La ministra de Salud, Gabriela Barbás, echó este miércoles a Alejandro Escudero Salama, un abogado que fue designado por el gobierno para encabezar una investigación interna en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba Capital, donde se produjeron, al menos, cinco muertes de bebés que habían nacido sanos. A la par, el Ministerio Público Fiscal abrió una investigación sobre el accionar del fiscal Guillermo González.
“La ministra de Salud Gabriela Barbás solicitó la renuncia a Alejandro Escudero Salama, subdirector de Gestión Administrativa del Hospital Materno Neonatal, en función de la investigación de oficio iniciada por el Ministerio Público Fiscal”, indicó oficialmente la cartera sanitaria.
El abogado Escudero Salama fue nombrado interventor administrativo del Neonatal para investigar los fallecimientos sospechosos.
Escudero Salama fue señalado por el fiscal Garzón como el funcionario que en una reunión con el fiscal González y el director del Instituto de Medicina Forense, Moisés Dib, mencionó las muertes sospechosas para pedir un consejo sobre cómo actuar. En la declaración que hizo Dib a Garzón, dijo que recomendó judicializar lo antes posible los casos para asegurar la prueba. Como se sabe, Escudero Salama ni el gobierno provincial hicieron denuncia sobre los hechos.
El comunicado del Ministerio de Salud se publicó en redes sociales pocos minutos después de que el fiscal Garzón pidiera investigar si otro fiscal sabía de los bebés muertos entre marzo y junio de este año.
En tanto, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba abrió de oficio una investigación para determinar presuntas responsabilidades de funcionarios del Poder Judicial que habrían tenido conocimiento sobre las muertes de cinco bebés en el Hospital Neonatal de la capital provincial, cuyas circunstancias forman parte de una causa paralela.
Esta nueva investigación recayó, por sorteo informático, en la Fiscalía del Distrito 3 turno 6 a cargo del fiscal Iván Rodríguez, y se llevará adelante junto al proceso que sustancia el fiscal de Instrucción Raúl Garzón, en el que hay una enfermera detenida y tres directivos del establecimiento sanitario están imputados.
El MPF argumentó que la nueva acción se determinó “en virtud de que funcionarios del Poder Judicial podrían haber tenido conocimiento de una investigación administrativa interna en el Hospital Neonatal vinculada a los hechos de público conocimiento en fecha anterior a la denuncia judicial”.
“Esta nueva investigación tiene por objeto deslindar eventuales responsabilidades, y es independiente de la que ya se encuentra en curso por los hechos acaecidos en ese nosocomio”, agregó el comunicado.
Hasta el momento, la única persona detenida por el caso es la enfermera Brenda Agüero, de 27 años, quien permanece en el penal de Bouwer acusada por el fiscal Garzón de “homicidio calificado reiterado”, mientras que también están imputadas la exdirectora del Hospital Liliana Asís, por “omisión de los deberes de funcionario público”, al igual que dos jefas del área de Neonatología, Marta Gómez Flores y Adriana Morales.
El fiscal ordenó que la enfermera detenida sea sometida a pericias psicológicas y psiquiátricas para luego avanzar con la indagatoria, aunque no se conocieron avances al respecto.
La causa por la muerte de cinco bebés tras nacer en buen estado entre marzo y junio pasado, además de otros ocho que sobrevivieron, derivó además en la renuncia el jueves pasado del hasta entonces ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, tras los cuestionamientos recibidos por no haber hecho la denuncia ante la Justicia cuando en marzo ya estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo en el Hospital neonatal.
Entonces, solamente se había iniciado un sumario administrativo interno en el Hospital Neonatal y la investigación judicial se conoció el 11 de agosto a partir de denuncias concretas por la muerte de cinco bebés nacidos sanos entre marzo y junio pasados.
De acuerdo a los datos oficiales, los fallecimientos ocurrieron el 18 de marzo, el 23 de abril, el 23 de mayo y otros dos el 6 de junio de este año.
Los resultados preliminares de la autopsia de dos bebés nacidos el 6 de junio último concluyeron en que los decesos ocurrieron por cuadro de “hiperpotasemia” que fue causado por “exceso de potasio inyectado de manera intencional”, ya que se descartaron otras patologías, error y mala praxis en las muertes.
Cabe recordar, que la Justicia investiga otros 13 decesos ocurridos en 2022.
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