proyecto como medida ejemplificadora y no de las soluciones de fondo”, aclaró el senador por Formosa, Luis Naidenoff (UCR).
Por último, la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti (Unidad Ciudadana), destacó que “hoy estamos tratando un proyecto con un altísimo nivel de consensos que ha atravesado a todos los partidos políticos y no puedo aceptar en silencio que esta ley es demagógica cuando, quienes dicen eso, han construido su carrera política con demagogia punitiva”.
LA LEY LUCIO
Los senadores trataron y convirtieron en ley por unanimidad (65 votos), el proyecto venido en revisión, impulsado tras el crimen de Lucio Dupuy por el que se crea el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
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Durante el debate, el senador por La Pampa, Daniel Bensusán (Frente Nacional y Popular), destacó que “estamos seguros de la importancia de legislar sobre estos temas para evitar hechos como el que ocurrió. Espero que esta iniciativa, que hoy seguramente vamos a convertir en ley, sea una herramienta que fortalezca los canales institucionales de asistencia y de denuncia para garantizar una intervención inmediata para tratar de que cese cualquier vulneración, cualquier violación a los derechos que sufran los niños, niñas y adolescencias de nuestro país”.
“Esperamos también que rápidamente cada una de nuestras provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhieran a esta ley para hacerla operativa lo más rápido posible en cada rincón de nuestro país”, concluyó.
A continuación, la senadora por Santa Cruz, Belén Tapia (UCR) enfatizó que “hoy estamos dando tratamiento a este proyecto que lo vamos a convertir en ley porque no queremos que haya más Lucios a lo largo y ancho de nuestro país, pero sabemos que, si bien es un gran paso para eliminar la violencia y el maltrato al que son sometidos muchos de nuestras niñas, niños y adolescentes, es insuficiente”.
En ese sentido, consideró que “estamos dando un paso importante, no suficiente: me parece que estemos todos juntos de este lado, todos del otro, es una muestra de que tenemos que seguir legislando, y que lo veníamos haciendo como dije antes, mucho antes de que este caso nos conmueva al país completo”.
Al momento de los cierres, la senadora por San Luis, María Eugenia Catalfamo (Unidad Federal) pidió “disculpas a los familiares presentes, esta ley debería haber salido hace quince días. Es fundamental pensar en programas inclusivos que brinden calidad de vida a nuestro niños, niñas y adolescentes”.
LOS PRINCIPALES PUNTOS
La iniciativa está destinada a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional, que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los derechos de los Niñas Niños y Adolescentes
Podrán también ser destinatarios agentes de las administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, Deportivas, Recreativas y Culturales, en el marco de convenios de cooperación y colaboración con la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Algunos de los principios fundamentales de la ley son velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional y por las disposiciones de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; generar las condiciones para una convivencia social fundada en vínculos de afecto y confianza que se definen como “buen trato”, fundamental para el desarrollo de proyectos de vida por parte de las nuevas generaciones; promover los espacios y metodologías necesarias al efecto de garantizar el derecho a ser oídos de las Niñas Niños y Adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales, conforme el principio de la autonomía progresiva, receptado tanto en la Ley 26.061 como en el Código Civil y Comercial de la Nación.
En este marco se deberá propiciar el derecho a la Participación de Niñas, Niños y Adolescentes, en los distintos ámbitos sociales y comunitarios, poniendo énfasis en la posibilidad de incidir en el diseño de políticas públicas que afectan sus intereses y derechos.
La autoridad de aplicación de la ley será la secretaria nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
LENGUAJE DE SEÑAS
> Con información de TÉLAM.
