Martín Gil, Juan Schiaretti y Martín Llaryora ayer en Villa María, durante la conmemoración del 20 de junio. Foto: Prensa Gobierno de Córdoba.
“En primer lugar, desconocía el documento y no fui consultado para nada”, señaló en la fría mañana de ayer a Cadena 3, desde Villa María, donde presidió la celebración del aniversario de la creación de la bandera argentina. “Quiero reiterar lo que manifesté en su oportunidad, que esta fue una huelga salvaje, que tuvo en vilo a más de 1.300.000 cordobeses. (…) Quienes deben decidir en el marco de la legislación vigente, si hay o no reincorporaciones son los empresarios y los trabajadores representados en UTA nacional y el Gobierno provincial no tiene por qué emitir opinión al respecto”, aseguró el gobernador Schiaretti.
A su vez, la UCR criticó con dureza la posición del justicialismo local.
El Partido Justicialista de Córdoba emitió el lunes un comunicado en el que plantea que el intendente Ramón Mestre y las empresas de transporte retomen el diálogo con los choferes para rever los despidos de los 161 choferes de ómnibus que fueron despedidos durante el conflicto salarial.
Hoy podría haber asambleas en algunas de las empresas para reclamar la reincorporación de los despedidos en el conflicto de transporte urbano.
El comunicado se titula “Volvamos al dialogo, a la legalidad y preservemos la paz social”. Señala que “(…) Tras el largo conflicto del transporte en la ciudad de Córdoba, que dejó graves secuelas en distintos sectores de nuestra ciudad y que puso en riesgo la paz social; los Legisladores y Concejales de Unión por Córdoba de Capital, la Juventud Peronista y Dirigentes del PJ de la Capital, expresamos nuestra preocupación por la resolución que tuvo por parte de los empresarios y del municipio, que concluyó con el despido masivo de trabajadores y trabajadoras del servicio público del transporte”.
Agrega que “en el marco de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia, es inminente retomar el diálogo, para recuperar las fuentes laborales afectadas por una disposición que dejó sin derecho de defensa a los trabajadores despedidos y que sólo sirvió para que las empresas pudieran deshacerse de las mujeres y de los empleados con mayor antigüedad; buscando sacar un rédito económico, sin tener en cuenta las consecuencias que pueden afectar a nivel personal y familiar”.
Por último, afirma que “un conflicto no se cierra con revanchismos. Es hora de aplacar los ánimos y aminorar los efectos negativos de un proceso que afectó al conjunto de la sociedad. Para cerrar estas heridas, es necesario incluir al conjunto de trabajadores que hoy viven con angustia la pérdida de su fuente laboral”.
EL REPUDIO RADICAL
El comité capital de la UCR de la ciudad de Córdoba respondió a la posición expresa por el PJ capital, en un debate cruzado, marcado por las elecciones legislativas. Dicen los radicales que “(…) después del calvario al que fueron sometidos miles y miles de cordobeses por el paro de transporte realizado de manera ilegal por trabajadores que desconocieron el llamado a la reflexión de su máxima autoridad, el PJ Capital manifiesta: “Para cerrar estas heridas, es necesario incluir al conjunto de trabajadores que hoy viven con angustia la pérdida de su fuente laboral””.
Apuntan que “además, insinúa, en una inescrupulosa muestra de dobles estándares, que el despido de quienes obraron de manera ilegal, obedece a razones de revanchismo y rédito empresario. Dobles estándares que los contradice, ya que apoyaron sin retaceos la flamante ley que declara al transporte como un servicio esencial”.
Finalmente aseguran que “desde el Comité Capital de la UCR apoyamos con total énfasis la decisión del Gobierno Municipal de la Ciudad de Córdoba de no reincorporar a los trabajadores que fueron despedidos por obrar fuera de la ley. Llamamos a la reflexión a quienes emitieron el agraviante comunicado, ya que en un sistema justo, quienes rompen la ley deben tener una consecuencia. El comunicado no aporta a la madurez cívica e incita deliberadamente a la repetición de tristes sucesos, en un momento en que los cordobeses acaban de obtener, después de mucho tiempo, una victoria sobre las mafias sindicales, que retrocedieron ante la autoridad y el imperio de la ley”.
DOS VECES
Primero fue el ministro de Trabajo de la provincia, Omar Sereno, quien intentó cerrar el conflicto sin despidos. Ahora es el PJ Capital que pide la reincorporación de los choferes. Es indudable que dentro del peronismo, los sectores cercanos a los sindicatos y al sector transporte, empujan en dirección a solucionar el conflicto con reducción de traumas. Es llamativa la situación, ya que el gobernador la cuestiona en público, pero deja que los hechos sucedan por debajo.
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