El bloque del Frente Cívico en la Legislatura provincial pidió la comparecencia del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, para que informe sobre la “indemnización otorgada a Susana Beatriz Montoya, viuda de Ricardo Fermín Albareda y a Fernando Albareda”. Cabe recordar que Montoya y Albareda iban a recibir una indemnización de 76 millones de pesos por el cambio de grado de Ricardo Fermín Albareda, secuestrado, torturado y desaparecido por la dictadura militar en septiembre de 1979. Cuando fue secuestrado, Albareda era subcomisario y este año, el gobierno provincial, le reconoció el grado de comisario.
El comunicado de prensa de los legisladores juecistas, señala que la iniciativa solicita una serie de precisiones, entre ellas el “monto y beneficiarios de la Indemnización correspondiente; detalle el procedimiento legal y administrativo aplicado para determinar la procedencia de la indemnización y su cuantía; e informe sobre los fundamentos fácticos y normativos que sustentan el dictado de la Resolución que ordena el otorgamiento de la indemnización”.
Argumenta el proyecto que “desde el inicio de la Gestión del gobernador Martín Llaryora, venimos exponiendo que (…) la Provincia de Córdoba, no tiene plan, no tiene programa, ni tiene funcionarios acordes a las altas exigencias y responsabilidades que imponen gobernar”.
Recuerda que “venimos denunciando desde la compra de automóviles para la Guardia Urbana, compra de carne, entre otros actos cuestionables u acciones de gobierno, todos con sobreprecios”.
Señala que “(se trata de un) acto de gobierno de suma gravedad institucional, como lo es el caso “Montoya” y su millonaria indemnización ordenada por la provincia de Córdoba, a través de la firma de su ministro de Seguridad”.
Afirma que “a esta altura, cabe más preguntarse ¿De dónde surge esta indemnización?, ¿En qué se basa?, ¿por qué ese monto? Demasiados interrogantes, que no encuentran respuestas en apego a ley. Es por ello, que pone en evidencia la absoluta discrecionalidad del Poder Ejecutivo en clara evidencia de un abuso de poder. Una vez más, nos sorprende el universo de dudas en materia de transparencia y legalidad en el manejo de los recursos del Estado Provincial”.
Por último, esta semana, el ministro Quinteros, en declaraciones Cadena3 expresó que “acá hay que aclarar una cosa muy simple, son $76 millones a la viuda y al hijo, que fueron quienes fueron los solicitantes del subsidio en el expediente. La ley generó, por supuesto, que se pudieran peticionar derechos como el Estado Policial que presentó el hijo de Ricardo Fermín Albareda”, expresó Quinteros. También aseguró que “se hizo todo lo que corresponde, todo lo que corresponde por ley”.
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