La realidad suele tener la fuerza demoledora de una tormenta tropical. Este martes 23 de abril, que en la lógica comunicacional del Siglo XXI podría ser abreviado con la denominación del #23A, ha puesto en escena un eje político y económico transversal que choca con el modelo libertario. La experiencia histórica de Argentina y de los argentinos, respecto de que la educación y la universidad pública representan un ascensor de movilidad social, ha movilizado a miles en todo el país y ha esterilizado todos los intentos discursivos y las herramientas de comunicación digital del gobierno nacional. Aquí, como en tantos otros momentos de la historia, ha quedado demostrado que las herramientas -medios, redes sociales, comunicación profesional, etc.- hacen agua frente a la potencia de un bien o valor conquistado por la sociedad o la mayor parte de ella, que sea justo y universal. Aún sin la existencia de una referencia política que lo motorice, como ocurrió en esta oportunidad.
En la marcha hubo estudiantes, profesionales, trabajadores, desocupados, jubilados; personas solas y familias; niños, jóvenes y adultos mayores. El valor sustantivo y determinante de la educación y sus herramientas, la escuela y la universidad, amalgamaron una respuesta amplia, contundente y multipartidaria a un gobierno enceguecido con la lógica del déficit fiscal cero y el amor por la motosierra y la licuadora.
Como sucedió en 1995 o con el plan de ajuste de Ricardo López Murphy antes de que detonara la Convertibilidad en 2001, la educación y la universidad se convirtieron en una especie de barrera contra el avance de las políticas neoliberales.
Este conflicto parece haber ganado volumen a partir de la incapacidad política de los CEOs del gobierno nacional, que ven en todas las dependencias del Estado un enemigo a enterrar o un antro de delincuentes. La decisión de congelar a valores de 2023 el presupuesto universitario y de ciencia y tecnología es el que alimentó esta protesta. El economista Hernán Letcher señaló el lunes que el ajuste en las universidades representaba el 2,3% del total del ajuste del gasto público realizado por el gobierno. Una nimiedad para semejante confrontación.
Según datos dados a conocer por el CEPA (Centro de Economía Política Argentina), la contracción del presupuesto universitario en marzo de 2024 respecto a marzo de 2023 fue de un 61%. De 3,58 billones de pesos a 1,38 billones de pesos. A su vez, en el primer bimestre del año, las transferencias a las universidades nacionales se ubicaron 23% por debajo del promedio del primer bimestre de los últimos seis años. Se trata de un ajuste brutal, que pone en riesgo todo. Puestos contra la pared, los dirigentes universitarios tuvieron que salir a luchar por la sobrevivencia del sistema y para ello, lograron la rápida adhesión de gran parte de la sociedad. La diferencia con otras causas, es el sentido y valor que tienen la educación y las universidades en el imaginario popular y social, sin importar el origen. Por eso, las marchas fueron multitudinarias en todo el país.
La nota mas linda que hice en la marcha universitaria de Córdoba: con el líder de la columna de carreros y cartoneros cooperativa "La Esperanza". Ellos conocen bien el valor de la educación porque la anhelan para sus hijos y nietos. Hoy pidieron por la universidad pública pic.twitter.com/SBSlGHUuJB
— JuanManuel Fernandez (@JMFernandezTV) April 23, 2024
Otro economista, Daniel Schteingart, apuntaba con acierto que “en 1970, Argentina tenía apenas 275.000 estudiantes en el nivel terciario (universidades y afines). Era apenas el 1,2% de la población. Hoy esa cifra es de 3,7 millones. Es el 8,1% de la población, máximo histórico”. Allí parece encontrarse una respuesta a la magnitud que alcanzó la protesta y a cómo desarticuló la iniciativa del relato del oficialismo.
Pero los datos del CEPA contienen más sustancia para comprender lo que está sucediendo: El presupuesto devengado en educación sobre el total de gastos representa el menor porcentaje de la década: 3,6%. En 2023 fue de 5,4%, el más elevado del período analizado. Aquí entran en juego todos los recortes, tanto a la Universidad como en el resto de los niveles (secundario, primario, inicial), incluyendo FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente) y programas sociales y educativos -lectura, entrega de computadoras, etc.-.
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Semejante ajuste sobre el sistema educativo repercute en el funcionamiento de la educación en todos sus niveles y pone en riesgo la posibilidad de ascenso social ahora y hacia adelante. Ese arraigado deseo social entra en colisión con la base del discurso neoliberal de reducir el Estado y sus funciones y el planteo del presidente libertario, un anarcocapitalista, que considera al Estado un “delincuente” al que hay que destruir. Obviamente, se trata de una ideología en consonancia con el poder global de las corporaciones, que sin regulaciones harían a su antojo y según sus intereses, en cualquier lugar en el que pudieran operar de este modo.
La protesta de este 23 de abril, por su dimensión y transversalidad, es la primera que ha puesto en contradicción al discurso neoliberal y la construcción simbólica del gobierno de ultraderecha que llegó al poder el 10 de diciembre de 2023. ¿Si la universidad pública funciona, por qué se la quiere destruir? ¿Si la educación iguala, da futuro y permite el ascenso social, por qué el gobierno la deja sin presupuesto? ¿Si el ejercicio de la libertad surge de disponer de medios simbólicos, educativos, culturales y económicos, por qué el gobierno trata de reducir a su mínima expresión a las casas de altos estudios, vehículos de esta posibilidad de ascenso? ¿Si el merito individual es finalizar una carrera universitaria, por qué se las empuja al abismo presupuestario? Son preguntas con respuestas básicas, que ponen en crisis el discurso “Yo Tarzán, tu Jane” que manejan Milei y su tropa de trolls. Después de este #23A es evidente que ya no es sólo la libertad, la vida y la propiedad. Los universitarios y sus familias más buena parte de la sociedad argentina, expresan en las calles, que también es necesario el ejercicio y vigencia del derecho a la educación. Por lo tanto, también tiene que haber recursos para ese derecho. Ahora, se abre una etapa, en la que el que está contra las cuerdas es el modelo de un Estado mínimo.
Sin respuestas que vayan en esa dirección, es probable que el presidente incremente las razones que alimentan su endeblez política, fruto de un escenario económico convulsionado y critico.
También se manifiesta esta cuestión como un tema que permite reorganizarse a la oposición política, sobre todo al bloque de centroizquierda y a los sectores políticos que dentro del bloque de centroderecha participan de estas causas. Parte del futuro político y económico se empieza a escribir sobre una nueva página que, por ahora, se encuentra en blanco. Incidirán las decisiones que tome el gobierno en lo inmediato y el corto plazo, más los sucesos del contexto -inflación, actividad económica, etc.-, y la capacidad de construcción de un discurso que contenga estas reivindicaciones por parte de la oposición y las organizaciones sectoriales que se encuentran identificadas con el paradigma de la educación y la universidad pública, laica, gratuita y universal; y con un sistema científico independiente.
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