El gobierno tucumano interpondrá una media judicial para tratar de frenar la ordenanza cordobesa. Los industriales también preparan su estrategia legal. En algunos bares de Córdoba ya no hay azúcar en las mesas.

Luminarias Río Cuarto

Apenas se publique en el Boletín Oficial la ordenanza que limita el consumo de azúcar en los establecimientos gastronómicos de la capital cordobesa, el gobierno tucumano activará la estrategia judicial con la presentación de un recurso de amparo. Será el inicio formal de la guerra del azúcar. También haría lo mismo la industria azucarera, según publica en su edición de hoy el diario La Gaceta de Tucumán.

La ordenanza quedó promulgada automáticamente y ahora sólo resta que se publique en el Boletín Oficial. Es decir, el intendente dejó que la ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante de Córdoba siguiera su curso formal. No utilizó un decreto para promulgarla, ni amagó con vertarla.

“Hemos hecho todos los intentos por la vía del diálogo y el consenso. Enviamos la documentación para que se interioricen. Esta ordenanza está mal. Sin embargo, el intendente (Ramón Mestre) avanza con esta determinación. No nos queda otra instancia ahora que recurrir a la Justicia, y es lo que vamos a hacer”, declaró ayer el gobernador de la provincia norteña, Juan Manzur.

Según el mandatario, la decisión tucumana implicará la defensa de las economías regionales. La idea oficial, que madurará la próxima semana, es interponer una acción de amparo en base a la inconstitucionalidad de la ordenanza “anti-azúcar”. De esa demanda, además del Estado provincial, participarán algunas agrupaciones cañeras, gremios vinculados con la actividad azucarera, organizaciones de consumidores y otras entidades intermedias. Paralelamente, el Centro Azucarero Argentino (CAA) realizará su propia presentación judicial en defensa de sus representados, explica el diario La Gaceta.

Entre los argumentos que esgrimiría la provincia para oponerse a la vigencia de la ordenanza cordobesa se destacan el quebrantamiento de las disposiciones contenidas en el artículo 75 de la Constitución Nacional. Los tucumanos entienden que el municipio cordobés habría incurrido en una intromisión en potestades federales relacionadas con el Código Alimentario Nacional y de la Guía Alimentaria Argentina, vigente desde el año pasado. También se asentaría en ciertas distorsiones del mercado que se generarían con la exhibición de algunos productos en desmedro del endulzante natural y que puede generar “cierta estigmatización del azúcar” entre los consumidores, puntualizaron voceros del Poder Ejecutivo.

La aplicación de la ordenanza estará precedida por seis meses de concientización, pero ayer, ya en algunos bares de la ciudad, no había azúcar en las mesas y sí sobres de edulcorante. Para utilizar azúcar, hay que pedirla.

La ordenanza promueve el “uso responsable del azúcar” en los bares y en los restaurantes tal como sucede con la sal. Eso implicaría quitar los sobrecitos de las mesas y que el cliente debería pedirles a los mozos si quieren el endulzante natural. De esta manera, los concejales cordobeses que promovieron la norma consideran que se podrá concientizar que el exceso de azúcar es perjudicial para la salud. Para los tucumanos, esa medida puede replicarse en otros distritos y poner en riesgo al conjunto de la economía regional asentada en la producción de azúcar.

Cómo comunicarse:

Redacción: hola.enredaccion@gmail.com

Lectores: hola.enredaccion@gmail.com

Equipo de Investigación: afondo.enredaccion@gmail.com