La Policía detuvo este miércoles al subdirector de operaciones de la cárcel de Bouwer de Córdoba, Sergio Alejandro Guzmán. Está acusado de integrar una asociación ilícita. Al parecer, la banda que integraba el oficial penitenciario ofrecía “mejoras en la calidad de vida” de detenidos a cambio de dinero. Fuentes judiciales indicaron que también fueron apresadas otras dos personas -el abogado Alfredo Ciocca y Ramón Salas- y no se descartan nuevas detenciones.
La medida fue ordenada por el fiscal de delitos complejos de Córdoba, Enrique Gavier. La información apunta que Guzmán fue alojado en la Unidad de Contención de Aprehendido (UCA).
Según la investigación judicial, que data de algún tiempo, la aprehensión se produjo a partir de ofrecimientos que la banda le hacia a internos del penal para “mejorar la calidad de vida” a cambio de dinero.
Guzmán trabajaba hasta el momento como subdirector principal de operaciones del penal. La detención se produjo en su domicilio particular, pero también fue allanada su oficina en Bouwer.
También fue detenido un abogado penalista. Alfredo Ciocca, y un hombre de apellido Salas, todos aparentemente involucrados en las operaciones.
Según informaron fuentes de la investigación, se cree que la banda de la que participaba Guzmán ofrecía falsificar informes relacionados con la conducta y la evolución en el tratamiento penitenciario de los detenidos. Ahora se intenta conocer lo alcances de esta maniobra, ya que los beneficios pueden incluir desde “acelerar” el camino hacía la libertad condicional como mejores ubicaciones en pabellones o el ingreso de “visitas privadas”. También se trata de establecer si permitían el ingreso de celulares.
Más allá de la detención de Guzmán, una fuente oficial consultada por este medio dijo que, dentro de Bouwer, funcionaba un grupo que facilitaba estos hechos. Explicó que Guzmán era jefe en el área de seguridad y para algunos de los beneficios que recibían los detenidos, se requiere de la participación de otras áreas del SPC. Detalló que, por ejemplo, para recibir “visitas privadas” deben intervenir y autorizar otras jefaturas.
La cartera de Justicia señaló a través de un comunicado que “se llevó a cabo el allanamiento de la oficina de dicha autoridad dentro del mencionado complejo carcelario” y agregó que “el propio Servicio Penitenciario realizó la presentación que dio lugar a las actuaciones llevadas a cabo por la fiscalía Interviniente”.
“Cumpliendo con el procedimiento de rutina, se dio inmediatamente intervención al Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad, y a las instancias correspondientes”, concluyó.
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