La reforma previsional modifica el régimen de actualización de los haberes jubilatorios nacionales. El proyecto fue aprobado por el Senado y ahora será tratado en la Cámara de Diputados. Los cordobeses, tanto la liberal Laura Rodríguez Machado como el juecista Ernesto Martínez (ambos de Cambiemos) y el peronista Carlos Caserio estuvieron entre los 43 votos positivos.
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La contundencia de la votación puso en evidencia la fortaleza del pacto entre el presidente Mauricio Macri y los gobernadores: 43 senadores votaron a favor, 23 en contra (pertenecientes al PJ y el FPV, más Pino Solanas), hubo 3 abstenciones (Juan Abal Medina, Jaime Linares y Alfredo Luenzo), y 3 ausencias (Carlos Reutemann y los riojanos Carlos Menem y Alfredo Martínez). El acuerdo previsional estaba atado además, a un acuerdo fiscal y de financiamiento automático para las cajas jubilatorias provinciales, que como las de Córdoba tienen déficit.
Se estima que el ajuste de las actualizaciones implica una reducción de alrededor de 100 mil millones de pesos anuales en el pago de haberes a los jubilados.
La nueva actualización se realizará trimestralmente por vía de un mix entre inflación (70%) y actualización de los salarios estatales (30%). También el 82% móvil se fija sobre el Salario Mínimo y Vital y Móvil, pero no sobre el salario percibido en actividad (Córdoba anunció esta semana que no acoplará su Caja de Jubilaciones a la Nacional). Y el último componente regresivo respecto de la actual legislación jubilatoria, es que permite continuar trabajando hasta los 70 años. Lo hace de modo indirecto, permitiendo al empleador que no solicite el retiro del trabajador. Es decir, que si el “dependiente” opta por aceptar este marco, trabajará hasta los 70 años, de lo contrario puede jubilarse a los 60 (mujeres) o 65 (varones).
El objetivo de esta medida, que es el nudo del ajuste, es reducir 2,5 por ciento el gasto de la ANSES.
Además, los senadores votaron las leyes que componen el paquete de reforma fiscal y responsabilidad fiscal. Básicamente, las provincias recuperan el 100% del impuesto a las Ganancias, reciben financiamiento automático frente al déficit de sus cajas de jubilaciones, y compensaciones por bajar los juicios que tenían contra la Nación. También, la ley de responsabilidad fiscal implica un virtual congelamiento del gasto público provincial, que no podrá expandirse por encima de la inflación. Las provincias tienen tiempo para adherir hasta el 30 de junio de 2018. Los distritos se comprometen además, a negociar un nuevo pacto fiscal. La única provincia que no se sumó a este convenio fue San Luis.
La ANSES, que deja de percibir el 20% de los recursos que se obtenían por el Fondo del Conurbano, percibirá la totalidad del impuesto al cheque que antes se coparticipaba. Por esta medida, perderá unos 60 mil millones de pesos. La otra restricción surgiría, si es que se aprueba el capítulo de blanqueo laboral y la reducción de aportes patronales, de la ley de flexibilización laboral, que llegaría a unos 40 mil millones.
El rionegrino Miguel Ángel Pichetto (FPV/PJ, Río Negro) explicitó el apoyo de su bancada: “El Gobierno tiene que explicar, si no el hilo se corta por lo más fino. Y después vienen a gritarle a los senadores que son entregadores, que están en contra de los jubilados. Este proyecto es del Gobierno y lo votamos porque nuestros gobernadores lo avalaron con su firma, ¿está claro?”
Los senadores de Cambiemos apoyaron el paquete en su totalidad. Mientras que los peronistas que votaron en sintonía con sus gobernadores fueron José Alperovich y Beatriz Mirkin (Tucumán), Walter Barrionuevo (Jujuy), Inés Blas y Dalmacio Mera (Catamarca), Salvador Cabral y y Juan Manuel Irrazábal (Misiones), Julio Catalán Magni y José Ojeda (Tierra del Fuego), María Teresa González y José Mayans (Formosa), Pedro Guastavino, Sigrid Kunath (Entre Ríos), María Laura Leguizamón (Buenos Aires), Teresita Luna (La Rioja), Rodolfo Urtubey (Salta), Juan Carlos Romero (Salta), y Daniel Lovera (La Pampa).
BENEFICIADOS
Nación emitirá un bono para la Ciudad de Buenos Aires a 11 años de 5.000 millones de pesos en 2018 y de 12.000 millones de pesos de 2019.
La provincia de Buenos Aires recibirá, a modo de compensación por el cambio al artículo 104 del Impuesto a las Ganancias, en particular del inciso “b” que estipulaba que 10% de lo recaudado le correspondía a dicho distrito, de 21.000 millones de pesos en 2018 y 44.000 millones para 2019, montos que se actualizarán a partir de 2020 de acuerdo con la inflación. En contrapartida, el distrito bonaerense desistirá de continuar con el juicio iniciado al Estado nacional.
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