El bloque kirchnerista de la Legislatura provincial, en el marco del incremento de tarifas que se viene registrando en los servicios públicos, presentó un proyecto de Ley, “con el objetivo de contribuir a una nueva política energética, que tenga en cuenta las necesidades y la grave situación económica que atraviesa gran parte de la población provincial”.
Plantea que “las empresas o entes prestatarios del servicio eléctrico, en caso de mora o de incumplimiento del pago de la tarifa mensual, y previo a disponer del corte del servicio y por un lapso de 180 días, garanticen a los usuarios el mantenimiento del suministro mínimo de energía eléctrica, suficiente para mantener en funcionamiento los artefactos electrodomésticos indispensables para la subsistencia de los habitantes del inmueble”.
“La energía eléctrica no es sólo un recurso estratégico para el desarrollo productivo y el progreso económico de una sociedad, sino que constituye un bien colectivo que hace a la dignidad de cada ciudadano en acuerdo con la declaración de los Derechos Humanos, a los que nuestra Constitución Nacional y la Constitución de Córdoba adhieren plenamente”, dicen los fundamentos del proyecto de ley.
“Proponemos una nueva política energética que tiende básicamente a sustituir la práctica de corte y retiro del medidor del servicios eléctrico, ante la falta de pago, procediendo a colocar un limitador de carga que garantizará un mínimo de energía a costos solidarios, hasta tanto el usuario pueda regularizar su situación ante la prestataria”, indica la iniciativa.
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