La fiscal federal de La Plata Ana Russo amplió este lunes la imputación a todos los participantes de la reunión del 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, en la que se promovió el armado de causas judiciales contra dirigentes gremiales, en el expediente conocido como “mesa judicial bonaerense”, informaron fuentes judiciales.
A fines de diciembre Russo ya había imputado a Marcelo Villegas, ex ministro de Trabajo de la gestión bonaerense de María Eugenia Vidal, e impulsó una investigación de los hechos denunciados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a partir del hallazgo de un video en el que puede verse a ése y otros ex funcionarios macristas reunidos con empresarios y espías con el supuesto objetivo de promover una persecución judicial a sindicalistas.
De aquella reunión participaron, además de Villegas, Adrián Grassi (exsubsecretario de Justicia de la Provincia de Buenos Aires), Roberto Gigante (ex ministro de Infraestructura bonaerense), el senador provincial, Juan Pablo Allan, el intendente de La Plata, Julio Garro, y cinco empresarios, según surge del texto de la denuncia.
También estuvieron Diego Dalmau Pereyra, ex jefe de Contrainteligencia de la AFI; Darío Biorci, cuñado y ex jefe de Gabinete de Silvia Majdalani, y Sebastián De Stéfano, ex jefe del área de jurídicos de la central de espías.
La representante del Ministerio Público Fiscal presentó el requerimiento de instrucción ante el juez federal de la Plata Ernesto Kreplak.
Al dar impulso a la causa, la fiscal Russo pidió una serie de medidas de prueba y al referirse a los hechos, que aún no calificó, citó la Ley Nacional de Inteligencia, por lo que fuentes judiciales observaron que la investigación podría estar dirigida a determinar si esa norma fue quebrantada, entre otros posibles delitos.
La denuncia que dio origen a esta investigación fue presentada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien a través de un escrito de tres páginas describió el hallazgo de los videos en los que “podrá observarse la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de personas vinculadas a la práctica sindical, centralizada en la actividad de la construcción desarrollada en la Ciudad de La Plata”.
La Justicia deberá determinar qué hacía ese video en manos de la AFI, comandada, entonces, por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y si lo que allí quedó registrado es efectivamente la planificación de una estrategia para perseguir a dirigentes a los que el gobierno de Vidal consideraba adversarios políticos o enemigos.
> TÉLAM.
—
