El abogado que representa a la familia de Blas Correas, el adolescente de 17 años asesinado en un control de tránsito por policías en agosto del 2020 en la ciudad de Córdoba, afirmó este jueves que “hubo una maniobra deliberada desde el primer momento para encubrir” el hecho.
Se trata del abogado querellante, Alejandro Pérez Moreno, quien manifestó a Télam que “las pruebas son irrefutables. Se está confirmando cada una de las acusaciones” que pesan sobre los 13 policías que están siendo enjuiciados, y que están surgiendo “pruebas nuevas” para otro proceso de investigación.
Para el letrado, con las pruebas testimoniales, documentales, los audios y videos, sumado a las comunicaciones por radiofrecuencia policial, el arma plantada, la reconstrucción digital de cómo ocurrieron los hechos y la demora en notificar en la justicia, “está acreditado que se tomaron el tiempo necesario para tratar de armar la maniobra para desviar la investigación”.
En ese sentido Pérez Moreno sostuvo que “con el arma plantada pretendieron montar una coartada para justificar los disparos inculpando a los chicos con el argumento que estaban armados”, dijo el letrado.
También reprochó el “trato deshumanizante” de los policías que “no hicieron absolutamente nada para que Blas reciba atención médica cuando todavía respiraba” en el interior del vehículo, cuando fue interceptado en Chacabuco y Corrientes.
“No solo que no hicieron nada por salvarle la vida, sino que ejercieron un destrato total con la familia de Blas” y de los restantes ocupantes del automóvil que “buscaban respuestas desesperadamente de lo que había ocurrido”, cuestionó el abogado querellante de la familia Laciar Correas.
Por ese accionar los familiares de la víctima hicieron una presentación ante el Tribunal de Conducta Policial para que se abra una investigación administrativa interna sobre la conducta de al menos una decena de esos efectivos que, según se conoció hoy, algunos ya fueron puestos en situación pasiva (licencia y sin funciones hasta el final del sumario).
Mientras tanto, este jueves se realizó la 17a.audiencia del juicio con testimonios de cuatro policías que participaron en distintos tramos de los procedimientos realizados y que concluyeron con el asesinato de Blas.
En ese contexto declararon, ante los miembros del tribunal técnico de la Cámara 8va. del Crimen y del jurado popular, los comisarios Fausto Rodríguez Banegas, Diego Márquez Gómez; y el subcomisario Jorge Rivas.
Con estos testimonios se trata de establecer los deberes funcionales y eventuales responsabilidades punibles, por acción y omisión, cuando ocurrieron las circunstancias que son objetos de este juicio.
Luego de estos testigos se pasó a cuarto intermedio hasta el 11 de noviembre a las 9 para seguir con la recepción de pruebas testimoniales y materiales.
En este proceso se debate el hecho ocurrido la madrugada del 6 de agosto del 2020, cuando los adolescentes circulaban por el barrio Colinas, en el sur de la capital cordobesa, evadieron un control policial porque el conductor se asustó al ver que uno de los policías había desenfundado un arma.
Dos efectivos dispararon contra el rodado y uno de los proyectiles impactó en la espalda de Blas, quien murió.
Por el homicidio se encuentran acusados el cabo 1° Lucas Damián Gómez (37) que, según la fiscalía, efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria, y el cabo 1° Javier Catriel Alarcón (33), quien disparó en dos oportunidades.
Ambos afrontan cargos como “coautores de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos- y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos”.
En tanto, los restantes acusados, todos policías, son Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguillo, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica.
Los cargos que enfrentan son de “falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y omisión de deberes de funcionario público”, ya que se les imputa, entre otras cosas, haber “plantado” un arma para simular un enfrentamiento con los chicos.
> Con información de TÉLAM.
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