Los concejales Juan Pablo Quinteros (Encuentro Vecinal) y Ricardo Aizpeolea y Armando Fernández (Córdoba Cambia), presentaron un proyecto de ordenanza pidiendo al gobierno municipal la renegociación del contrato con la empresa Aguas Cordobesas.
Cabe recordar que recientemente, la concesión fue traspasada del Estado provincial al municipal. En ese sentido, Quinteros aseguró que “el contrato fue un claro negociado entre el Gobierno de la Provincia y el Grupo Roggio y ha llegado la hora de ponerle fin”.
Dice la iniciativa que “en base a la imperiosa necesidad de modernizar el régimen tarifario y establecer una correcta mediación entre el prestador y los usuarios, se debe renegociar el contrato de concesión con la empresa Aguas Cordobesas S.A y sus cláusulas y convenios anexos”.
Afirma que “resulta necesario establecer modificaciones al Contrato de Concesión, las cuales no resultan caprichosas, sino que son necesarias en virtud del deficiente y oneroso servicio que presta la concesionaria. Es evidente que se deben efectuar cambios al régimen tarifario, adecuaciones al régimen económico de la concesión y a las inversiones previstas en el Contrato de Concesión, incluyendo las adaptaciones necesarias en las metas y objetivos del Concesionario”.
En concejal Quinteros señaló que “el contrato vigente sólo genera beneficios para la empresa prestataria del servicio y un prejuicio considerable y continuado para los usuarios del mismo. Aguas Cordobesas -empresa del Grupo Roggio- debe ser llamada a renegociar el contrato que oportunamente fuera refrendado por ley provincial. El traspaso a la órbita municipal de la Concesión deja abierta esta puerta que debe ser aprovechada por el municipio”.
Por último, indica que “es impensado que la Municipalidad de Córdoba recepte este contrato de la forma en la que fue suscripto en 2006. Toda la doctrina en materia de de concesión de servicios públicos de larga duración, recepta el principio de “clausulas evolutivas” o “mutabilidad y renegociación permanente” toda vez que surge evidente los cambios constantes de escenarios económicos, tecnológicos, financieros y sociales, y ello nunca debe causar un perjuicio para los usuarios. El contrato fue un claro negociado entre el Gobierno de la Provincia y el Grupo Roggio y ha llegado la hora de ponerle fin”.
