La diputada nacional, Blanca Osuna (Unión por la Patria, Entre Ríos) afirmó que “desde el inicio de este gobierno provincial y en sintonía con sus aliados del gobierno nacional, docentes y educación pública han sido blanco de ataques sistemáticos” y señala que “hoy más que nunca, es necesaria una respuesta contundente e inmediata. Los docentes de Entre Ríos no merecen más atropellos, persecuciones ni una educación expuesta a las consecuencias del modelo agropecuario que prioriza los intereses de unos pocos sobre la salud y el bienestar de la comunidad”.
En declaraciones dadas a conocer a través de un informe de prensa, Osuna expresa que “en Entre Ríos, las persecuciones ante reclamos, los pagos mal efectuados y los descuentos exorbitantes e injustificados son claros ejemplos de un plan para castigar a quienes sostienen nuestras escuelas”.
Agrega que “la rapiña injustificada sobre los salarios (docentes) de noviembre además constituye una agresión directa a ingresos de por sí insuficientes que afectan gravemente a su condición de profesional y trabajador y desde luego a sus familias. Es urgente la resolución inmediata de este problema que se suma a despojo en programas, parálisis de la obra pública educativa, lo reiterativo de malas liquidaciones del salario, la inseguridad a la que están expuestas escuelas rurales y de barrios humildes, y sus estudiantes y docentes”.
Señala también la legislador entrerriana que “a todo eso se agrega el impulso de Frigerio al proyecto de malas prácticas con descontrol en el uso de agrotóxicos, que afecta la salud de los estudiantes y docentes. Este otro daño estructural que promueve el proyecto de ley que cuenta con media sanción desencadena el proyecto de Frigerio, expone a las escuelas rurales”.
Dice además que “son sus docentes y estudiantes las víctimas que quieren ser acalladas violentamente por el gobernador que da la espalda al cuidado del que es responsable. Los expone a fumigaciones sin control, a lo cual suma a toda la comunidad educativa a quedar a expensas de productos tóxicos y peligrosos para la salud. No hay en el articulado de la ley ni una referencia específica que dé cuenta del cuidado de la salud, solo ambigüedad que busca privilegiar el negocio de los laboratorios que los producen y sus socios”.
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