El legislador provincial, Rodrigo Agrelo (Encuentro Vecinal), presentó ante el Superior Tribunal de Justicia (TSJ) un recurso de inconstitucionalidad en contra de la suba del Impuesto Inmobiliario Urbano. Para ello, se presentó como contribuyente, a partir del incremento que registró un departamento familiar ubicado en Córdoba Capital.
Agrelo, en declaraciones a ENREDACCIÓN, dijo que “a raíz del impuestazo sucedido en Córdoba con el Inmobiliario Urbano, he presentado una demanda ante el TSJ exigiendo que se declare inconstitucional la ley que eliminó los topes de aumentos, que es la que ha permitido estos incrementos desmesurados que está sufriendo la ciudadanía”.
Señaló además que “a partir de la declaración de inconstitucionalidad por este caso concreto, otros ciudadanos podrán utilizar el precedente para hacer sus propios planteos y lograr así que se les devuelva aquello que hubieran pagado de más”.
“Esta es una acción que se inicia individualmente, pero que seguramente, de salir bien, va a tener valor jurídico para otros casos de miles de ciudadanos que están sufriendo estos aumentos desafortunados por parte del gobierno provincial”, concluyó.
Puntualmente, Agrelo interpuso una acción declarativa de certeza sobre el texto del Código Tributario y la Ley Impositiva 11.016. También demandó al TSJ que dicte una medida cautelar para que la Provincia se abstenga de “iniciar el reclamo del cobro del tributo indebidamente liquidado, hasta tanto recaiga sentencia firme” y solicitó que ante una hipotética medida de no innovar “se mantenga el beneficio del contribuyente cumplidor”.
El legislador resaltó que el incremento del impuesto inmobiliario sobre el departamento familiar ubicado en Nueva Córdoba fue de 300 por ciento al comparar la última cuota de 2024 con la primera de 2025: pasó de 42.986 pesos a 169.218. También indica que la propiedad no sufrió mejoras en el transcurso.
La clave del planteo se encuentra en la discrecionalidad que surge de la delegación que la Legislatura realizó en favor de la Secretaría de Ingresos Públicos de la Provincia para “establecer el coeficiente de equidad inmobiliario con el objetivo de equilibrar la carga tributaria”. En este sentido, cabe recordar que el establecimiento de tributos en una facultad legislativa.
Por último, asegura que la nueva normativa habilita a establecer el coeficiente “en forma arbitraria” a los funcionarios del Poder Ejecutivo y que se “violenta el principio de igualdad”.
Rodrigo Agrelo, legislador provincial de Encuentro Vecinal (EV). (Foto: Prensa Legislatura / Archivo).
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